Exenciones y evasión: los verdaderos desafíos de la justicia fiscal

A finales de 2024, el Congreso Nacional retiró el denominado "Proyecto de Ley de Modernización Fiscal de la República Dominicana". No obstante, en el primer trimestre de 2025, diversos artículos periodísticos han comenzado a sugerir medidas para reintroducir ajustes parciales al sistema tributario con el objetivo principal de aumentar la recaudación fiscal.

Uno de estos artículos plantea la implementación de un sistema de Monotributo, una figura impositiva que establece una cuota fija periódica para unidades económicas que operan fuera del registro de las instancias recaudatorias del Estado, es decir, el sector informal. Esta medida busca ampliar la base tributaria al incorporar pequeños negocios y microempresas que actualmente no contribuyen formalmente al fisco.

Sin embargo, un aspecto a tomar en consideración de introducir el monotributo en la estructura tributaria en dominicana, es el impacto que dicha figura supondría en los sujetos sociales a quienes va dirigido, pues si bien el monotributo podría representar una vía para fortalecer la recaudación, su implementación afectaría mayoritariamente a sectores de bajos ingresos.

En una economía donde las exenciones tributarias benefician a grandes empresas con montos que superan los RD$ 200,000 millones, promedio anual, resulta cuestionable que el aumento de fondos públicos recaiga sobre aquellos con ingresos de subsistencia. En el caso de muchas microempresas y pequeñas empresas informales, sus márgenes de ganancia son mínimos, lo que hace aún más preocupante la carga que esta medida impondría.

Desde luego que existen alternativas viables para mejorar la recaudación sin afectar a los sectores más vulnerables y están en aquellos nichos fiscales desaprovechados, tal es el caso de las exenciones fiscales injustificadas, donde empresas que se autodenominan "competitivas" han recibido beneficios fiscales por décadas, argumentando que sin estas exenciones no podrían operar. Esta práctica contradice la lógica de una economía de mercado basada en la auto sostenibilidad empresarial.

Otra alternativa es un verdadero ataque a la evasión fiscal, dado que la deficiencia en la recaudación del Impuesto sobre la Renta (ISR) y del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBS), en conjunto, asciende a más de RD$500,000 millones anuales. Según un estudio del Banco Mundial, las entidades responsables de la recaudación presentan una eficiencia de apenas un 35%, lo que incentiva el incumplimiento en los tributos.

La otra alternativa en introducir mayor control fiscal en el ejercicio de las profesiones liberales, pues muchos profesionales independientes operan sin cumplir con sus obligaciones fiscales. Este sector representa un nicho de ingresos que podría regularse sin necesidad de crear nuevos impuestos.

Por consiguiente, para fortalecer las finanzas públicas se hace imperioso que el Estado priorice la reducción de exenciones fiscales injustificadas y que combata de manera efectiva la evasión fiscal, antes de imponer medidas que afecten a quienes tienen menos capacidad de pago. La justicia tributaria no solo debe enfocarse en ampliar la base contributiva, sino en garantizar que todos los sectores cumplan con sus obligaciones de manera equitativa.