El Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de publicar la declaración final del personal técnico al término de la misión de consulta del Artículo IV correspondiente a 2025 en la República Dominicana. Como es costumbre, se trata de un documento diplomático, con un lenguaje cuidadosamente elaborado para transmitir confianza y evitar incertidumbres en los mercados. Sin embargo, una lectura atenta revela que más allá de los elogios formales, lo que el organismo multilateral está haciendo es lanzar advertencias claras sobre la dirección actual de la economía dominicana.
No es casual que muchos de esos señalamientos coincidan con análisis que hemos venido realizando en artículos previos en Acento, así como con planteamientos de importantes economistas nacionales. La preocupación por la estabilidad fiscal, la calidad del gasto, el déficit eléctrico, la capitalización del Banco Central y la necesidad de fortalecer la supervisión financiera no son temas nuevos. Lo significativo es que hoy, desde un organismo de primer orden, se validan como riesgos concretos que deben atenderse con urgencia.
El FMI insiste en la necesidad de avanzar en la adopción de las normas de Basilea II y III, como parte de un fortalecimiento de la supervisión bancaria. Y subraya algo que en la práctica muchos prefieren ignorar: las cooperativas de ahorro y crédito, que manejan importantes volúmenes de recursos, no están sujetas a estándares internacionales ni a un marco de supervisión realmente riguroso. Es un vacío regulatorio que aumenta la vulnerabilidad del sistema financiero.
El organismo también dedica un espacio importante al sector eléctrico, recomendando la reactivación del Pacto Eléctrico, la revisión de subsidios y la modernización de la red de transmisión y distribución. En buen dominicano, lo que está diciendo es lo mismo que hemos advertido en reiteradas ocasiones: que el déficit eléctrico es uno de los principales generadores de desequilibrios fiscales. Y conviene subrayar que ese déficit ha alcanzado niveles sin precedentes en este gobierno, lo que agrava la sostenibilidad de las finanzas públicas y se ha convertido en un problema estructural cada vez más difícil de manejar.
Otro aspecto resaltado en el informe es la necesidad de mejorar la calidad del gasto público. El FMI recomienda priorizar la inversión en infraestructura y capital humano por encima del gasto corriente, un señalamiento que apunta a un mal conocido e implementado en los gobiernos del PRM: la baja productividad del gasto público en la República Dominicana. A la vez, se insiste en la importancia de que exista una verdadera coordinación entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Central, condición indispensable para mantener la estabilidad macroeconómica.
El tema de la capitalización del Banco Central también ocupa un lugar central en el informe. El FMI advierte que es urgente implementar una estrategia integral para reducir el déficit cuasi fiscal y fortalecer la credibilidad de la política monetaria. No está de más recordar que la Ley de Recapitalización del BCRD fue promovida, promulgada y cumplida durante los gobiernos del expresidente Leonel Fernández, y que desde entonces no ha recibido la atención ni la continuidad necesarias. La omisión en este tema compromete la estabilidad financiera y deja al país más expuesto a shocks externos.
Un elemento que merece especial atención es el elogio que el FMI dedica a las últimas dos décadas, reconociendo los logros alcanzados en estabilidad macroeconómica, resiliencia y crecimiento sostenido. Pero ese reconocimiento al pasado, al mismo tiempo, se convierte en un contraste con el presente. Los problemas actuales, desde la desaceleración de la economía hasta el deterioro de los equilibrios fiscales, no reciben la misma valoración positiva. El silencio en torno a la gestión del gobierno actual es, en realidad, una forma diplomática de advertencia.
El FMI no puede ni debe sembrar pesimismo, pero tampoco puede ocultar las vulnerabilidades. Por eso, sus palabras, leídas entre líneas, constituyen un llamado de atención: la República Dominicana necesita disciplina fiscal, un manejo responsable del sector eléctrico, una mejor calidad del gasto y una capitalización efectiva del Banco Central. El elogio al pasado, en realidad, es la medida implícita de lo que hoy falta. Y ese contraste, dicho en tono diplomático, es una advertencia clara.
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