Grandes desafíos para ordenar el territorio

La aprobación de la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos marcó un hito histórico para la República Dominicana. Sin embargo, también puso en evidencia una realidad que durante décadas fue ignorada: el país creció, urbanizó y ocupó gran parte de su territorio sin contar con una normativa integral que orientara el uso racional del suelo y la localización de los asentamientos humanos. La planificación territorial efectiva llegó tarde, y precisamente por eso la tarea de ordenar el territorio será compleja, prolongada y generadora de múltiples conflictos.

La Constitución dominicana de 2010 ya establecía la necesidad de un plan nacional de ordenamiento territorial, pero la legislación específica no fue promulgada hasta diciembre de 2022. Es decir, durante más de una década existió un mandato constitucional sin el instrumento legal que permitiera aplicarlo de manera efectiva.

Durante ese período, las ciudades  siguieron creciendo de forma acelerada. Municipios como Santo Domingo, Santiago, Baní, Higüey, San Cristóbal y Punta Cana, entre otros,  expandieron sus áreas urbanas mucho más rápido que la capacidad institucional para planificarlas. Numerosos parajes y secciones rurales fueron absorbidos por la mancha urbana, mientras surgían urbanizaciones, plazas comerciales, industrias y proyectos turísticos sin una articulación territorial suficiente.

Este crecimiento no regulado generó problemas que hoy son visibles en todo el país. Se observan construcciones en zonas vulnerables a inundaciones, ocupación de áreas agrícolas de alta productividad, conflictos entre actividades residenciales e industriales, déficit de espacios públicos, deterioro ambiental y una creciente presión sobre los servicios básicos. Lo que durante años pareció desarrollo, en muchos casos fue simplemente expansión sin planificación.

La nueva legislación busca corregir esa situación mediante instrumentos como el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT), los planes regionales y los Planes Municipales de Ordenamiento Territorial (PMOT), estableciendo además que las regulaciones aprobadas serán vinculantes para instituciones públicas y actores privados.

Sin embargo, ordenar un territorio que durante décadas funcionó bajo lógicas dispersas no será una tarea sencilla. Cada decisión de ordenamiento implica afectar intereses económicos, políticos y sociales ya consolidados. Cuando un plan determina que un área debe conservarse para actividades agrícolas o ambientales, inevitablemente surgen tensiones con quienes esperan desarrollar proyectos inmobiliarios. Cuando se establecen límites a la expansión urbana, aparecen conflictos con propietarios de terrenos y promotores de nuevas urbanizaciones.

Uno de los mayores retos será precisamente la gestión de esos conflictos. El ordenamiento territorial no consiste únicamente en elaborar mapas o documentos técnicos. Implica tomar decisiones sobre quién puede construir, dónde puede hacerlo, qué actividades son compatibles y cuáles deben restringirse. Estas decisiones tienen consecuencias económicas directas y, por tanto, generan resistencia.

Otro desafío importante está relacionado con la delimitación territorial. La propia Ley 368-22 reconoce la existencia de conflictos históricos de límites entre provincias, municipios y distritos municipales, razón por la cual establece la necesidad de actualizar la cartografía nacional para resolver esas diferencias.

A esto se suma la limitada capacidad técnica de muchos gobiernos locales. Aunque la ley asigna a los ayuntamientos la responsabilidad de gestionar el ordenamiento territorial municipal, numerosos municipios pequeños y distritos municipales con un crecimiento poblacional importante, carecen de personal especializado, sistemas de información geográfica, catastros actualizados y recursos financieros suficientes para elaborar e implementar sus PMOT.

Por esta razón, el acompañamiento técnico del Viceministerio de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional (VIOTDR) adscrito al  Ministerio de la Presidencia MINPRE,  es fundamental. La elaboración de guías metodológicas, reglamentos, normas subsidiarias y programas de capacitación, cartografía actualizada constituye un paso imprescindible para fortalecer las capacidades locales y garantizar que la planificación territorial no quede limitada a las grandes ciudades.

También debe reconocerse que la implementación de la ley ocurre en un contexto de fuerte presión demográfica y económica. La expansión turística, el crecimiento de las zonas metropolitanas, las nuevas infraestructuras y la demanda de vivienda continúan avanzando mientras los instrumentos de planificación se encuentran en proceso de formulación. Esto obliga a las instituciones a actuar simultáneamente en dos frentes: planificar el futuro y corregir problemas heredados del pasado.

La experiencia internacional demuestra que los procesos de ordenamiento territorial suelen desarrollarse durante décadas. Ningún país logra reorganizar completamente su territorio en pocos años. Se trata de una transformación gradual que requiere consensos políticos, participación ciudadana, fortalecimiento institucional y continuidad de las políticas públicas más allá de los períodos gubernamentales.

Además, el cambio climático introduce una variable adicional de enorme importancia. Muchas zonas costeras, cuencas hidrográficas y áreas urbanas vulnerables deberán ser objeto de regulaciones más estrictas para reducir riesgos asociados a inundaciones, sequías y eventos extremos. Esto significa que algunas prácticas históricas de ocupación del territorio tendrán que modificarse, generando nuevos debates y controversias.

A pesar de las dificultades, el país no tiene alternativa. Continuar creciendo sin planificación significaría profundizar los problemas existentes y aumentar los costos económicos, sociales y ambientales para las futuras generaciones, como ha señalado el viceministro de ordenamiento territorial  Domingo Matía, que el ordenamiento territorial a todos los niveles  son procesos inaplazables

La República Dominicana enfrenta hoy una oportunidad histórica. La llegada tardía de la normativa obliga a corregir errores acumulados durante décadas, pero también permite construir una visión más sostenible, equilibrada del territorio. Los conflictos, reiteramos serán inevitables. Habrá debates sobre límites, usos del suelo, inversiones, derechos adquiridos y prioridades de desarrollo. Sin embargo, esos conflictos forman parte de cualquier proceso  de ordenamiento territorial.

La verdadera meta no es eliminar los conflictos, sino gestionarlos de manera democrática, transparente y técnicamente fundamentada. Solo así será posible transformar un territorio marcado por el crecimiento desordenado en un espacio capaz de garantizar desarrollo económico, cohesión social, protección ambiental y calidad de vida para toda la población.