El progreso que nadie le atribuye al Estado

Entre las cifras que Latinobarómetro publicó el 2 de octubre hay una distancia que dice más sobre la democracia dominicana que cualquiera de sus porcentajes aislados, porque apenas 18% de los entrevistados en el país prefiere, en algunas circunstancias, un gobierno autoritario, mientras 61% aceptaría un gobierno no democrático si resolviera los problemas, nueve puntos por encima del agregado regional. La brecha entre ambas respuestas indica que la palabra autoritarismo conserva un rechazo considerable y que lo que encuentra receptividad es la promesa de eficacia, de manera que una parte amplia de la ciudadanía, sin haber renunciado a la democracia como idea, parece dispuesta a juzgarla del modo en que se juzga a cualquier proveedor, por lo que entrega y por lo que cuesta obtenerlo.

Esa disposición resultaría comprensible en un país en declive, y lo desconcertante es que la República Dominicana no lo está. Según el Programa Estado de la Nación, el PIB real por habitante creció a un promedio anual de 3.43% entre 2000 y 2024, frente a 1.16% en América Latina y el Caribe, la productividad laboral superó el promedio regional después de haber estado por debajo, y el ingreso del quintil más pobre pasó de representar 6.58% a 13.44% del ingreso del quintil más rico, mientras el boletín oficial sitúa la pobreza monetaria en 17.3% en 2025, frente a 19.0% un año antes, y los índices institucionales del mismo informe no describen un colapso, puesto que el de democracia liberal subió de 0.36 a 0.45 en ese período, de modo que quien atribuya la tolerancia autoritaria a un simple deterioro material o institucional tendrá que explicar por qué las series apuntan en la dirección contraria.

La pista más sugerente aparece cuando se comparan las expectativas personales con las colectivas, ya que 77% de los dominicanos cree que él y su familia van en la dirección correcta y solo 30% piensa lo mismo del país, en tanto apenas 24% considera que el Estado ha hecho mucho o algo por su familia en los últimos tres años y 76% desconfía de que los impuestos se gasten bien. Leídos juntos, esos datos sugieren una hipótesis verificable, según la cual el progreso dominicano estaría siendo vivido como una conquista privada, obtenida con trabajo, remesas y redes familiares, mientras el Estado queda fuera del relato de quienes mejoran, lo que equivaldría a una privatización de la atribución del progreso cuyas consecuencias políticas son más serias de lo que sugiere cualquier índice de satisfacción.

Esa atribución privada descansa sobre una base material reconocible, pues con una informalidad de 53.8% del empleo en el segundo trimestre de 2026, según el Banco Central, una mayoría de los trabajadores construye su seguridad económica fuera de las instituciones que deberían respaldarla, y cuando la escuela, la consulta, el transporte o la seguridad no responden con la fiabilidad esperada, los hogares destinan parte de su ingreso adicional a comprar lo que el servicio público no les garantiza, con lo cual la mejora llega acompañada de un gasto que cada familia identifica como propio. La salud ilustra el problema con particular nitidez, porque la mortalidad infantil estimada para 2024 se mantiene en 27.7 por mil nacidos vivos y la inversión pública en salud que compila el PEN es de 167.73 dólares por habitante en 2023, frente a 225.18 en el agregado regional, diferencia que, con la prudencia que imponen las distintas coberturas institucionales, basta para mostrar que la conversión de crecimiento en servicios avanza más despacio que el crecimiento mismo.

El dato que vuelve más fina esta lectura es que la valoración de los servicios dominicanos supera en parte la regional, con 51% de satisfacción con la educación pública y 39% con los hospitales públicos, frente a 40% y 28% en la región, lo que debilita la idea de un rechazo generalizado y refuerza la de un déficit de atribución, en el que los servicios existen y se valoran sin que esa valoración se traduzca en confianza hacia quienes los gestionan. La confianza registra 20% en los partidos, 30% en el Congreso y 28% en el Poder Judicial, por debajo del 35% que obtiene el presidente, y cuando 40% de los entrevistados cree que la democracia puede funcionar sin partidos, 38% sin oposición y 28% sin elecciones, lo que se observa es una legitimidad que tiende a concentrarse en la persona y a desentenderse de los mecanismos de control, precisamente aquellos cuya utilidad nadie percibe en su vida diaria porque su función consiste en impedir abusos que, cuando funcionan, no llegan a producirse.

