Hidrocarburizar las tasas de interés, firmen la petición

Desde el año 2000, el gobierno dominicano decidió que el precio de la gasolina sea igual en todo el país. Las comunidades pobres de la frontera y las zonas preferidas para el ocio de los generadores de la tercera parte del PIB pagan en las estaciones el mismo precio que ordena un aviso oficial todos los viernes. Un ejemplo perfecto de colusión entre gobernantes y participantes privados en llevar un bien a la población con un precio socialista o lenteja, de cobertura insular, en la búsqueda de cobro eficiente de impuestos y márgenes de beneficios seguros a distribuidores, transportistas y detallistas.

Siempre será una tragedia para las personas estar sometida a la dictadura de un precio oficial. Socialismo y mercantilismo son dos formas de control político que impiden la formación de precios libres, el único en que es incontrovertible poner la etiqueta de emprendedor o suplidor de bienes y servicios, ya que no existe la certeza de vender a consumidores tienen opciones y que piensan primero en su propio bienestar o utilidad al comprar.

Armonizar el precio de los combustibles en un club privado de funcionarios y empresarios en la Ley 112-00 tiene su base legal aquí:

“ART.8.- La Secretaría de Estado de Industria y Comercio establecerá, mediante resoluciones que dictará al efecto semanalmente, los precios de venta al público que regirán para los combustibles… Estos precios habrán de reflejar, con actualizaciones semanales, los precios de los combustibles en el mercado internacional, y la tasa de cambio suministrada por el Banco Central de la República Dominicana. Dichas resoluciones serán publicadas semanalmente en diarios de circulación nacional y deberán desglosar los elementos que componen el precio de venta al público de cada combustible, incluyendo el impuesto al consumo.”

El consumidor, un cero a la izquierda. Claro, sin descartar de la ecuación que su paciencia tiene límites en que se vuelve tan inflamable como los combustibles. De ahí la discrecionalidad para ajustar por inflación el impuesto específico, o esperar que llegue el FMI para culparlo, y no imputar a la base impositiva el valor consistente cuando los precios internacionales están en alza. El asunto es que cuando están en baja entonces se aprovecha no impactar la base para recaudar más. Un enredo para caer de bruces.

El paraíso de ganancias privadas aseguradas con márgenes por decreto no es permanente. Rentabilidad real que ponga en riesgo reposición de capital y se acerque peligrosamente al costo de oportunidad hay que presionar para subirlos.

El esquema es tan complicado que el gobierno y el sector privado decidieron que con la actividad bancaria no funcionaría ese modelo. Por eso con el Código Monetario y Financiero todo es distinto.

El Banco Central no es una Secretaría de Finanzas que fija las tasas de interés activas y pasivas. El Banco de Reservas no es la empresa estatal (refinería) que recibe todos los depósitos del público (combustibles) para distribuir a las demás entidades (bombas de gasolina) los fondos por demanda de créditos (galones).

Nada que ver, en 2003 inauguramos un código ordenaba que: “Las operaciones monetarias y financieras se realizarán en condiciones de libre mercado. Las tasas de interés para transacciones denominadas en moneda nacional y extranjera serán determinadas libremente entre los agentes del mercado.”  Desde entonces se cobran los créditos y se dan premios al que ahorra en tasas distintas por todo el país y diferentes hasta en bancos que se encuentran en la misma calle de cualquier ensanche. ¿Hidrocarburizamos el CMF para erradicar ese caos?