El populismo penal

Desde los años noventa, el populismo penal es un término que se viene utilizando para describir las tendencias expansionistas de la política criminal. El maestro Ferrajoli, al hablar de la crisis de la democracia constitucional expresa que se trata de una política de seguridad dirigida a obtener consenso apoyándose en el miedo y en la demanda de medidas represivas, mediante un uso coyuntural y demagógico del derecho penal. Es una forma político-cultural que procura moldear el pensamiento de la sociedad a través de los medios de comunicación, que explotan lo simbólico y emocional del delito y de su castigo. Presenta a las personas sometidas al proceso penal como enemigos cósmicos, monstruos irreformables a quienes hay que encerrar y apartar de la sociedad sin segundas oportunidades, y remata con una hiperutilización del sistema penal para resolver conflictos sociales cuya solución no siempre está en el derecho penal.

Nuestro sistema penal, en efecto, ha sido inoculado con una alta dosis de populismo, lo que ha influido seriamente en la política criminal del Estado y en el diseño de la ley penal, al ignorar la función constitucional y elemental de la reinserción. Contradecir la ley sustantiva en cuanto a la razón de ser de la pena va mucho más allá del aplauso mediático que suscita la justicia paralela engendrada por el populismo.

Este fenómeno, a todas luces negativo, afecta a toda la órbita penal y a todas las etapas del proceso, empezando por los shows mediáticos para detener personas —contrarios a los fines procesales creados por el legislador— a cargo de autoridades a las que se les supone una conciencia garantista introyectada. Así, la persecución penal se convierte en un triste espectáculo de estigmatización pública de ciudadanos que, hasta que recae una condena, permanecen bajo la cobija constitucional de la presunción de inocencia.

Penosamente, el populismo penal legitima la exposición y los linchamientos mediáticos y, al mismo tiempo, genera una tormenta de alabanzas y vítores a los órganos de persecución. La sociedad se vuelve adicta a un discurso que apuesta por la prisión preventiva y el encarcelamiento masivo e indiscriminado, deviniendo en que todos nos convirtamos en inquisidores al considerar culpable a toda persona detenida e imputada, mientras el morbo colectivo asume estas prácticas como una manifestación de “justicia pronta y cumplida”.

Muchos son los efectos nocivos de este fenómeno, que envuelve lo político, lo jurídico, lo cultural y lo social, y al que el pensamiento penal moderno ha llamado la enfermedad del siglo XXI, portadora de un discurso de odio y, a la vez, discriminatorio. Y es que, con el populismo, la justicia penal atraviesa una crisis regresiva que se manifiesta en la reducción de las garantías, tanto sustantivas como procesales. Esta crisis alimenta las campañas para aterrorizar a la opinión pública, incita a los inútiles excesos de la pena y potencia la demagogia punitiva con un discurso penal autoritario, deslucido y maltrecho, que coloca a la víctima en el epicentro de la discusión político-criminal y al delincuente como enemigo. Con ello se gesta una quiebra de la legalidad penal que contraviene el ordenamiento jurídico y que, en consecuencia, desnaturaliza la razón de ser y el deber ser del proceso penal y de los principios que lo gobiernan.

Hoy, a más de dos décadas de la adopción de un modelo de justicia acusatorio, la cultura inquisitoria corre por las venas de algunos actores del sistema y sigue habitando ciertos rincones de la justicia penal; el número de presos preventivos aumenta de forma constante; los tribunales están abarrotados de procesos que van camino a la extinción; el sistema penitenciario es cada vez más deficiente; y el Estado de derecho, la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el debido proceso descansan sobre papel impreso, vencidos por el populismo penal.