La tensión estaba anunciada desde hace tiempo, ya que en 2010 la Comisión Attali empleó datos de Latinobarómetro para examinar la desconfianza institucional y la percepción de un reparto desigual del crecimiento, reclamó un verdadero contrato social y advirtió que las expectativas de la estrategia nacional podían frustrarse si los cambios no se concretaban, mientras el informe de Harvard objetaba un patrón de crecimiento apoyado en la demanda interna y con escasa respuesta laboral. Dieciséis años después, la advertencia ha cambiado de naturaleza, porque el crecimiento se produjo y la pobreza se redujo, y lo que no parece haberse construido es el vínculo verificable entre esos avances y las instituciones democráticas que deberían capitalizarlos, una carencia que deja abierto el terreno a quien prometa resolver sin someterse a límites.

De esta lectura se desprenden consecuencias prácticas que conviene separar de la tentación propagandística, porque la difusión de logros no sustituye la experiencia de un servicio que llega a tiempo, cuesta lo previsto y trata a todos por igual, y una campaña que celebre el crecimiento ante familias que lo atribuyen a su propio esfuerzo puede ampliar la distancia que pretende cerrar. Lo que permitiría reconstruir la atribución es la medición pública de lo que el Estado efectivamente entrega, con tiempos de espera, gasto de bolsillo, continuidad de la atención y resultados de aprendizaje publicados con regularidad y comparables entre territorios, de modo que cada ciudadano pueda reconocer en su entorno la contribución institucional. Los microdatos de Latinobarómetro permitirían además comprobar la hipótesis con rigor, estableciendo si quienes han mejorado su ingreso y su acceso a servicios conservan la misma tolerancia a excepciones autoritarias que quienes no lo han hecho, una prueba cuyo resultado podría obligar a abandonar esta interpretación y que, por esa misma razón, debería realizarse antes de diseñar cualquier respuesta.

Mientras esa comprobación no exista, conviene evitar dos lecturas igualmente cómodas, la que convierte el 61% en una mayoría dispuesta a aceptar una dictadura, cosa que la encuesta no autoriza a afirmar, y la que exhibe el crecimiento como prueba de que el malestar carece de fundamento, cuando las mismas cifras muestran que el progreso económico puede convivir con una legitimidad democrática condicionada a resultados que la gente no reconoce como públicos. La tarea que se desprende para el próximo ciclo de reformas, incluidas las de salud y seguridad social que hoy se discuten, consiste en diseñar cada intervención de modo que su efecto pueda observarse, medirse y atribuirse, y en aceptar que una política exitosa cuyo beneficio el ciudadano no puede identificar contribuye menos de lo que parece a la defensa de las instituciones que la hicieron posible.

Fuentes

Banco Central de la República Dominicana. (2026). Comunicado sobre los resultados de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo del segundo trimestre de 2026 [Comunicado de prensa]. https://www.bancentral.gov.do/a/d/6666

Comisión Internacional para el Desarrollo Estratégico de la República Dominicana. (2010). República Dominicana 2010–2020 (J. Attali, dir.). https://www.attali.com/download/RD_InformeFinal_ES.pdf

Consejo Nacional de Rectores, Programa Estado de la Nación. (2026). Perspectivas de Centroamérica y República Dominicana 2030. PEN. https://repositorio.conare.ac.cr/items/f956a29f-8919-4561-b276-8823359ffc70

Corporación Latinobarómetro. (2026). Informe 2026. ¿La crisis de la democracia liberal? https://www.latinobarometro.org/noticias/informe-latinobarometro-2026

Federal Reserve Bank of St. Louis. (2026). Infant mortality rate for the Dominican Republic [Serie SPDYNIMRTINDOM]. FRED. https://fred.stlouisfed.org/data/SPDYNIMRTINDOM

Hausmann, R., et al. (2012). Construyendo un mejor futuro para la República Dominicana. Herramientas para el desarrollo. MEPyD; Center for International Development, Harvard University. https://growthlab.hks.harvard.edu/wp-content/uploads/2015/08/2011-03-building-better-dominican-republic-reporte-harvard.pdf

Ministerio de Hacienda y Economía. (2026). Boletín de pobreza monetaria 2025. https://www.hacienda.gob.do/wp-content/uploads/2026/02/Boletin-Pobreza-Monetaria-2025.pdf