El maestro no sabe si enseña bien

Nadie le dijo nada a Julio en doce años.

Julio es un nombre inventado, pero el maestro es real. Enseña ciencias naturales en un liceo del Cibao. Tiene buena letra en la pizarra, trato amable con los estudiantes, nunca ha llegado tarde. El director lo aprecia. Los padres no se quejan. Y sus estudiantes, en promedio, aprueban.

Lo que nadie sabe —incluido Julio— es si eso es suficiente. Doce años frente a un aula y nunca ha tenido una conversación real sobre su propia práctica. No porque no quiera. Porque el sistema nunca se lo ofreció.

Eso es, en el fondo, lo que intenta resolver la Evaluación del Desempeño Docente 2025. No el escalafonamiento. No el debate salarial, aunque ese también importa. Lo que intenta resolver —si el proceso tiene honestidad suficiente para llegar ahí— es que el sistema sepa lo que tiene adentro. Que Julio sepa lo que es.

Más de 129,953 maestros están siendo evaluados en este ciclo, el proceso más ambicioso en décadas. Cinco etapas: autoevaluación, evaluación entre pares, evaluación del superior inmediato, y al final un ejercicio de rendimiento en situaciones reales de trabajo. En teoría, eso es mirar al docente desde varios ángulos. Mejor que una prueba de selección múltiple hecha en un cubículo.

Pero a mitad del proceso, la evaluación al superior inmediato la había completado solo el 21% de los maestros. La autoevaluación iba en 43%. La evaluación entre pares en 47%.

Cuando un proceso de esa escala camina así, la causa no es técnica. Es que la gente no le cree. Y tiene razones históricas para ello: en la evaluación anterior, los docentes clasificados como deficientes recibieron el mismo aumento de salario que todos los demás. El sistema dijo, en esa decisión, algo que ningún discurso ministerial puede desmentir: da igual cómo enseñes.

Antes de seguir con el proceso, hay que separar cuatro cosas que el debate dominicano mezcla constantemente y que, mezcladas, producen políticas confusas y maestros desconfiados.

La primera es el salario. El docente merece una remuneración digna por la sola razón de lo que hace: formar personas. Ese es un derecho que no depende de los resultados de ninguna evaluación. Del 2014 al 2024, el salario docente creció un 84%, y el salario inicial del maestro de primaria equivale a 1.06 veces el PIB per cápita del país, lo que posiciona a los docentes dominicanos entre los mejor pagados de la región. Eso es real. Pero también es real que muchos de esos salarios llegan diezmados al bolsillo por deudas con cooperativas que el propio sistema de bajos salarios históricos generó. El número en el papel y el número en la mano no son el mismo número.

La segunda es el reconocimiento social. El maestro merece respeto público, prestigio profesional, un lugar en la sociedad que hoy no tiene. Eso no se paga con dinero ni se mide con una evaluación. Se construye con políticas culturales, con la manera en que el Estado habla del maestro. Mientras eso no cambie, la evaluación será vista como amenaza, no como oportunidad.

La tercera es la evaluación de desempeño propiamente dicha —que mide si el maestro ejerce bien su función profesional—. Esta sí debe tener consecuencias diferenciadas. No como castigo, sino como política: el maestro que demuestra excelencia merece una trayectoria distinta al que lleva años sin mejora. Confundir esto con persecución es el argumento del gremio cuando no tiene otro argumento.

La cuarta —y la más delicada— son los incentivos asociados a resultados de aprendizaje. Hay que ser muy precisos aquí, porque lo que miden PISA y las pruebas nacionales no es al maestro. Miden el sistema, el currículo, las condiciones del hogar, la nutrición, el acceso a libros, la estabilidad familiar. Que un estudiante aprenda es multifactorial. Pero dentro de esa multifactorialidad, lo que ocurre en el aula importa, y esa parte sí debería advertirse en los resultados a mediano plazo. El error no es vincular incentivos a aprendizaje. El error es hacerlo sin reconocer el contexto —y terminar castigando al maestro por la pobreza de sus estudiantes.

He visitado escuelas donde el maestro lleva el mismo cuaderno de planificación desde 2011. No porque sea flojo —a veces es todo lo contrario—. Sino porque nadie se ha sentado con él a preguntarle cómo le va, qué funciona, qué no, por qué sus estudiantes se pierden en tal momento y no en otro. Nadie ha abierto ese diálogo porque abrirlo requiere tiempo, confianza y una cultura de acompañamiento que el sistema nunca construyó. Sustituirlo por un formulario de evaluación es confundir el mapa con el territorio.

El argumento del gremio —que evaluar es perseguir— tiene raíz histórica verdadera. En este país la evaluación ha servido para remover a quien molesta y proteger a quien conviene. Pero ese argumento, estirado hasta el límite, termina diciendo que ningún maestro debe rendir cuentas nunca. Y eso no protege al maestro. Protege al sistema que lo produce mal y no quiere que nadie lo note.

No voy a citar a Finlandia.

Voy a hablar de Colombia, que partió de condiciones más parecidas a las nuestras. Hace veinte años diseñó un estatuto que separó a los maestros ingresados antes de 2002 —sin evaluación de entrada— de los que entraron después, sometidos a concurso y evaluación con consecuencias reales. El resultado es que hoy Colombia tiene dos sistemas docentes dentro del mismo país: uno donde el mérito importa y uno donde no. Las diferencias en resultados entre ambos grupos no son coincidencia.

La República Dominicana puede aprender de eso sin repetirlo. El ingreso sigue siendo opaco en demasiados distritos. El escalón sigue premiando antigüedad más que desarrollo. Y si la EDD 2025 termina sin consecuencias diferenciadas —o peor, con las mismas consecuencias para todos— el ciclo se repite.

El ministro De Camps dijo que esta evaluación no debe verse como un juicio sino como una herramienta para honrar la trayectoria de los docentes. Me parece bien dicho. Pero honrar la trayectoria sin distinguirla no es honor —es condescendencia—. Y el maestro que lleva doce años enseñando bien, como Julio, merece algo más que eso.

Lo que venga después de la quinta etapa será el examen real. No de los maestros. Del ministerio. Si los resultados producen rutas de acompañamiento personalizadas, trayectorias diferenciadas y un debate público honesto sobre qué depende del docente y qué depende del sistema, el proceso habrá valido algo. Si se archivan en un informe, habremos gastado meses para confirmar lo que ya sabíamos: que en la República Dominicana las evaluaciones son eventos, no políticas.