Hay que cambiar la narrativa

Hoy cedo mi columna a Joselin Rivera, importante intelectual de nuestro país, quien advierte que el feminicidio de una adolescente en Villa Altagracia ha reabierto el debate sobre la forma en que los medios de comunicación narran estos casos en la República Dominicana. El artículo cuestiona el uso de expresiones como “pareja sentimental” cuando existe una relación entre una menor de edad y un adulto, señalando que ese lenguaje normaliza vínculos marcados por desigualdad, abuso y vulnerabilidad. El texto sostiene que el periodismo tiene la responsabilidad ética de informar con rigor y sin revictimizar, evitando términos que suavicen la conducta del agresor.

El feminicidio ocurrido el 22 de mayo en Villa Altagracia no solo debe estremecernos; también debe obligarnos a revisar la forma en que contamos estas tragedias. La información inicial sobre el caso señaló que un hombre presuntamente le quitó la vida a “su pareja sentimental”, una adolescente identificada como Avril, en el sector Los Arroyos, distrito municipal San José del Puerto. El presunto agresor, Raudy Jiménez Dicent, huyó tras el hecho.

Aunque común, esa manera de narrar no es inocente. Cuando la víctima es una adolescente y el agresor un adulto, hablar de “pareja sentimental” normaliza una relación desigual que la ley dominicana no reconoce como una relación ordinaria entre iguales.

La República Dominicana cuenta con un marco legal claro. La Ley 136-03, Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, establece que los menores de edad deben ser protegidos contra toda forma de abuso, maltrato y explotación. Su artículo 396 define como abuso sexual cualquier práctica sexual entre un adulto y un niño, niña o adolescente, incluso sin contacto físico, cuando existe una diferencia significativa de edad y poder.

Por eso, los medios de comunicación tienen una responsabilidad ética ineludible: llamar las cosas por su nombre. No es “amor prohibido”, ni “drama pasional”, ni una simple “relación de pareja”. Cuando una adolescente mantiene un vínculo sentimental, sexual o marital con un adulto, existe una situación de vulnerabilidad y posible explotación que no debe ser maquillada por el lenguaje.

La Ley 1-21, que prohíbe el matrimonio infantil y las uniones tempranas, parte precisamente de esa realidad. La normativa reconoce que estas prácticas afectan especialmente a niñas y adolescentes, limitan su desarrollo, reducen su acceso a la educación y las exponen a violencia, abuso sexual y embarazos precoces. También advierte sobre la relación entre pobreza y uniones tempranas, señalando cómo estas perpetúan la desigualdad y reducen las oportunidades de progreso.

Este caso revela una herida social más profunda. No basta con condenar el crimen después de ocurrido; es necesario preguntarse qué condiciones permiten que tantas adolescentes vean en un adulto una salida a la precariedad, la inseguridad familiar o la falta de oportunidades. La pobreza no crea culpables, pero sí escenarios de vulnerabilidad que pueden ser aprovechados por adultos irresponsables. La responsabilidad siempre recae en el adulto, nunca en la menor.

Aquí el papel de los medios resulta decisivo. Cada vez que un titular presenta como “pareja” a una adolescente y a un adulto, contribuye a suavizar una relación marcada por la desigualdad de edad, poder y dependencia. Del mismo modo, cuando la conversación se centra en cuestionar a la víctima o a su familia, se desplaza la atención desde la conducta del agresor hacia la sospecha sobre quienes sufrieron el daño.

El periodismo responsable no debe revictimizar. Debe informar con rigor, proteger la dignidad de la víctima, evitar el morbo y contextualizar los hechos dentro de las estructuras sociales que los hacen posibles. La violencia feminicida no surge de la nada; se alimenta de desigualdades, silencios, dependencia económica, machismo y normalización de vínculos abusivos.

Avril no debe ser recordada como “la pareja sentimental” de su agresor. Debe ser recordada como una adolescente que tenía derecho a vivir protegida y con oportunidades. La sociedad dominicana necesita más educación familiar, mayor prevención comunitaria, protección institucional efectiva y mejores condiciones para sus niñas y adolescentes.

Cambiar la narrativa no es solo un asunto de estilo. Es también una forma de justicia.

Joselin Rivera, MA.