La administración del botín

“El orden internacional se mantiene no solo por el poder, sino por la creencia en reglas comunes” — Hedley Bull.

La afirmación de que un tercer Estado puede administrar o condicionar los recursos estratégicos de una nación soberana después de capturar a su presidente y a su esposa no es una cuestión técnica sobre flujos financieros. Es una disputa de fondo sobre soberanía, legitimidad y el tipo de orden internacional que, ya sin lugar a duda, se pretende normalizar. En los últimos días, declaraciones del gobierno de Estados Unidos describieron con inusual franqueza un esquema en el que Washington no solo se reserva capacidad de decisión sobre la comercialización del crudo venezolano, sino también sobre el destino inicial de los ingresos derivados de esa actividad, incluso por tiempo indefinido.

El presidente Donald Trump sostuvo que Venezuela se compromete a hacer negocios con Estados Unidos como su socio principal y que, con el dinero obtenido del nuevo acuerdo petrolero, compraría únicamente productos fabricados en EE.UU. Añadió que el país sudamericano entregaría entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo —hasta dos meses de producción— y que él mismo controlaría las ganancias de esas ventas. En la misma línea, el vicepresidente J. D. Vance afirmó que Venezuela solo podrá vender su petróleo si ello sirve a los intereses nacionales estadounidenses, dado que Washington controla tanto los recursos energéticos como los canales financieros. En otras palabras, la capacidad de comerciar de una nación soberana quedaría subordinada a una autorización de política externa.

Esa lógica fue explicitada con mayor claridad por el secretario de Energía, Chris Wright, quien afirmó que Estados Unidos pretende mantener un control significativo sobre la industria petrolera venezolana y supervisar la venta de su producción “indefinidamente”. En una conferencia sobre energía organizada por Goldman Sachs, Wright señaló que en el futuro Washington venderá la producción que salga de Venezuela en el mercado y que ese control es necesario para impulsar los cambios que deben ocurrir en el país. Aunque sostuvo que el dinero puede volver a Venezuela para beneficiar a su población, la formulación revela una concepción en la que el derecho a disponer de los recursos queda condicionado a la aprobación de un administrador externo.

Estas declaraciones suponen un giro abrupto respecto de la política estadounidense hacia Venezuela desde 2019, cuando Washington impuso sanciones severas que limitaron drásticamente la producción y las exportaciones de crudo, incluida la estatal PDVSA. Más recientemente, Estados Unidos aplicó un bloqueo parcial que impide a numerosos buques petroleros zarpar con crudo venezolano, obligando al país a mantener petróleo almacenado en tanques y embarcaciones frente a sus costas, con un alto costo económico. En ese contexto, la promesa de alivio parcial aparece inseparable del control directo sobre ventas, precios e ingresos.

Paralelamente, PDVSA informó que cursa negociaciones para vender “volúmenes” de crudo a Estados Unidos en lo que define como una transacción estrictamente comercial, basada en criterios de legalidad y beneficio mutuo. Esa coexistencia de narrativas —una de tutela explícita y otra de normalidad contractual— no disipa la cuestión central: ¿qué validez legal y legitimidad moral puede tener la administración de recursos nacionales cuando el contexto es abiertamente coercitivo y el liderazgo electo, más allá de los cuestionamientos que puedan formularse, fue removido por la fuerza?

Desde el punto de vista jurídico, el marco es claro. La Carta de las Naciones Unidas prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial y la independencia política de los Estados, y el principio de soberanía permanente sobre los recursos naturales constituye un pilar del derecho internacional contemporáneo. En este contexto, el secretario general de la ONU, António Guterres —habitualmente prudente hasta el silencio ante acontecimientos que exigirían mayor amplificación global— subrayó que el petróleo venezolano pertenece a su pueblo y advirtió que la agresión contra el país sienta un precedente peligroso para las relaciones internacionales.

Incluso sin entrar en el debate sobre la legalidad de la operación militar, el paso siguiente —gestionar ingresos petroleros y condicionar la capacidad de vender a terceros— supone una intromisión directa en funciones soberanas esenciales.

En derecho internacional, la administración externa de recursos solo se justifica en supuestos excepcionales, como son, un mandato multilateral explícito, un acuerdo libremente consentido por autoridades legítimas o, en situaciones extremas, las reglas aplicables a escenarios de ocupación, que imponen límites estrictos y prohíben cualquier forma de apropiación.

El nudo crítico aquí es el consentimiento. Cuando los propios funcionarios estadounidenses describen el mecanismo como una forma de presión destinada a forzar alineamientos políticos, la voluntariedad del acuerdo queda seriamente comprometida. Un arreglo celebrado bajo amenaza persistente de sanciones y bajo condiciones unilaterales difícilmente puede considerarse expresión de una voluntad libre.

La dimensión moral tampoco es menor. Washington presenta el control de los ingresos como una garantía de uso adecuado en beneficio del pueblo venezolano, pero al mismo tiempo afirma que la distribución final quedará bajo su discreción y que el comercio resultante tenderá a ser exclusivo con Estados Unidos. Esa arquitectura combina tutela y provecho. Aun aceptando el argumento del bienestar, la legitimidad moral se erosiona cuando el esquema descansa en la coerción, la exclusividad y la subordinación económica.

En definitiva, la cuestión no es si Venezuela necesita reformas, transparencia o reconstrucción institucional. La cuestión es quién decide, en qué condiciones y con qué legitimidad.

Cuando una potencia afirma que controlará indefinidamente los ingresos de otro Estado, definirá a quién puede vender y administrará esos fondos a discreción luego de una acción armada y la captura de su liderazgo, no estamos ante cooperación ni tutela benigna. Estamos ante una redefinición unilateral de la soberanía.

Aceptar ese esquema implica normalizar que el control de los recursos ya no derive del derecho ni del consentimiento, sino de la capacidad de coerción. Es sustituir un orden basado en reglas por uno basado en jerarquías y poder militar, donde la legalidad se ajusta al interés del más fuerte y la moral se reduce a un argumento funcional.