Informalidad y exenciones: ¿quién paga el costo real del crecimiento dominicano?

Hay diagnósticos que, por repetidos, terminan pareciendo evidentes. Uno de ellos afirma que la informalidad laboral en América Latina y el Caribe —y en particular en la República Dominicana— está asociada a bajos niveles educativos, a la limitada inversión pública y a un estrecho espacio fiscal. Dicho así, el problema parece claro: mejorar esos factores reduciría la informalidad.

Sin embargo, esa lectura, aunque parcialmente correcta, se queda en la superficie. No porque los factores mencionados sean irrelevantes, sino porque no explican por sí solos por qué la informalidad persiste, incluso en contextos de crecimiento económico sostenido. La pregunta clave, entonces, no es solo qué falta, sino, además, cómo funciona realmente el sistema.

Desde una perspectiva más convencional de economía política, la informalidad ha sido entendida como parte de la lógica de reproducción ampliada del capital en economías subdesarrolladas y dependientes. En este marco, la informalidad no es un accidente ni un rezago transitorio, sino una condición funcional: reduce costos laborales, flexibiliza la contratación y permite que distintos segmentos productivos operen con márgenes que de otro modo serían inviables.

Es claro que esa interpretación aporta una pieza importante del rompecabezas. Pero no parece ser suficiente.

En efecto, en el caso dominicano, la informalidad no opera sola. Coexiste con un conjunto de dinámicas corporativas que descansan, en buena medida, sobre rentas provenientes del propio Estado, a través de amplios esquemas de exenciones fiscales. Este elemento es crucial, porque revela que no se está ante una simple dualidad entre formalidad e informalidad, sino ante una configuración más compleja que la simple dualidad formal/informal, donde Estado, mercado y estructura productiva están profundamente entrelazados.

Y lo que emerge de esta interacción no es solo un modelo de acumulación, sino una forma específica de funcionamiento del sistema socioeconómico dominicano, que garantiza la acumulación y la continuidad operativa del sistema en su configuración actual.”

Por un lado, el Estado renuncia a una parte significativa de su capacidad recaudatoria mediante el gasto tributario. Por otro lado, el sector productivo mantiene niveles de rentabilidad que no necesariamente descansan en aumentos sostenidos de productividad. Al mismo tiempo, el mercado laboral absorbe tensiones a través de la informalidad, que actúa como un mecanismo de ajuste silencioso.

El resultado es una economía que funciona, crece y se estabiliza en el plano de los indicadores macroeconómicos, pero sin transformar las relaciones que la estructuran, por lo que funciona con un desacoplamiento recurrente entre crecimiento económico y distribución de sus beneficios, que distribuye costos y beneficios de manera muy desigual.

Aquí es donde conviene detenerse. Porque lo que tenemos delante no es simplemente un problema de “déficit” —de educación, de inversión o de espacio fiscal—, sino una configuración que se sostiene en el tiempo precisamente porque distribuye sus tensiones en distintos planos.

La informalidad permite absorber población dentro y fuera de los esquemas formales de empleos, sin que ello se traduzca inmediatamente en conflicto abierto. Las exenciones fiscales facilitan la continuidad de ciertos modelos de negocio sin exigir una transformación profunda de su base productiva. Y el Estado, en su conjunto, logra sostener una estabilidad operativa relativa en términos macroeconómicos y de gobernabilidad, aunque sea a costa de postergar decisiones estructurales.

Esta forma de funcionamiento puede caracterizarse como una estabilidad que no resuelve sus contradicciones, sino que las administra. Una estabilidad que se sostiene tanto en lo que se hace como en lo que se deja de hacer, en fin, una estabilidad en lo nominal, pero no en lo real, que en este caso tiene expresión estructural.

En este contexto, hablar de reformas estructurales diseñadas sin alterar la arquitectura del sistema resulta insuficiente. No porque las reformas no sean necesarias, sino porque pueden ser absorbidas por el propio sistema sin alterar sus fundamentos. De hecho, esa ha sido una de las características más persistentes de la senda recorrida en Dominicana durante, por lo menos, las últimas dos décadas: la capacidad de incorporar cambios sin modificar de manera estructural las formas en que se generan y distribuyen los beneficios y los costos.

El punto, entonces, no es solo identificar qué políticas faltan, sino comprender cómo las existentes —junto con configuraciones como la informalidad y esquemas como las exenciones fiscales— forman parte de un mismo entramado que hace posible la continuidad funcional del sistema en su configuración actual.

Esto obliga a replantear la conversación pública. La informalidad no es únicamente un problema a corregir, ni las exenciones un simple instrumento de política económica. Ambos son componentes de una lógica de funcionamiento sistémico que articula crecimiento, rentabilidad y gobernabilidad.

Y es precisamente por eso que su transformación no puede abordarse de manera aislada.

Mientras no se entienda la interdependencia entre informalidad, exenciones y funcionamiento del sistema, seguiremos interpretando síntomas como si fueran causas, y proponiendo soluciones que, aunque bien intencionadas, terminan reforzando la misma estructura que buscan cambiar.

La economía dominicana no está estancada. Pero tampoco está cambiando en lo esencial. Se sostiene, más bien, en una forma de funcionamiento que le permite avanzar sin transformarse, trasladando sus tensiones entre la precarización del presente y su postergación hacia el futuro.

En ese contexto, el problema no es la falta de crecimiento, sino la forma en que el crecimiento es estructurado por la arquitectura del sistema. Porque un sistema que puede reproducirse sin alterar sus fundamentos no enfrenta de inmediato su límite, pero sí construye, paso a paso, las condiciones de su propio estrechamiento.

La verdadera pregunta, entonces, no es cómo intensificar el crecimiento económico dentro del patrón actual, sino si es posible transformar el sistema sin alterar la arquitectura que hoy lo mantiene funcionando.