El negocio de la deuda pública

Recientemente se publicó el estudio “Deuda Pública en República Dominicana: Cuánto pagamos, cuánto debemos y quién gana”. Este documento, bajo el auspicio académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UASD, pone el foco en las cifras de la deuda estatal, pero con la novedad de explicar tanto la deuda externa como la interna, y, además, quiénes son los reales beneficiarios de la misma.

En el estudio se revela que para cubrir deuda pública y déficit, el Presupuesto General del Estado 2026 destinará 401,800 millones de pesos, compitiendo con lo destinado al Ministerio de Educación y Ministerio de Salud juntos. Un 23.4% del Presupuesto 2026 será cubierto con nueva deuda, el famoso "roll over" de asumir más deuda nueva para pagar la antigua.

La deuda pública total ha llegado a la impactante suma de 74,895 millones de dólares, un 57.5% del PIB. De este total, la deuda del Gobierno (sector público no financiero) llega a 60,183 millones de dólares. De estos, 16,141 millones de dólares son deuda interna, que se le deben a prestamistas o compradores de bonos internos.

De deberle a gobiernos y organismos internacionales, se ha pasado a que los acreedores privados controlen ya el 76% de la deuda pública externa del gobierno, y casi el 100% de la deuda interna. Es decir, con la deuda se ha privatizado de facto el país, en más de la mitad del PIB.

Es sumamente relevante conocer que las entidades de intermediación financiera internas tienen ya más de 900 mil millones de pesos invertidos en deuda del Gobierno y del Banco Central, encabezadas por las AFP, que tienen más de 803 mil millones de pesos colocados en el negocio.

Esto significa que los grandes grupos financieros, dueños de las AFP, lograron con la Ley No. 87-01 de “seguridad social” que las cotizaciones sociales y los fondos de pensiones no le den a prácticamente nadie una pensión digna y suficiente, pero sí sean un mecanismo para obtener ingentes ganancias de forma improductiva y, de paso, acumular poder económico y poder político teniendo al Estado como deudor ¡en bonos que pagan con sus impuestos los mismos cotizantes que ponen el dinero!

La crisis fiscal permanente es un jugoso negocio. Se dan privilegios fiscales a quienes deberían pagar más, lo cual limita los recursos para desarrollar el país, tener derechos garantizados, servicios dignos y calidad de vida. A los mismos grupos que no pagan esos impuestos se les entrega riqueza social como los fondos de pensiones, para que hagan negocios endeudando al país, a cambio de darle a la gente limosnas, precariedad e inseguridad; y es la misma mayoría de gente la que carga con la mayor parte de impuestos que los de arriba no cubren y pagará también la inmensa deuda, a través de generaciones. Encima, los acreedores privados terminan acorralando a las instituciones y las decisiones políticas. ¿Qué más se puede pedir?

Resolver la crisis de ingresos y deuda con una nueva política fiscal es imperativo, para que los recursos de la sociedad sean suficientes, rindan y estén al servicio del bienestar social; para que no se vayan en pagarle a prestamistas; y para recuperar, de verdad, la soberanía económica y política y que las instituciones respondan al conjunto del pueblo dominicano, como dicta la Constitución, y no a quienes controlando las riquezas se han convertido en un poder supremo, sin que nadie los elija.