El 19 de noviembre de 2026 se ha convertido en una fecha histórica para el derecho internacional y para la lucha contra la impunidad. Ayer, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió su sentencia en el caso Gambia vs. Myanmar en la que concluyó que Myanmar es responsable de haber cometido genocidio contra el pueblo Rohingya. Es el primer caso en el que la Corte encuentra a un Estado responsable de haber cometido este crimen internacional.
Mientras escuchaba la sentencia, las lágrimas me inundaban los ojos. Al mismo tiempo, colegas con quienes tuve el privilegio de trabajar en los campamentos de refugiados de Bangladesh me compartían fotografías de cientos de personas Rohingya siguiendo, con absoluta atención, el veredicto en las pantallas disponibles en distintos puntos de los campamentos. Esa espera y esa escucha atenta de la decisión de una corte internacional que reconoce las atrocidades cometidas contra un pueblo reflejan, quizás mejor que cualquier discusión teórica, el valor de la justicia internacional.
La decisión representa un hito jurídico. Por primera vez la Corte reconoce que un Estado cometió uno de los crímenes más graves reconocidos por el derecho internacional. Esto constituye una reivindicación para las cientos de miles de víctimas que durante años han visto negados su sufrimiento, su identidad, su nacionalidad y su derecho a la justicia.
Las personas Rohingyas han habitado durante generaciones el territorio que hoy se conoce como Myanmar, particularmente el Estado de Rakhine. Esto, que ha sido disputado por múltiples actores en Myanmar, fue reconocido por la Corte. La Corte también reconoció que durante décadas fueron sometidos a un proceso sistemático de exclusión y discriminación. Restricciones legales y administrativas erosionaron progresivamente sus derechos fundamentales, mientras discursos de odio promovidos o tolerados por actores estatales contribuyeron a consolidar su estigmatización y deshumanización.
El punto culminante, encuentra la Corte, de este proceso se produjo en 2017, cuando más de 700,000 Rohingyas huyeron del norte del Estado de Rakhine hacia Bangladesh. Las denominadas clearance operations, iniciadas tras ataques perpetrados por el Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA), fueron caracterizadas por la Corte en toda su complejidad. La sentencia reconoce que ARSA cometió ataques contra civiles, incluyendo la quema de viviendas. Sin embargo, también concluye que la respuesta de las fuerzas de seguridad de Myanmar se caracterizó por asesinatos indiscriminados, la separación y ejecución de hombres y niños, violencia sexual generalizada, ataques contra personas que huían hacia Bangladesh y la quema deliberada de aldeas Rohingyas en municipios como Maungdaw, Rathedaung y Buthidaung.
La evidencia examinada por la Corte demostró que miles de civiles Rohingyas fueron asesinados durante estas operaciones. Las estimaciones de alrededor de 10,000 víctimas mortales fueron consideradas respaldadas por las pruebas presentadas. A ello se sumaron actos generalizados de violencia sexual, formas extremas de violencia contra niños y niñas y la destrucción sistemática de aldeas enteras, muchas de las cuales posteriormente fueron reasentadas por poblaciones no Rohingyas.
La principal cuestión jurídica ante la Corte consistía en determinar si estos hechos constituían genocidio en los términos del artículo II de la Convención. Como recordó la CIJ, este crimen exige la concurrencia de dos elementos: un elemento material (actus reus) y un elemento subjetivo específico (mens rea), consistente en la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. El mens rea supone uno de los elementos más complejos de probar, pero es precisamente ese elemento que distingue al genocidio de otros crímenes internacionales.
La Corte concluyó, en primer lugar, que los Rohingyas constituyen un grupo étnico protegido por la Convención. Poseen una identidad colectiva diferenciada, una cultura propia, una lengua distintiva, instituciones sociales y religiosas específicas y una larga historia de autoidentificación como grupo. Al mismo tiempo, han sido objeto de estigmatización persistente por parte del Estado de Myanmar durante décadas.
Respecto del elemento material del genocidio, la Corte determinó que Myanmar cometió actos comprendidos en los incisos (a), (b) y (d) del artículo II de la Convención. Encontró acreditados asesinatos de miembros del grupo; graves daños físicos y mentales mediante asesinatos, torturas, violencia sexual y desplazamientos forzados; y la imposición de medidas destinadas a impedir nacimientos dentro del grupo, incluyendo restricciones discriminatorias al matrimonio, limitaciones al número de hijos que podían tener las parejas Rohingya y prácticas que afectaban el reconocimiento legal de los niños nacidos de dichas uniones.
La valoración del mens rea o intención genocida fue la que marcó uno de los aspectos más relevantes de la sentencia. La Corte examinó el contexto general de discriminación y persecución histórica que han vivido las personas Rohingya, el carácter selectivo de la violencia dirigida contra ellas, la escala y sistematicidad de los ataques, la destrucción de las bases sociales de la comunidad y la difusión activa de discursos de odio por parte de actores militares. Particular relevancia tuvo la violencia sexual, utilizada de manera sistemática para degradar y destruir a la comunidad Rohingya.
A partir de la valoración conjunta de toda la evidencia, la Corte alcanzó una conclusión contundente:
«La Corte está plenamente convencida de que Myanmar cometió actos comprendidos en los incisos a), b) y d) del artículo II de la Convención sobre el Genocidio, con la intención de destruir una parte sustancial de la población Rohingya en Myanmar».
La sentencia también concluyó que Myanmar incumplió sus obligaciones de prevenir y sancionar el genocidio, de adoptar la legislación necesaria para dar cumplimiento a la Convención y de investigar a las personas sospechosas de haber participado en estos crímenes. Asimismo, determinó que Myanmar violó las medidas provisionales previamente ordenadas por la propia Corte.
La sentencia, por sí sola, no repara el daño causado por el Estado de Myanmar. Probablemente, para las personas Rohingya, nunca nada podrá repararlo. Sin embargo, constituye un paso importantísimo en la dirección hacia un futuro más justo para las personas Rohingya. El cumplimiento del veredicto está por verse, la creación de las condiciones materiales para el retorno digno, seguro y voluntario de las personas Rohingya supondrá todo un reto, pero ayer, la Corte Internacional de Justicia le dijo al mundo lo que las personas Rohingya vienen denunciando hace muchos, muchos, años: el Estado de Myanmar cometió genocidio en contra de ellas y la Corte lo encuentra responsable internacionalmente por ello.
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