El tratado de 1874

1. El reconocimiento de la independencia dominicana

El reconocimiento por Haití de la independencia del Estado dominicano en 1874 no fue un acto de generosidad política, sino el resultado de una tensión secular entre el dogma constitucional haitiano y la realidad geopolítica que, desde los albores del siglo XIX, había negado la posibilidad de una soberanía distinta en la porción oriental de la isla. Este proceso, farragoso y lleno de matices, exige un análisis que trascienda lo diplomático para adentrarse en lo jurídico, lo histórico e, incluso, lo filosófico: la lucha entre el ideal de la indivisibilidad insular y el derecho de los pueblos a la autodeterminación. Para 1851, las grandes potencias: Inglaterra, Francia, Estados Unidos habían reconocido la independencia dominicana; España nos reconoció en 1855.

El obstáculo no era menor. Desde que  la Constitución Imperial de Dessalines de 1805, proclamara que el territorio de Haití no reconocía otros límites que los trazados por la naturaleza y los mares, (Art. 18)  el principio de la una e indivisible se había erguido como un muro infranqueable. Este canon, reiterado en la Constitución de 1816 —cuya redacción en los artículos 40 y 41 dejaba claro que: : “ la isla de Haití (antes llamada Santo Domingo), junto con las islas adyacentes, formaba el territorio de la República de Haití” Artículo 40. Esto no era un mero formalismo. Era la expresión jurídica de una voluntad expansionista que, bajo el mando de Jean-Pierre Boyer en 1822, se materializaría en la ocupación militar de la parte oriental. Este principio constitucional se mantuvo vigente entre los haitianos durante setenta años cabales.

La ocupación haitiana de 1822, lejos de consolidar la unidad insular, sembró las semillas de su propia negación. Veintidós años de dominio haitiano —marcados por la imposición de un sistema social y económico ajeno,  la abolición jurídica de la esclavitud y su sustitución por el trabajo forzado, por las corveas previstas en el código rural de 1826 y la resistencia cultural de una población que se negaba a ser absorbida— demostraron que la indivisibilidad era un mito. La proclamación de la independencia dominicana en 1844, aunque frágil y asediada, fue el primer golpe contundente a ese dogma. Pero no sería el último.

El Tratado de Paz, Amistad, Comercio, Navegación y Extradición del 9 de noviembre de 1874 representó el momento culminante de este proceso. En su Artículo 1º, ambas naciones declararon "ser ellas solas las que poseen la soberanía de la isla de Santo Domingo o Haití". Esta frase, aparentemente sencilla, encerraba una revolución jurídica: por primera vez, Haití reconocía bilateralmente la existencia de dos soberanías en la isla. No se trataba de una concesión retórica, sino de un acto de renuncia a un principio que había sido el pilar de su identidad nacional. Para que este reconocimiento fuera posible, fue necesario que Haití extirpara de su visión constitucional el dogma de la indivisibilidad, o al menos, lo reinterpretara de manera que permitiera la coexistencia de dos Estados.

Pero el tratado de 1874 no fue un acto aislado. Fue el producto de un largo proceso de erosión de la frontera de derecho establecida en el Tratado de Aranjuez de 1777, ese momento en que España, tras décadas de conflictos, había logrado fijar un límite preciso —221 pirámides desde el río Dajabón hasta Pedernales— que garantizaba la integridad territorial de la parte oriental. Era esa la legalidad vigente al momento de las discusiones del Tratado de 1874.

El quebrantamiento de la frontera establecida por el Tratado de Aranjuez de 1777 fue un proceso gradual y estratégico por parte de Haití, que se desarrolló en tres etapas clave. San Miguel de la Atalaya y San Rafael cayeron bajo dominio haitiano entre 1808 y 1809, cuando el general Christophe, aprovechando la retirada francesa durante el sitio de Santo Domingo, se adueñó de estas poblaciones sin que los dominicanos pudieran recuperarlas. Más tarde, en 1822, la invasión de Boyer consolidó la ocupación de Hincha y Las Caobas, un acto de conquista violenta que ignoró los límites históricos y la soberanía del efímero Estado Independiente del Este. Finalmente, en 1868, la guerra civil dominicana permitió a Haití adueñarse de Rancho Mateo, gracias a la tolerancia de los jefes revolucionarios que, en su lucha interna, descuidaron la defensa de la frontera.

