Ética del Estado y de la Administración Pública: Capas de un mismo orden ético (1)

El orden ético es la estructura normativa y práctica a través de la cual los principios, decisiones y acciones son consistentes en el sistema público para asegurar que el poder se ejerza de acuerdo con la legalidad, la justicia y el interés general. En consecuencia, la importancia de reflexionar sobre las tres capas de este orden, relacionadas con el Estado, el Gobierno y el Sector Público, es de interés para relacionar estas categorías como elementos fundamentales del desarrollo económico.

Aunque el Estado se entiende como un sistema permanente estructurado que define la naturaleza del orden político de la sociedad, éste está constituido por un sistema de instituciones que conforman la estructura de poder y, por lo tanto, las fuentes de tal autoridad para gobernar una nación, su territorio y sus habitantes. En este espacio, se establecen las normas e instituciones apropiadas para proporcionar funcionalidad a las leyes y el reconocimiento social.

Para que sea dinámico, debe estar bajo la supervisión y control de la administración del Estado; es decir, cual tendencia asume el comportamiento humano en la gestión del Estado. Por esto, resulta relevante entender la influencia de la conducta ética en la estabilidad social y en principios como la equidad, la igualdad y el estado de derecho.

Desde este punto de vista, el gobierno tiene la responsabilidad de la gobernanza y la responsabilidad de administrar el Estado. Estos muestran un comportamiento cíclico, en particular en entornos democráticos, a diferencia del Estado. Dado que los gobiernos son de naturaleza transitoria, la continuidad del Estado es de hecho el pilar central del desarrollo económico sostenible, inclusivo y justo.

En un entorno político verdaderamente democrático, es esencial asegurar que tengamos la independencia de todos los poderes del Estado, empezando por los básicos:  Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Con todos estos derechos y autoridad, es igualmente necesario mantener unidades electorales o de supervisión (organismos de auditoría y oficinas de contraloría), el Banco Central y los defensores del pueblo, así como otras instituciones, por ejemplo, las autónomas. En fin, uno define las reglas y las otras tomas decisiones en el marco de esas reglas y cuando el último violenta el marco aparece lo ilegítimo.

Tales organismos gubernamentales, bajo la ley y en cumplimiento ético, también se involucran en una gestión honesta y moral, un uso efectivo de los fondos públicos, prudencia en cuanto a nombramientos de personal, contratos públicos, integridad, responsabilidad política y su profundo compromiso con el bienestar de la población. Esto apoya la viabilidad y el potencial creciente de las herramientas de política pública que conducen a un desarrollo inclusivo y sostenible acompañado de justicia social. Al mismo tiempo, consolida la credibilidad de los ciudadanos y del mundo, la armonía social y el deseo de vivir en él.

América Latina se encuentra en un momento decisivo. Aunque se han llevado a cabo ciertos esfuerzos para fortalecer la ética en la región, como señala la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), más del 80% de los países han implementado leyes que fomentan la transparencia.

Existen evidencias que indican avances en la creación de un marco ético a través de diversos instrumentos. Por ejemplo, las recomendaciones del Consejo sobre Integridad Pública de la OECD, publicadas en 2017, destacan tres pilares esenciales: el sistema de integridad, la cultura ética y la rendición de cuentas.

La OECD describe la integridad pública como "el alineamiento constante y el compromiso con valores, principios y normas éticas compartidas, con el fin de priorizar el interés público sobre los intereses privados". Además, el Banco Mundial señala que "la corrupción es el principal obstáculo al desarrollo económico y social" en estos países.

En este contexto interconectado socialmente, la cultura ética se convierte en un componente crucial de la integridad y del significado de lo ético. Esto subraya la importancia de abordar aspectos como la internalización de valores, las normas sociales que influyen en comportamientos, así como el liderazgo ejemplar dentro de las instituciones y los incentivos formales e informales que recompensan o sancionan conductas.

Asimismo, otro elemento importante es la rendición de cuentas. Este aspecto es uno de los más oscuros en las gobernanzas actuales. El Banco Mundial recalca nuestra responsabilidad por nuestras acciones dentro del marco institucional y las sanciones correspondientes por incumplimientos. Transparencia Internacional afirma que "sin rendición de cuentas, la transparencia pierde su valor y permite que florezca la corrupción".

Además, han surgido múltiples documentos y estándares enfocados en gestionar éticamente desde diversas perspectivas. Estos estándares abarcan temas como anticorrupción, cumplimiento normativo y gestión del riesgo.

Por otra parte, las leyes abordan cuestiones como acceso a información pública, ética en funciones públicas, procesos transparentes en adquisiciones y contrataciones, así como declaraciones juradas patrimoniales. Muchas de estas legislaciones han conducido al establecimiento de instituciones clave para gestionar riesgos asociados con conductas inadecuadas respecto al objetivo legal.

Se considera que cuando los países adoptan un sistema integral para manejar eficazmente los riesgos vinculados a quiebras éticas, esto no solo mejora la legitimidad del Estado sino también incrementa la confianza ciudadana hacia las instituciones públicas; además contribuye a reducir niveles de corrupción y optimiza tanto calidad como eficiencia del gasto público, impactando favorablemente en sostenibilidad económica y social.

Sin embargo, América Latina enfrenta una situación crítica; aunque se han hecho esfuerzos por mejorar asignaciones presupuestarias relacionadas con aspectos tales como estabilidad macroeconómica o modernización institucional, persiste una profunda crisis de confianza hacia el Estado.

De acuerdo con Villoria e Izquierdo en su obra sobre Ética Pública y Buen Gobierno, mencionada anteriormente, uno de los rasgos más destacados en las democracias latinoamericanas es esa persistente brecha entre el Estado y sus ciudadanos. A pesar de elecciones periódicas, reformas institucionales e intentos modernizadores, amplios sectores poblacionales sienten que las instituciones no actúan conforme al interés general.

En este sentido, resulta especialmente relevante el enfoque propuesto por Villoria e Izquierdo: su énfasis en que la ética pública es esencial para un buen gobierno revela que esta crisis de confianza no solo representa un desafío administrativo sino también una cuestión relacionada con valores fundamentales y legitimidad. Cuando los ciudadanos perciben decisiones públicas guiadas por intereses particulares, su credibilidad hacia el sistema se erosiona drásticamente.