Algo se ha desplazado en la forma en que el poder actúa en la política internacional contemporánea. No se trata de su desaparición, sino de una modificación más sutil en su modo de operar. Cada vez con mayor frecuencia, el poder interviene sin exponerse abiertamente a la decisión, como si esta se hubiese vuelto un gesto demasiado costoso. Allí donde decidir implica asumir riesgos militares, económicos o políticos difíciles de sostener, el lenguaje comienza a cargarse de densidad moral. Aparecen entonces las condenas públicas, los pronunciamientos solemnes y los alineamientos retóricos, no tanto como expresión de una ética más exigente, sino como una forma de intervenir sin negociar, de ejercer presión sin asumir de frente el precio de la confrontación.
Este desplazamiento no debe leerse como un simple desvío retórico; remite a una mutación estructural en el ejercicio del poder. La política exterior ha transitado de manera progresiva desde una lógica centrada en la soberanía, el equilibrio de intereses y la negociación propia del orden westfaliano hacia una forma de intervención indirecta en la que el conflicto se gestiona mediante juridificación, señalamiento moral y presión simbólica. El moralismo cumple aquí una función precisa, tensionar o vulnerar la soberanía del otro sin asumir explícitamente la figura del agresor, sustituyendo el intercambio político por la imputación ética.
En ese contexto la negociación fue perdiendo centralidad como acto soberano. No porque haya dejado de ser necesaria sino porque se volvió más difícil de sostener en sistemas internacionales fragmentados, con legitimidades internas frágiles y costos crecientes. En lugar de asumir esa dificultad, buena parte de la política internacional optó por desplazarla. Se habló cada vez más en nombre de principios universales justo cuando la capacidad de ordenar el espacio geopolítico se reducía. La corrección moral entonces empezó a confundirse con la capacidad de gobernar, no por convicción sino por agotamiento de las herramientas clásicas del poder.
Así el moralismo comenzó a operar como una tecnología política de baja intensidad. No resuelve conflictos, pero los administra simbólicamente; no construye paz pero produce relatos y no modifica estructuras, pero ofrece una posición desde la cual seguir interviniendo sin negociar. Condenar empezó a sustituir y a decidir, denunciar a reemplazar la transacción, la distancia ética a ocupar el lugar que antes tenía la responsabilidad política. El poder no se retiró, más bien se protegió.
Desde esta perspectiva el moralismo puede entenderse también como una economía política del discurso internacional. Emitir condenas o declaraciones éticas es una operación de bajo costo; no exige redistribuir poder, no compromete recursos materiales, no obliga a asumir pérdidas visibles. Negociar en cambio resulta caro e implica concesiones, riesgos, exposición al fracaso. Cuando el capital político real escasea el discurso moral funciona como activo de reserva. Una moneda que puede emitirse en abundancia precisamente porque su respaldo material es débil. A menor capacidad de intervención efectiva mayor inflación retórica.
Esta inflación tiene consecuencias políticas concretas. Al saturar el espacio internacional de imputaciones morales el conflicto se desplaza del terreno de la responsabilidad y la transacción al de la identidad y la pureza. En ese punto se activa un mecanismo bien conocido por la teoría política. El adversario deja de ser un competidor con intereses reconocibles y negociables para convertirse en un criminal moral. Ya no se lo concibe como un hostis con quien se pacta sino como un inimicus al que se denuncia. Cuando el otro es definido como el mal negociar deja de ser una opción legítima y no fracasa por debilidad, sino que queda prohibido por principio.
El moralismo no es entonces solo un síntoma de impotencia. Es también una estrategia activa de bloqueo diplomático porque al moralizar el conflicto se clausura deliberadamente la posibilidad de compromiso pragmático mientras se preserva una apariencia de acción política. El sistema se mantiene en movimiento sin desplazarse; hay actividad discursiva pero no transformación. Es que rumiar sustituye a decidir.
Este proceso no se agota en el plano simbólico. Cuando la política se reduce al moralismo el poder no desaparece, sino que se desplaza; migrando hacia zonas de opacidad técnica, financiera y regulatoria que quedan fuera del debate público. Mientras el discurso se satura de categorías morales las decisiones sustantivas se toman en otros lugares, a través de algoritmos, flujos de capital, estándares de deuda o marcos normativos transnacionales que no rinden cuentas democráticas.
Desde el punto de vista subjetivo este desplazamiento también cumple una función. En contextos de alta incertidumbre el moralismo ofrece refugio; simplifica la complejidad, reduce la ambigüedad, protege identidades frágiles frente a la intemperie del conflicto. Condenar resulta menos angustiante que decidir y mantener una coherencia moral intacta exige menos que asumir pérdidas irreversibles. El moralismo abriga, pero lo hace al precio de sustraer el conflicto del campo donde podría ser gestionado.
Por eso su agotamiento no anuncia un retorno edificante a una política más justa ni más humana. Lo que aparece es algo más incómodo y menos conciliador: la reaparición de la tragedia como horizonte posible de la acción política. Negociar no remite aquí a una madurez ética ni a un gesto de concordia, sino a la aceptación de que el mundo se organiza en torno a conflictos que no se resuelven del todo, pérdidas que no pueden repararse y decisiones que se toman sin garantías morales absolutas. Tal vez por eso el moralismo funcione como una forma de rechazo a esa pérdida, en la medida en que evita el costo de asumir que toda política efectiva implica daño, renuncia y límites que no pueden traducirse en virtud.
En ese punto, el moralismo deja de ser eficaz no porque haya sido desenmascarado, sino porque deja de cumplir su función como sustituto. Cuando el poder vuelve a exponerse a la negociación, al intercambio y a la asunción de costos visibles, ese recurso pierde utilidad. No hay victoria moral en ese desplazamiento ni aprendizaje colectivo garantizado. Solo el agotamiento de una ilusión que durante demasiado tiempo permitió postergar decisiones que ahora reaparecen sin resguardo simbólico.
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