El verdadero pacto fiscal: lo que la Estrategia Nacional de Desarrollo exige y la política posterga (1)

Durante años, la República Dominicana ha debatido las reformas fiscales desde una visión limitada: aumentar impuestos, crear cargas o eliminar exenciones. Sin embargo, la verdadera discusión nacional debería ser mucho más profunda y estratégica. El país no necesita simplemente recaudar más; necesita formalizar más, producir más, controlar las presiones inflacionarias y distribuir mejor los beneficios del desarrollo mediante una reforma integral, moderna e inteligente.

Para lograrlo, debemos sostener una conversación madura sobre los incentivos fiscales. Estos han sido fundamentales para el desarrollo de sectores estratégicos como el turismo y las zonas francas, atrayendo inversión y generando empleos. Negar eso sería injusto. Pero es legítimo preguntarse cuándo y cómo deben evolucionar. Una cosa es incentivar sectores emergentes o de alto riesgo, y otra es convertir beneficios temporales en privilegios permanentes, incluso tras alcanzar la madurez sectorial y recuperar las inversiones. El incentivo debe crear competitividad, no sustituirla eternamente, menos aún cuando ciertos esquemas se prestan para la elusión fiscal.

La discusión moderna debe centrarse en qué recibe el país a cambio de sacrificar ingresos fiscales. El criterio fundamental debe ser la generación real de empleos formales para los dominicanos, salarios justos, encadenamientos productivos locales y la mejora efectiva de las comunidades. Quizás ningún sector refleja mejor este desafío que la minería, que genera divisas, pero también tensiones sociales cuando las comunidades se sienten excluidas del bienestar. El verdadero nacionalismo económico moderno no se mide por cuánto capital entra, sino por cuánto bienestar queda en el territorio.

Durante décadas, la región impulsó modelos de sustitución de importaciones inspirados en las ideas estructuralistas de Raúl Prebisch y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Con el tiempo, el mundo avanzó hacia la apertura y la globalización, lo que expandió nuestro turismo y zonas francas, pero también produjo asimetrías: los países desarrollados mantuvieron sus subsidios agrícolas e industriales mientras las economías en desarrollo desmontaban sus estructuras de protección.

Hoy el mundo vuelve a cambiar. Las guerras comerciales, las crisis logísticas y las tensiones geopolíticas devuelven importancia estratégica a la seguridad alimentaria y la resiliencia económica. Por ello, la República Dominicana no debe elegir entre apertura económica o defensa de su producción; necesita una síntesis inteligente. Los incentivos y los aranceles no deben ser dogmas ideológicos, sino herramientas dinámicas. Una economía excesivamente dependiente de importaciones es vulnerable a la inflación importada. La mejor política antiinflacionaria de largo plazo no es únicamente monetaria; también es productiva.

Ahí aparece el gran desafío de las mipymes. Millones de dominicanos viven atrapados en la informalidad porque nuestro sistema fiscal fue diseñado para empresas grandes; formalizarse suele equivaler a entrar en una trampa burocrática y costosa. Experiencias como el Simples Nacional en Brasil, o los regímenes diferenciados en Uruguay, Canadá y el Reino Unido, demuestran que la formalización se logra creando estímulos para entrar al sistema, no solo fiscalizando. Necesitamos una formalización inteligente donde registrarse sea una oportunidad de acceder a crédito, participar en compras públicas, integrarse a cadenas productivas, obtener seguridad social y crecer empresarialmente, no un castigo.

Precisamente por eso, cualquier reforma fiscal seria debe ir acompañada de una reforma integral del régimen de las mipymes. Resulta contradictorio pretender ampliar la recaudación mientras se mantienen barreras que dificultan la formalización de cientos de miles de pequeños negocios. Un país con más empresas formalizadas, más trabajadores cotizando a la seguridad social, mayor acceso al crédito productivo y más actividad económica genera naturalmente una base tributaria más amplia y sostenible. En términos simples: una economía que produce más y formaliza más recauda más que una economía que simplemente cobra más impuestos a menos contribuyentes.

La verdadera sostenibilidad fiscal no se construye aumentando indefinidamente las tasas impositivas, sino ampliando la cantidad de personas y empresas capaces de producir, invertir, generar empleos y contribuir. Cuando la formalidad ofrece ventajas reales, millones de trabajadores dominicanos pueden incorporarse plenamente a la seguridad social, acceder a seguros médicos, cotizar para pensiones y construir una mayor estabilidad económica para sus familias. El resultado es una economía más dinámica, un sector financiero con menor riesgo y un Estado con ingresos más robustos y estables.

Asimismo, debemos abordar la distorsión que genera el uso excesivo de mano de obra ilegal en la estructura productiva. No podemos construir una economía moderna bajo la informalidad laboral y la contratación irregular. El desarrollo nacional debe priorizar el empleo formal dominicano, la capacitación técnica y el aumento progresivo de la productividad.

Aquí conecta la verdadera esencia de la Estrategia Nacional de Desarrollo (Ley 01-12), que nunca planteó el crecimiento económico como un fin en sí mismo, sino como un medio para construir un país inclusivo, competitivo y con cohesión social. La reforma fiscal que demanda la Estrategia Nacional de Desarrollo no es simplemente una discusión sobre impuestos; es una discusión sobre productividad, formalización, empleo, competitividad y oportunidades.

Un verdadero pacto fiscal debe comenzar por preguntarse cómo producir más antes que cómo cobrar más; cómo ampliar la base de contribuyentes antes que aumentar la carga sobre quienes ya cumplen; y cómo convertir la formalización en un premio y no en una penalidad. Solo entonces estaremos construyendo un sistema tributario compatible con el desarrollo que la nación se propuso alcanzar en la Ley 01-12 y que, demasiadas veces, la política ha preferido postergar.

Sin embargo, la otra mitad de esta discusión suele quedar fuera del debate nacional. Porque tan importante como recaudar mejor es gastar mejor. Ninguna reforma fiscal será sostenible si el Estado no revisa la calidad, eficiencia y prioridades de su gasto público. En la próxima entrega abordaremos precisamente esa dimensión olvidada del verdadero pacto fiscal: la inversión pública, el mantenimiento de las infraestructuras, el déficit eléctrico, la calidad del gasto y las reformas institucionales necesarias para garantizar que cada peso aportado por los contribuyentes contribuya efectivamente al desarrollo nacional.