Justicia restaurativa

Entendemos que es vital que, con el objetivo de garantizar la debida reinserción de infractores cuyo hecho no ha lesionado gravemente el bien jurídico protegido, se pueda recurrir a la figura de la justicia restaurativa que, a diferencia de la retributiva, busca la reparación integral del daño. En este escenario, la víctima, adquiere un papel aún más activo, y se le da participación a la comunidad.

Recurrir a estos medios no solo implica la posibilidad de desahogar los tribunales y las prisiones, sino de fomentar la posible reeducación del infractor, pues de acuerdo con los expertos, los resultados son favorables en términos de reparación del daño y reinserción social.

En este sentido, Varona Martínez (2018), citando el Foro Europeo de Justicia Restaurativa, define la justicia restaurativa como “un enfoque abierto e inclusivo, orientado a reparar, en la medida de lo posible, el daño causado por el delito u otros actos ilícitos, y/o reducir el riesgo de (mayor) daño. Ello se realiza mediante un proceso que involucra a todas las personas afectadas (víctima, infractor y comunidad), llegando a un entendimiento (y acuerdo) sobre la reparación, en que se tienen en cuenta las relaciones entre las personas y las necesidades de justicia (Chapman 2017), generalmente con ayuda de una persona facilitadora.”

La Corte Constitucional de Colombia mediante Sentencia núm. C-979-05, ha referido lo siguiente: “Las múltiples disfunciones que plantea en la actualidad el sistema penal, ha dado lugar a un significativo auge de nuevos enfoques orientados a enfrentar las inequidades que entraña tal situación. Estos enfoques se fundamentan en la introducción de una perspectiva restauradora como paradigma alternativo a través del cual se puedan enfrentar tales disfunciones y sus consecuencias. Aunque su planteamiento aparece asociado a movimientos conceptuales que involucran una crítica al carácter represivo y retributivo del derecho penal, y a la patente ineficacia del sistema, sus fuentes menos inmediatas se encuentran en teorías y procesos de contenidos diversos que transitan por lo religioso, lo cultural y lo ético. La justicia restaurativa se presenta como un modelo alternativo de enfrentamiento de la criminalidad, que sustituye la idea tradicional de retribución o castigo, por una visión que rescata la importancia que tiene para la sociedad la reconstrucción de las relaciones entre víctima y victimario. El centro de gravedad del derecho penal ya no lo constituiría el acto delictivo y el infractor, sino que involucraría una especial consideración a la víctima y al daño que le fue inferido. Conforme a este modelo, la respuesta al fenómeno de la criminalidad, debe  diversificar las finalidades del sistema. Debe estar orientada a la satisfacción de los intereses de las víctimas (reconocer su sufrimiento, repararle el daño inferido y restaurarla en su dignidad), al restablecimiento de la paz social, y a la reincorporación del infractor a la comunidad a fin de restablecer los lazos sociales quebrantados por el delito, replanteando el concepto de castigo retributivo que resulta insuficiente para el restablecimiento de la convivencia social pacífica.”

En puridad, tal como expresa la jurisprudencia de la Alta Corte de Colombia, estamos frente a un enfoque que se aparta de la visión retributiva que tiene como finalidad pura el castigo, para dar encuentro a víctima y victimario, permitiendo el restablecimiento de la paz social, reinserción del infractor y reparación del daño ocasionado.

De manera que, el objetivo de la misma es promover un enfoque encaminado a introducir a la víctima en el proceso, darle mayor participación y que con la participación de un tercero imparcial pueda ser resarcida, y el infractor pueda reparar el daño ocasionado, y reinsertarse en la sociedad.

En consecuencia, la justicia restaurativa tendría como finalidad la reparación. Implica una cierta justicia correctiva en el sentido de las posibilidades de reparación del daño de manera que no condicione la vida de la víctima o comunidad afectada. (Varona Martínez, 2018)

En ocasión de las medidas alternativas, Redondo y Garrido (2013) señalan que “Todas estas consideraciones (coste y efectividad de la pena de prisión y cifras de encarcelados) plantean abiertamente la pregunta de si es realmente necesaria una utilización tan generalizada y masiva de las medidas penales de encarcelamiento. O si, por el contrario, no debería optarse por un mayor empleo de sanciones alternativas diversas que redujeran la población penitenciaria, abarataran los costes del sistema de justicia criminal y, tal vez, tuvieran mayor efectividad disuasoria y rehabilitadora que la prisión.”

En nuestro ordenamiento penal, se encuentran instrumentos que emanan de la justicia restaurativa como es la mediación y la conciliación, establecidos en los artículos 38 y siguientes, de la Ley núm. 97-25, que instaura el Código Procesal Penal. En estos casos, notamos que se utiliza de manera indistinta los conceptos de mediación y conciliación, y se dispone la conciliación para un catálogo muy específico de hechos punibles.

No obstante lo anterior, el artículo 35 de la ley precitada, sobre el Criterio de Oportunidad, el Ministerio Público, en ciertas circunstancias, está facultado a recurrir a un criterio de oportunidad lo que le permite prescindir de la acción penal pública, y archivar el expediente.

Otra herramienta que, podría considerarse a efectos de justicia restaurativa, es la Suspensión Condicional del Procedimiento en virtud de lo que establece el párrafo I del artículo 41. El mismo va dirigido a hechos cuya pena no supere los 5 años de prisión.

En rigor, tal como han señalado los expertos, es más probable que una persona logre su reinserción acudiendo a instrumentos alternativos a la pena de prisión. Pues ha sido ampliamente abordado los efectos criminógenos de la pena de prisión, revelando las investigaciones el elevado porcentaje de reincidencia en los casos de cumplimiento total de la pena y en condiciones duras. En consecuencia, la misma debería reservarse para los hechos más peligrosos e inadaptados.

Por tanto, entendemos que recursos e instrumentos tenemos para poder aplicarlos a los casos y que, en efecto, se haga un uso menor, no solo de la pena preventiva, que, lastimosamente, supera con creces la población de condenados, sino de aquellos que puedan ser condenados, sustituyendo por una de estas medidas la pena de prisión.