Insistir en el error

El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, respecto del proceso penal seguido en contra de varios exministros y funcionarios de alto perfil de la pasada administración, dictó una resolución mixta: auto de no ha lugar a favor de los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, y auto de apertura a juicio en contra de Donald Guerrero, exministro de Hacienda, y otros funcionarios.

Esta decisión vino después de un largo proceso de instrucción y de discusión en la audiencia preliminar. Lo relevante de la resolución es que nuevamente supone un fuerte revés a la política de persecución espectacular que tiene años montando el Ministerio Público en detrimento de los cánones del debido proceso, afectando gravemente el Estado y el derecho de presunción de inocencia de las personas involucradas en los procesos mediatizados y vinculados a temas de corrupción administrativa.

Todos los procesos iniciados desde 2017 en adelante bajo el mantra de “cero impunidad” y de “justicia independiente” han tenido como lastre las campañas mediáticas, abusos de las medidas de coerción y tácticas malsanas para forzar acuerdos a cambio de no involucramiento en el proceso, aun sin pruebas suficientes.

El Ministerio Público, a pesar de todas las decisiones que han sido rendidas en su contra, insiste en el error de no mirar sus procesos y estrategias, al tiempo de hacer críticas y campañas mediáticas para echar la culpa de sus errores a los tribunales, todo lo cual sirve para lacerar la confianza ciudadana en el sistema de justicia.

A esto le sumamos las reacciones de los movimientos cívicos anticorrupción y protransparencia, los cuales se quedaron en los noventa, es decir, cuando todavía no había ni existía el torrente de información accesible a todas las personas y eran vox auctoritas. Cada vez que se posan como supuestos guardianes de la institucionalidad, como veedores de la justicia, se disparan en el zapato, pues todos los procesos judiciales de los últimos años han puesto en evidencia que son grupos de presión sin un norte verdaderamente acorde con el fortalecimiento del Estado de Derecho.

Celebran el espectáculo mediático de los procesos de supuesta corrupción administrativa y únicamente critican las sentencias que no son acordes con las pretensiones del Ministerio Público, tal como si este órgano fuera neutral e imparcial en la persecución de los delitos. Hacen resúmenes de las acusaciones y solicitudes de medidas de coerción para informar a la población, pero son incapaces de recopilar y hacer lo mismo respecto de la versión de los acusados.

Otros procesos en curso podrán tener la misma suerte y muchos seguirán insistiendo en el error de culpar al otro por las falencias propias del Ministerio Público y las estrategias de “Avengers” que llevan a los tribunales.

En este ciclo es innegable que ha habido una voluntad de investigar y perseguir los delitos contra la Administración Pública. Y esto debe continuar, pero se necesita mirar hacia dentro, revisar las estrategias, adecuar las actuaciones a los rigores del debido proceso y la garantía de los derechos de las personas envueltas en los procesos, y sobre todo abandonar el maximalismo procesal que tanto daño le ha hecho a los procesos en curso.