Al concluir el Tratado de 1874, y tras la firma de los delegados al mismo, los haitianos alteraron deliberadamente el documento original.

El fraude en el Tratado de 1874 no fue un simple error de redacción, sino una manipulación deliberada del texto original. La frase acordada en el acta auténtica de la séptima conferencia —"las líneas fronterizas que los separan"— era clara y neutra, permitiendo que los límites se discutieran sobre la base de títulos históricos, como el Tratado de Aranjuez. Pero esta fue sustituida, mediante un burdo raspado en el papel, por "que separan sus posesiones actuales", una expresión anfibológica y traicionera que introducía el principio del uti possidetis de hecho. Con este cambio, Haití lograba convertir sus ocupaciones materiales —usurpaciones consumadas hasta 1874— en un título legal, despojando a la República Dominicana de territorios que, por derecho, le pertenecían. Cestero, con su aguda visión jurídica, advirtió que esta ambigüedad no era casual: era un mecanismo de legalización de la fuerza, donde la posesión por la violencia se disfrazaba de derecho, y la soberanía dominicana quedaba sacrificada en el altar de una frase astutamente intercalada.

2. Las observaciones del diputado Mariano Cestero

Mariano Cestero desmontó el Tratado de 1874 con una precisión quirúrgica, exponiendo sus vicios fundamentales. Primero, denunció la alteración material del texto: la frase "que separan sus posesiones actuales" fue intercalada a posteriori mediante raspaduras, transformando un acuerdo sobre límites en un reconocimiento de ocupaciones de hecho, un fraude deliberado que convertía el uti possidetis de fuerza en uti possidetis de derecho. Segundo, señaló la ambigüedad jurídica de "posesiones actuales", fórmula anfibológica que Haití interpretaba como sus ocupaciones de 1874, mientras la República Dominicana la entendía como el statu quo de 1856 o los límites de Aranjuez (1777), dejando el tratado en una contradicción irresoluble entre equidad y usurpación. Tercero, subrayó la incapacidad jurídica de los negociadores: la Constitución dominicana consagra la inalienabilidad del territorio, y los plenos poderes no los facultaban para ceder soberanía sin plebiscito, lo que invalidaba el tratado por ultra vires. Cuarto, criticó la subordinación de la soberanía a intereses financieros: el gobierno de González condicionó la firma a una indemnización de 150.000 pesos, reduciendo la frontera a una partida contable. Quinto, advirtió sobre la indeterminación del tratado, que aplazaba la delimitación definitiva a un "tratado especial" nunca concretado, dejando la frontera en un limbo. Sexto, alertó sobre sus efectos sociales destructivos: el libre comercio impuesto suprimió de facto las fronteras, sometiendo las comarcas dominicanas a la influencia haitiana, con el consiguiente deterioro de costumbres, moralidad e idioma. Para Cestero, el tratado fue una cadena de errores, fraudes y traiciones, donde el derecho, corrompido en su origen, se convirtió en cómplice de la descomposición

3. El arbitraje de Leon XIII en el diferendo entre Republica Dominicana y Haití

La cuestión territorial no se resolvió con el tiempo, sino que se afianzó como expresión viva de la dualidad insular. El Tratado de Aranjuez había asignado a España 55,107 km² en la isla, pero la realidad posterior redujo ese espacio a los actuales 48,445 km² de la República Dominicana, con una pérdida de 6,662 km², especialmente en la Plaine Centrale. Esta merma no fue un acto repentino, sino el resultado de un proceso en el que la ocupación efectiva prevaleció sobre el derecho histórico, mientras la debilidad política impidió revertir una situación consolidada por décadas de control material.

