Gobernar no es solo tener buenas intenciones. Exige planificación, visión de Estado y decisiones estudiadas antes de anunciarlas. Los países avanzan cuando sus gobiernos generan certidumbre. Retroceden cuando sustituyen la planificación por el ensayo y error.
En los últimos años, en República Dominicana se ha instalado un patrón preocupante: la improvisación como método de gobierno.
No hablamos de errores aislados. Hablamos de una práctica repetida: anunciar medidas sin suficiente consenso ni preparación, medir la reacción pública y, ante el rechazo o la inviabilidad, dar marcha atrás.
La lista es elocuente. La reforma fiscal se presentó como impostergable y fue retirada ante la primera resistencia. Iniciativas sobre regulación de medios y libertad de expresión fueron modificadas o abandonadas tras el rechazo de juristas y sociedad civil. La reforma de la Ley de Hidrocarburos sigue siendo anunciada, mientras dependemos de subsidios temporales que no resuelven el problema estructural. Proyectos mineros y estratégicos se suspenden o replantean tras conflictos que evidencian falta de diálogo previo. Y las fusiones o reorganizaciones institucionales se anuncian, posponen y olvidan, alimentando inestabilidad permanente.
Ni siquiera en temas prioritarios como la seguridad ciudadana se escapó de este patrón. Durante la campaña, se presentó como una gran promesa: el propio presidente Luis Abinader aseguró que estaría resuelta al 100% en no más de dos años. Al llegar al gobierno, sin embargo, la respuesta fue la improvisación: creación de comisiones, contratación de asesores, reuniones semanales y anuncios frecuentes que no han logrado revertir la percepción ciudadana de inseguridad. Los resultados, lamentablemente, no acompañan la retórica inicial.
A esta falta de rumbo se suma la percepción ciudadana de debilidad en los órganos de control fiscal. A pesar de la aprobación de la nueva Ley 18-24 y de la publicación de diversas auditorías, la Cámara de Cuentas aún enfrenta cuestionamientos sobre su celeridad, independencia plena y capacidad para generar consecuencias reales y oportunas ante las irregularidades detectadas. Cuando el órgano superior de control fiscal no proyecta la firmeza y efectividad que la ciudadanía demanda, se alimenta la sensación de impunidad y se debilita la confianza institucional.
Esto no es rectificar. Rectificar es una virtud cuando corrige excepciones. Cuando las marchas atrás se vuelven la norma, revelan una deficiencia profunda de planificación. Gobernar no consiste en lanzar globos de ensayo. Consiste en estudiar, decidir y ejecutar con firmeza.
Ese mismo patrón se refleja con crudeza en las finanzas públicas. Desde agosto de 2020, la deuda del Sector Público No Financiero ha aumentado en más de US$23.000 millones, pasando de unos US$44.000 millones a casi US$68.000 millones, con una relación al PIB cercana al 48 %.
El problema no es endeudarse. Las economías modernas lo hacen para crecer. El problema es endeudarse sin construir activos. Mientras la deuda sube año tras año, el gasto de capital se mantiene en niveles históricamente bajos: apenas 2,6 % del PIB al cierre de 2025.
¿Dónde están los caminos, acueductos, hospitales, escuelas o plantas energéticas que justifiquen esos más de 23 mil millones de dólares adicionales? Una parte importante de esos recursos ha servido para financiar gasto corriente, subsidios, pensiones, nóminas e intereses. En otras palabras: estamos hipotecando el futuro para pagar el presente. Uno de los peores negocios que puede hacer un Estado.
Cada proyecto retirado erosiona la confianza. Cada cambio de rumbo genera incertidumbre. Los inversionistas retrasan sus decisiones, la seguridad jurídica se debilita y la credibilidad del Estado se deteriora. La confianza, como bien sabemos, se construye con años y se pierde en meses.
Y cuando la improvisación llega a la salud, el daño se vuelve intolerable. Las investigaciones del Ministerio Público sobre el manejo de recursos en SeNaSa, de comprobarse, representarían uno de los episodios más inhumanos de corrupción reciente. Aquí ya no hablamos de balances: hablamos de dominicanos que necesitan medicamentos, cirugías y atención oportuna.
Los discursos se olvidan. Los resultados permanecen.
Este período deja dos legados principales: haber convertido la improvisación en rutina de gobierno, debilitando la planificación y la confianza institucional; y haber aumentado sustancialmente la deuda sin lograr la transformación productiva que el país necesita.
Los países que progresan no son los que más anuncian. Son los que mejor planifican.
La República Dominicana merece recuperar una cultura de gobierno seria: donde las decisiones se estudien antes de anunciarse, donde el endeudamiento financie desarrollo real y no gasto corriente, y donde la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) vuelva a ser el norte compartido que nunca debió perder.
Porque un país no se construye sobre improvisaciones. Mucho menos sobre una deuda que terminarán pagando nuestras hijas e hijos.
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