El reciente aumento de la tasa aplicable a determinadas transferencias financieras, que pasó del 0.015 % al 0.020 %, representa un nuevo costo para miles de empresas, comerciantes y ciudadanos que utilizan el sistema financiero para desarrollar sus actividades. Más allá del debate sobre la necesidad recaudatoria del Estado, la realidad es que cada incremento termina impactando el costo de hacer negocios y de mover dinero dentro de la economía formal.
A ese nuevo gravamen se suma otro costo que muchas veces pasa desapercibido: las comisiones que cobran las entidades financieras por las transferencias realizadas a través del sistema LBTR (Liquidación Bruta en Tiempo Real). Aunque cada cargo pueda parecer reducido de forma individual, su efecto acumulado es significativo para empresas que realizan múltiples operaciones diariamente y para ciudadanos que necesitan movilizar recursos con rapidez y seguridad.
Ante esta realidad, vale la pena abrir una discusión diferente. En lugar de centrar el debate exclusivamente en las decisiones del Gobierno, ¿por qué no preguntarnos si la banca dominicana puede convertirse en parte de la solución? Renunciar al cobro de las comisiones por las transferencias LBTR sería una forma concreta de compensar parcialmente el mayor costo tributario que ahora deberán asumir sus clientes.
La banca dominicana ha demostrado durante años una sólida capacidad de crecimiento, altos niveles de rentabilidad y una acelerada transformación digital. Ese fortalecimiento ha sido posible gracias a la confianza de millones de clientes que utilizan diariamente sus servicios. Precisamente por ello, este parece ser un momento oportuno para que esa fortaleza también se traduzca en un gesto tangible de respaldo hacia quienes sostienen el sistema financiero.
Una decisión voluntaria de eliminar o reducir las comisiones LBTR produciría beneficios que van mucho más allá del ahorro inmediato para los usuarios. Incentivaría la bancarización, fortalecería la formalidad económica, promovería el uso de medios electrónicos de pago y enviaría un poderoso mensaje de corresponsabilidad en un contexto donde todos los sectores están llamados a aportar al desarrollo nacional.
No se trata de trasladar a los bancos una responsabilidad que corresponde al Estado ni de cuestionar la política fiscal del Gobierno. Se trata de reconocer que las grandes instituciones también pueden liderar soluciones cuando las circunstancias lo demandan. La responsabilidad social empresarial no se mide únicamente por programas comunitarios; también se refleja en decisiones comerciales que alivian la carga de sus clientes cuando más lo necesitan.
Quizás el mayor aporte que hoy puede hacer la banca dominicana no sea inaugurar una nueva sucursal ni lanzar otro producto financiero, sino demostrar que comprende el momento que vive el país. En ocasiones, renunciar a una comisión representa mucho más que una reducción de ingresos: constituye una inversión en confianza, en reputación y en una relación de largo plazo con quienes hacen posible la existencia del sistema financiero.
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