La frontera, así, trasciende su condición de línea divisoria para convertirse en la síntesis de todas las dualidades: territorio, sociedad y etnia se encuentran en ella como en un punto de tensión permanente. No es un accidente geográfico, sino un estado social que obliga a la nación dominicana a definirse en constante vigilancia, a afirmarse en medio de una vecindad que no comparte sus fundamentos históricos.

La dualidad, lejos de ser un episodio superado, es una estructura viva que condiciona el presente y se proyecta hacia el futuro. La nación dominicana surge, precisamente, de esa fractura: no como continuidad pacífica, sino como afirmación en medio del desgarramiento, como voluntad de persistir donde la historia había sembrado la división.

Sobre esa fractura primaria se alzó una oposición más profunda, de carácter social y político, que enfrentó en un mismo ámbito dos formas irreductibles de civilización: en el oriente, la sociedad hispánica, empobrecida pero coherente en su tradición, organizada en torno al hato, la familia patriarcal y una economía de resistencia; en el occidente, la colonia francesa, opulenta y desmesurada, sostenida por la explotación intensiva y la disciplina brutal de la plantación. Esta convivencia forzada engendró un estado de inestabilidad permanente, una conciencia colectiva marcada por la provisionalidad, en la que la vida nacional se percibía siempre amenazada por fuerzas externas y por decisiones, como las del Tratado de Basilea, que reducían al habitante a mero objeto de transacción.

De este modo, la antigua oposición entre derecho y posesión se transformó en litigio doctrinal: de un lado, la tesis dominicana, fundada en la continuidad jurídica de la soberanía española y en la validez de los límites de 1777; del otro, la posición haitiana, que, invocando el principio del uti possidetis, pretendía convertir la ocupación en título legítimo. Esta divergencia, que en el fondo reproducía la dualidad originaria de la isla, condujo inevitablemente a la búsqueda de un árbitro superior que, por su autoridad moral, pudiese decidir lo que la fuerza y la diplomacia no habían logrado conciliar.

Fue así como, bajo el gobierno de Ulises Heureaux, la cuestión fue llevada ante León XIII, en un intento de someter la controversia a un juicio que trascendiera los intereses inmediatos de las partes. La misión dominicana, encabezada por Emiliano Tejera y respaldada en la dirección política por Enrique Henríquez, trasladó a Roma no solo documentos, sino una concepción íntegra del derecho nacional: la “Memoria” presentada ante la Santa Sede era, en esencia, la reivindicación de una historia jurídica que Haití pretendía disolver en el simple ejercicio de la posesión.

Pero la controversia no tardó en desplazarse al terreno de las atribuciones mismas del arbitraje. El cardenal Mariano Rampolla del Tindaro, intérprete de la voluntad pontificia, dejó claro que la Santa Sede no podía reducir su función a la de un mero exegeta de cláusulas dudosas; el Papa solo aceptaría intervenir si se le concedían facultades amplias, capaces de restablecer, por equidad, el orden perturbado. En esta exigencia se escondía una verdad incómoda: la cuestión no podía resolverse dentro de los estrechos límites de la frase “posesiones actuales” sin sacrificar la justicia histórica.

La divergencia entre las partes se hizo entonces irreductible. Mientras la diplomacia dominicana, consciente del riesgo que entrañaba una interpretación literal del tratado de 1874, se inclinaba a conferir al Pontífice poderes discrecionales que permitieran superar la trampa jurídica, Haití insistía en ceñir el arbitraje a la letra estricta del texto, donde su ventaja era evidente. De este desacuerdo surgió el desenlace inevitable: en 1897, la Santa Sede declinó asumir el arbitraje, no por desinterés, sino por la imposibilidad de dictar una sentencia justa dentro de un marco deliberadamente restrictivo.

Este aparente fracaso encubría, sin embargo, una victoria negativa para la República Dominicana. Al rehusar decidir, León XIII evitó sancionar jurídicamente una situación que habría consagrado la pérdida territorial en favor del ocupante, devolviendo la cuestión a su estado anterior y liberando al país de un compromiso que podía resultar irreparable. Así, la gestión de Emiliano Tejera y Enrique Henríquez, lejos de concluir en una sentencia, logró impedir una condena.

