Keiko Fujimori: ¿la cuarta es la vencida?

A lo largo de la turbulenta historia democrática de América Latina, importantes figuras políticas han conquistado la presidencia de sus respectivos países después de haberse presentado sin éxito en múltiples ocasiones. Al respecto, se registran los casos de Salvador Allende, quien, tras cuatro intentos, se convirtió en gobernante chileno con un apretado 36 %; y de Lula da Silva en Brasil, quien, desde 1989, perseveró en su deseo por llegar al Palacio de Planalto, siendo derrotado en 1989, 1994 y 1998, logrando ganar por fin en 2002. A esa lista podría sumarse una persona que parece estar en las antípodas del pensamiento ideológico de Allende y Lula: Keiko Fujimori, quien este domingo 7 de junio disputa la jefatura del Estado peruano por cuarta vez consecutiva.

Desde 2011, la heredera política del controvertido presidente Alberto Fujimori se ha postulado en las sucesivas elecciones presidenciales del país andino, pasando siempre a la segunda vuelta y perdiendo por estrecho margen. Más allá de sus dotes de liderazgo, la vigencia política de la señora Fujimori se sostiene principalmente en el aún importante reconocimiento popular a la gestión que, entre 1990 y 2000, encabezó su difunto padre, con logros que van desde la eliminación de la hiperinflación heredada del primer gobierno de Alan García, pasando por la recuperación del crédito internacional de la nación hasta llegar a la casi aniquilación del terrorismo encabezado por Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

No obstante lo anterior, ser hija de Fujimori viene siendo uno de los principales obstáculos para que Keiko llegue a la Casa de Pizarro (Palacio de Gobierno), pues, independientemente de generar aún grandes simpatías por sus éxitos en materia de seguridad ciudadana y estabilidad económica, Alberto Fujimori también es recordado por muchos por sus tendencias autoritarias y contrarias al Estado de derecho, las cuales derivaron en múltiples condenas por graves violaciones a los derechos humanos. En efecto, sus diez años de gobierno estuvieron marcados por acciones que pusieron en tela de juicio su talante democrático, como la disolución del Congreso Nacional en abril de 1992, las denuncias de fraude electoral en la tensa primera vuelta presidencial del año 2000 y los escándalos de sobornos protagonizados por el entonces jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, Vladimiro Montesinos, situación que terminó provocando que Fujimori abandonara el cargo, enviando su renuncia vía fax desde Japón.

La segunda vuelta de este domingo encuentra a Perú con un para nada envidiable récord de registrar ocho presidentes en los últimos diez años. Esta inestabilidad no solo se debe al rompimiento, desde los tiempos de Fujimori, de la cultura del consenso entre la clase política, indispensable para la gobernabilidad democrática, sino también a la flexibilidad y relajamiento que otorga la Constitución a los criterios para destituir al presidente de la República por parte del Poder Legislativo. En efecto, el texto constitucional peruano prevé como causales de remoción presidencial figuras ambiguas y subjetivas, como la “incapacidad moral”.

Sin embargo, a nuestro modo de ver, la raíz del zigzagueo en la titularidad del Poder Ejecutivo peruano se encuentra en el colapso del sistema de partidos políticos desde 1990, pues en la actualidad el país, más que estructuras u organizaciones partidistas, tiene movimientos personalistas. Ello ha provocado la atomización de los grupos parlamentarios, dificultando la calidad de la comunicación y la coexistencia equilibrada entre el Legislativo y la rama ejecutiva del Estado.

A pesar del convulso ambiente político de la última década, Perú registra una economía saludable, caracterizada por un ritmo de crecimiento sostenido en el tiempo y una inflación inferior al 5 %. Ojalá que, independientemente del resultado de la segunda vuelta, la estabilidad que viene distinguiendo a la economía peruana se pueda también manifestar en el campo político, para lo que se requieren reformas institucionales que fomenten el hábito del diálogo permanente entre los diferentes actores políticos y permitan la existencia de verdaderas agrupaciones políticas que defiendan los pilares de la democracia constitucional.