Estados Unidos, Venezuela y la ecuación estratégica del Gran Caribe

La concentración de medios navales de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela no es un capricho imperial ni una excursión simbólica. Es la respuesta proporcional a las acciones y a las omisiones de un Estado capturado por redes criminales que han convertido el narcotráfico en instrumento de poder. En días recientes Washington ha destacado varios elementos navales hacia el Mar Caribe en el marco de una operación antidrogas reforzada. Es un movimiento con lógica estratégica de interdicción marítima, presión sobre nodos logísticos y un mensaje de disuasión dirigido al régimen de Nicolás Maduro.

Caracas ha respondido con una movilización apresurada que incluye patrullas navales, drones, tropas en la frontera con Colombia y la reactivación de la milicia civil. La narrativa oficial venezolana acusa a Washington de preparar un escenario de intervención. La estadounidense insiste en golpear las redes de tráfico que alimentan el poder del régimen.

El fundamento jurídico y político de esta presión se sostiene sobre dos actos recientes. Primero, el Departamento del Tesoro señaló la existencia de una estructura incrustada en las cúpulas civiles y militares de Venezuela, conocida como “Cartel de los Soles”, por su relación con organizaciones criminales transnacionales como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa. Segundo, el Departamento de Estado elevó a cincuenta millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura de Maduro, reforzando la acusación penal por narcotráfico presentada en 2020 por el Departamento de Justicia. Estas medidas confirman que no se trata de un pulso ideológico sino de una respuesta de seguridad regional frente a una amenaza criminal con amparo estatal.

He dicho en otras ocasiones que los sistemas internacionales se reorganizan por ciclos. Cuando el hegemon redefine sus prioridades, quienes han vivido bajo su paraguas enfrentan una disyuntiva. O se aferran al viejo orden o aceptan la transición y se adaptan. En el Mediterráneo americano la densidad del poder de Estados Unidos sigue siendo determinante y, en escenarios como este, también deseada.

El movimiento naval de Estados Unidos debe interpretarse menos como un preludio de invasión y más como la implementación de una arquitectura de protección regional. Se trata de una combinación de presencia, sensores, interdicción y poder de fuego que ofrece a la Casa Blanca un menú de opciones que va desde la presión psicológica y diplomática hasta la posibilidad de golpes quirúrgicos contra nodos criminales, mientras se mantienen abiertas algunas líneas de cooperación práctica con el propio régimen, en materia de energía, deportaciones y coordinación táctica.

En términos de teoría realista nos encontramos ante una mezcla de equilibrio externo y diplomacia coercitiva. Lo primero se expresa en la presencia y la coalición de fuerzas. Lo segundo en la credibilidad que otorgan los medios, en la claridad de los mensajes y en las condiciones que acompañan cualquier salida negociada. La legitimidad descansa en la defensa de la seguridad hemisférica y en la protección de sociedades que padecen las externalidades del narcotráfico, desde homicidios hasta corrupción y erosión institucional. Si el hegemon no actúa, lo harán potencias extrarregionales con agendas incompatibles con nuestras democracias y con la intención de promover la desestabilización. En el tablero del Gran Caribe la inacción cuesta más caro que la demostración prudente de fuerza.

El riesgo de escalada no es inexistente. El tablero es estrecho y basta un incidente entre patrullas, un dron fuera de ruta o un error en una interdicción para forzar una confrontación. Lo relevante es cuánto han incorporado ambas partes este factor en sus cálculos y qué tan lejos están dispuestas a llegar cuando los incidentes ocurran, porque ocurrirán.

Lo he repetido en distintos foros. La geopolítica no es un concepto académico abstracto ni un debate lejano. Condiciona el precio que paga el colmado por su inventario, el margen del exportador y la dinámica de todo el aparato productivo nacional. En esta coyuntura debemos tener claro qué sucede en nuestro entorno inmediato, quiénes son los actores y con quién debemos alinearnos. Apoyar la operación estadounidense no significa escoger un bando en abstracto. Significa optar por un orden donde la ley prevalece sobre las mafias y donde los mares continúan siendo autopistas del comercio legal, el desarrollo y el crecimiento sostenido de la República Dominicana. La neutralidad frente al crimen organizado disfrazado de soberanía no es prudencia. Es complicidad por omisión.

El Gran Caribe ha sobrevivido a tormentas peores. La diferencia hoy es que conocemos la anatomía del huracán. De un lado está un régimen autoritario que trafica con drogas, represión y miedo. Del otro una coalición que, con todos sus defectos, todavía sostiene un andamiaje de libertades y reglas. Nuestra tarea, como república democrática y como nodo comercial, es seguir elevando nuestra posición en la región hasta que seamos capaces de proteger, por nuestra propia cuenta, las vías marítimas que garantizan nuestro progreso, nuestro desarrollo y nuestra libertad.