El eufemismo de los 'gobiernos locales' y la desfiguración en el discurso municipal

En años recientes, los términos “gobiernos locales” y “alcaldía” se han incorporado de manera cotidiana al lenguaje político e institucional de la República Dominicana, hasta el punto de protagonizar el discurso municipalista. Su uso extendido entre políticos, comunicadores y académicos ha provocado una suerte de normalización. Sin embargo, cabe preguntarse: ¿por qué resulta relevante examinar esta tendencia? Sencillamente porque el lenguaje no es neutro; a través de su empleo se expresan intencionalidades deliberadas o sesgos inadvertidos. 

En el caso de la expresión “gobiernos locales”, nos encontramos ante un eufemismo institucional. Se utiliza indistintamente para englobar a dos tipos de entidades territoriales (municipios y distritos municipales) y a los dos tipos de órganos que las gestionan (ayuntamientos y juntas de distritos municipales). Es justamente ahí donde radica el riesgo: al diluir las diferencias entre distintas categorías conceptuales, se abre paso a la paulatina desaparición de estas diferencias sin que medie un debate democrático e institucional.

El “gobierno” es, en rigor, una función político-administrativa que ejerce un determinado órgano público (nacional o local). En este sentido, el “gobierno local” no es una entidad ni una persona jurídica, sino la función que ejerce un ayuntamiento en representación de un ente territorial llamado municipio (o bien, una junta de distrito municipal en su respectiva demarcación). Subjetivar la función no la convierte en persona jurídica y por tanto no la hace sujeto de derechos y obligaciones. La relevancia de esta precisión trasciende el carácter aparentemente semántico de la misma.

El municipio es mucho más que su órgano de gobierno o que la función que este desempeña: es, esencialmente, la colectividad de ciudadanos que habita un territorio subnacional y a la cual se le han devuelto derechos de auto regulación política, social y económica. Como acertadamente señaló Eduardo García de Enterría, el municipio es una “comunidad vecinal personificada, el cual el ordenamiento jurídico dotó de personalidad jurídica”. En el modelo dominicano, dicha comunidad puede integrar, o no, subcomunidades más pequeñas conformadas por los habitantes de varias secciones del municipio elevadas a la categoría político-administrativa de distritos municipales.

Es imperativo precisar que el verdadero sujeto de la descentralización es esa “comunidad vecinal personificada” y no su órgano de representación política, ni mucho menos la función que este ejerce, el cual es sólo el vehículo para canalizar la voluntad de los ciudadanos locales, quienes reciben, por vía constitucional, la autonomía política para gestionar su territorio directamente o, a través de representantes democráticamente electos, de la misma manera que en la escala nacional es el pueblo dominicano el soberano del que emanan todos los poderes.

Es entonces esta realidad, la que el uso del recurso discursivo “gobiernos locales” tiende a invisibilizar, normalizando el uso de un término ambiguo y difuso, pero que hace posible de forma sutil, implantar en el imaginario colectivo, que la cuestión municipal es asunto exclusivo de las autoridades políticas que ejercen el gobierno en el territorio. Se despoja así “sutilmente” al ciudadano de su rol protagónico en la gestión de lo local.

De forma paralela, se observa en nuestro país otro fenómeno similar, que es el desplazamiento en la comunicación oficial del término “ayuntamiento”, el cual está siendo sustituido por el término “alcaldía”. De conformidad con la RAE, la palabra ayuntamiento proviene del castellano antiguo ayuntar, que a su vez deviene del latín adjuntare, que refiere a la acción o efecto de juntarse o reunirse.  Por tanto, el ayuntamiento es el cuerpo colegiado a través del cual la ciudadanía se agrupa para gestionar un territorio que les es propio. A este efecto los ciudadanos, por medio de las asambleas electorales escogen a sus representantes políticos para gobernarles a través de dos órganos diferenciados: el Concejo de regidores (órgano normativo, fiscalizador y representativo), y la Alcaldía (órgano ejecutivo).

Sin embargo, las autoridades ejecutivas municipales han estado modificando, a través de los años, la imagen institucional de sus ayuntamientos comunicando sus actividades, obras, tareas y acciones como exclusivas de la “alcaldía”. Con este sutil recurso, se trata de personalizar la gestión municipal en la figura del alcalde o alcaldesa y se invisibiliza la corresponsabilidad del Concejo de Regidores, que es la instancia que encarna la pluralidad política del electorado local.

Aunque el marco normativo e institucional mantenga formalmente el uso de la terminología histórica del modelo de descentralización dominicano, la nueva terminología presente en el discurso y la narrativa altera la representación de las instituciones políticas locales en el imaginario popular. Los fenómenos de redefinición lingüística presentes en la comunicación política e institucional tienden a producir efectos políticos que favorecen: la invisibilización de las diferencias entre ente, órgano y función; la des-estimulación del empoderamiento ciudadano respecto del proceso de descentralización; y la personalización de la gestión de lo local. No se trata de una modificación lingüística neutra. En la política, la modificación del lenguaje raras veces es inocente; como advertía Talleyrand: “El lenguaje se ha dado al hombre para que pueda encubrir su pensamiento”.

Desarmar esos eufemismos es el primer paso para devolverle a las palabras su verdadera función: nombrar la realidad, no camuflarla.