No obstante, la dificultad permaneció latente y acabaría resolviéndose décadas más tarde por la vía que Peña Batlle juzga como la más amarga: la consagración del hecho sobre el derecho. Los acuerdos de 1929 y 1936 fijaron definitivamente la frontera, reconociendo a Haití los territorios ocupados durante más de un siglo, unos 6,662 km² respecto de la línea de Aranjuez. De este modo, lo que comenzó como una ambigüedad diplomática en 1874 terminó por convertirse en realidad jurídica, confirmando que, en la historia de la isla, la debilidad en el origen —aquella amputación inicial— continuó proyectando sus efectos hasta imponer, sobre el título legítimo, la persistencia de la ocupación. El despojo consagrado en el Tratado de 1874 ascendió a 6,662 km², una extensión equivalente a siete veces el tamaño de las Islas Turcas y Caicos (948 km²). Para dimensionar su magnitud: incluso sumando todas las Antillas Francesas (Guadalupe, Martinica, San Martín, San Bartolomé), las Antillas Holandesas (Curazao, Aruba, Bonaire, etc.), Barbados, Santa Lucía, Saint Kitts y Saint Thomas, el total (6,064 km²) no alcanza a cubrir el territorio perdido. Faltarían aún 598 km², casi el tamaño de Santa Lucía, para igualar la extensión de las comunes de Hincha, Las Caobas, San Miguel de la Atalaya y San Rafael, segregadas ilegalmente.

4. La traición de Ulises Heureaux

Ulises Heureaux consumó en 1898 la traición más lúgubre a la soberanía dominicana. Acosado por deudas privadas con los Vicini, suscribió una Convención Secreta que convertía la frontera en mercancía. El arbitraje invocado —con el Papa León XIII como árbitro— no era sino una farsa: el Artículo 2 lo anulaba de antemano, pues si el fallo no se producía, la línea de 1874 —esa frontera de ocupación— se impondría como definitiva. La indemnización prometida, un millón de pesos, era un espejismo: 400.000 se deducirían por deudas del Tratado de 1874, otros 100.000 por gastos del arbitraje, y el adelanto de 400.000 pesos que recibió Heureaux se esfumó en sus arcas privadas, dejando al Estado con migajas. Violó así el plebiscito de 1895, que solo autorizaba un arbitraje de derecho, y transformó el mandato popular en una venta encubierta de territorio. El secreto diplomático —un año de ocultamiento— fue el último velo de una infamia donde la soberanía se transó por monedas, y el pueblo, ajeno a las maniobras, vio su patrimonio dilapidado en el altar de los intereses particulares del dictador.

Referencias bibliográficas

• Almoina, J. (1946). La frontera de la República Dominicana con Haití. Santo Domingo, República Dominicana: Editorial La Nación.
• Cestero, M. A. (2009). 1. Cartas insurgentes y otras misivas (A. Blanco Díaz, Ed.). Santo Domingo, República Dominicana: Archivo General de la Nación.
• Páez Piantini, W. (2001). Relaciones domínico-haitianas: 300 años de historia. Recopilación de documentos desde 1678 hasta el 2000. Santo Domingo, República Dominicana: Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores.
• Peña Batlle, M. A. (1988). Historia de la cuestión fronteriza domínico-haitiana (2a ed.). Santo Domingo, República Dominicana: Sociedad Dominicana de Bibliófilos.
• República Dominicana y República de Haití. (1875). Tratado de paz, amistad, comercio, navegación y extradición entre la República Dominicana y la República de Haití. Santo Domingo, República Dominicana: Imprenta de García Hermanos.
• Tejera, E. (1974). Memoria que la Legación Extraordinaria de la República Dominicana en Roma presenta a la Santidad de León XIII (2a ed.). Santo Domingo, República Dominicana: Secretaría de Educación.
• Tolentino Rojas, V. (1944). Historia de la división territorial 1494-1943. Santiago, República Dominicana: Editorial El Diario.