Jueces, salarios y la difícil pedagogía de la proporcionalidad

El reclamo salarial de los jueces dominicanos merece respeto. Un Poder Judicial débil, precarizado o dependiente económicamente termina siendo un riesgo para la democracia. La independencia judicial no se sostiene únicamente en discursos constitucionales; también necesita garantías materiales mínimas para que quien decide sobre la libertad, el patrimonio y los derechos de los ciudadanos no viva sometido a incertidumbres incompatibles con la dignidad de la función.

Eso es cierto.

Pero también es cierto que la República Dominicana se ha convertido en una sociedad donde casi todos los sectores públicos tienen razones legítimas para protestar. Y ahí aparece la complejidad del debate: la justicia de un reclamo no elimina automáticamente la existencia de otros igualmente legítimos.

Mientras hoy los jueces levantan su voz -y están en su derecho de hacerlo-, hay maestros que llevan décadas reclamando condiciones dignas para educar generaciones enteras, -a pesar de los incrementos sostenidos que han tenido en los últimos lustros-; médicos y enfermeras que sostuvieron el país durante pandemias y crisis sanitarias con salarios todavía insuficientes; fiscales que litigan diariamente contra el crimen organizado cobrando menos que muchos jueces; defensores públicos sobrecargados; policías expuestos a riesgos permanentes; técnicos forenses invisibles; empleados administrativos del sistema judicial y del Ministerio Público que sobreviven en silencio institucional, con algunas que otras manifestaciones.

La tragedia dominicana no es que un sector reclame. La tragedia es que casi todos tienen motivos para hacerlo.

Y en medio de esa realidad, el país necesita algo que suele escasear en los debates corporativos: sentido de proporcionalidad.

Porque el problema dominicano no es exclusivamente salarial. Es estructural. El presupuesto público es limitado, el gasto estatal es frecuentemente ineficiente y las prioridades nacionales compiten entre sí en un escenario de estrechez fiscal permanente. Pretender resolver cada conflicto únicamente mediante presión sectorial termina generando una especie de archipiélago de privilegios fragmentados donde gana quien posee mayor capacidad de presión y no necesariamente quien enfrenta mayor necesidad institucional.

Ahí es donde los jueces deben tener especial prudencia.

Precisamente porque administran la racionalidad constitucional del Estado, su protesta no puede parecer indistinguible de cualquier otra protesta gremial. La toga no elimina derechos; pero sí impone deberes superiores de mesura institucional.

La ciudadanía entiende los reclamos judiciales. Lo que teme es otra cosa: que la justicia, además de lenta y costosa, se torne intermitente. Cada suspensión de audiencias, cada retraso procesal y cada servicio paralizado impacta derechos fundamentales de personas que muchas veces no tienen otra puerta donde tocar.

Quizá por eso el momento exige imaginación institucional más que maximalismos. Protestas simbólicas, reducción de formalismos burocráticos, declaraciones públicas conjuntas, comparecencias académicas, mecanismos escalonados de presión o mesas técnicas permanentes podrían producir resultados sin afectar directamente al ciudadano, que al final es el verdadero destinatario del servicio judicial.

La autoridad moral del juez no proviene únicamente de la ley que aplica, sino también de la forma en que ejerce su poder y reclama sus derechos.

En sociedades maduras, las instituciones no solo deben ser independientes; también deben parecerlo. Y parte de esa apariencia democrática consiste en mostrar sensibilidad frente a una nación donde millones de personas sobreviven con ingresos muy inferiores a los de quienes hoy encabezan las protestas judiciales.

El desafío, entonces, no consiste en decidir si los jueces tienen razón. En buena medida la tienen.

El verdadero desafío consiste en determinar cómo reclamar esa razón sin debilitar la confianza pública en una de las pocas instituciones que todavía necesitan conservar intacta su legitimidad.