La decisión de Fitch Ratings de cambiar la perspectiva de la República Dominicana de positiva a estable, manteniendo la calificación en BB-, no supone un desplome inmediato. Pero tampoco es un trámite sin importancia. Es una advertencia. El país conserva su nota y mantiene acceso al financiamiento, pero perdió fuerza ante quienes evalúan el riesgo soberano. El relato de mejora continua empezó a tropezar con cifras menos favorables.
El Ministerio de Hacienda intentó bajar el golpe presentando el cambio como un acto de cautela internacional. La defensa es políticamente comprensible, pero incompleta. Fitch no habló de una incertidumbre global en abstracto. Habló de problemas concretos de la economía dominicana. El punto no está en discutir si la nota bajó o no. Está en que se debilitó la expectativa de mejora. Y eso importa, porque afecta confianza, costo del crédito y percepción de riesgo.
Los datos son difíciles de maquillar. Fitch proyectó que el crecimiento promedio entre 2023 y 2025 sería de 3,1 %, por debajo del 3,9 % de los países con calificación similar. A eso se suma el dato del Banco Central, que situó el crecimiento de 2025 en apenas 2,1 %. Para una economía que lleva años presentándose como líder regional, esa pérdida de tracción no es menor.
Pero el punto más delicado no es la deuda por sí sola. Es la capacidad fiscal para sostenerla. Fitch estimó que el pago de intereses absorbió 21,9 % de los ingresos públicos en 2025, la proporción más alta entre los soberanos con nota BB. En palabras simples: de cada cien pesos que recauda el Estado, casi veintidós se van solo en intereses. Ese dato dice más que muchos discursos.
Hacienda también buscó alivio comparándose con Moody’s y S&P. Pero que otras agencias mantengan una visión más favorable no borra la advertencia de Fitch. Tampoco elimina los problemas que señaló: baja recaudación, rigidez del gasto, subsidios ineficientes y escaso margen de maniobra. Compararse con la agencia menos dura no corrige el fondo. Apenas sirve para bajar presión política por unos días.
El sector eléctrico vuelve a aparecer como un lastre conocido. Las pérdidas, los subsidios y la falta de reformas siguen drenando recursos públicos y aplazando soluciones. Ahí no hay novedad. Hay persistencia. Y esa persistencia tiene costo fiscal, reduce espacio para inversión útil y le recuerda al mercado que el Estado sigue postergando una corrección que debió llegar hace años.
La nota se mantiene. El margen se estrecha. Sin reforma fiscal, sin corrección del agujero eléctrico y sin recuperar un crecimiento más firme, el mercado dejará de comprar entusiasmo oficial. Lo que pide no es relato. Es capacidad real de corregir, con decisiones concretas y menos propaganda económica de ocasión.
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