El Estado que funciona: rendición de cuentas de un país que decidió escucharse

Toda democracia madura se sostiene en tres pilares: instituciones capaces, ciudadanía activa y transparencia verificable. Cuando uno falla, los otros se erosionan. Esta rendición de cuentas muestra que en la República Dominicana existe un modelo público que comienza a tejer esos tres pilares desde una lógica distinta: la de un Estado que funciona, basado en evidencia, trazabilidad y una ética de servicio que reconoce que los derechos no se protegen desde un escritorio, sino desde el territorio.

Durante ocho años, el Defensor del Pueblo permaneció con un presupuesto fijo de RD$165 millones. Esa inmovilidad era más que una limitación financiera: era la expresión de un modelo institucional insuficiente. En apenas cuatro años, ese monto ascendió a RD$400 millones, un incremento del 142.4 % ejecutado con controles estrictos, reportes digitales y auditorías continuas. Ese fortalecimiento no fue gasto: fue capacidad. Permitió que los casos atendidos pasaran de 1,600 —el récord histórico del órgano— a más de 5,100 en 2025, un crecimiento de 218.8 %. El costo promedio por caso, RD$78,400, excluye la inversión educativa y de investigación y desarrollo, dos factores que expanden el impacto institucional sin aumentar la carga operativa.

Sin embargo, el verdadero punto de quiebre ocurrió en el territorio. El año pasado ejecutamos La Ruta de los Derechos, una expedición documental que recorrió las 31 provincias y el Distrito Nacional para levantar un archivo visual y testimonial de la realidad social del país. Ese archivo permitió observar, con crudeza y profundidad, cómo se manifiestan las vulneraciones de derechos en comunidades diversas, y por qué el Estado necesitaba un modelo nuevo de interlocución.

Ese modelo tomó forma este año con M158: Diálogos en tu Comunidad por el Bien Común, uno de los ejercicios de escucha activa más amplios y metodológicamente trazables desarrollados por un órgano extrapoder en el Caribe. Con presencia en los 158 municipios del país, M158 produjo 1,580 incidencias, 2,190 demandas ciudadanas, 970 gestiones verificadas, 442 gestiones en seguimiento, 124 acciones emblemáticas del Bien Común y 6,530 actores comunitarios involucrados. El impacto directo supera 1.03 millones de ciudadanos; el impacto total supera 4.12 millones.

Este despliegue muestra una verdad esencial: el Estado dominicano suele planificar desde el centro sin comprender plenamente la periferia. M158 invirtió ese paradigma. El territorio dejó de ser objeto de política pública para convertirse en sujeto de diagnóstico. Como señalaba Paulo Freire, “nadie libera a nadie; nadie se libera solo: los seres humanos se liberan en comunión”. Esa comunión —ese diálogo radical— fue la columna vertebral de esta estrategia.

A ello se suma un logro estructural: hoy somos el único órgano constitucional —el único extrapoder— que ejecuta su presupuesto 100 % en línea, con trazabilidad minuto a minuto. Esta innovación, fruto de 18 meses de trabajo con el Ministerio de Hacienda, introduce en la administración dominicana un estándar de control que rompe con la opacidad histórica. Cada transacción tiene huella digital. Cada peso ejecutado es verificable en tiempo real. Como sostenía Amartya Sen, “la transparencia es un valor democrático y un instrumento de desarrollo”. En nuestra institución, es ambas cosas.

El próximo año cerraremos esta fase con la certificación ISO del modelo de gestión y los controles internos, convirtiéndonos en la primera institución extrapoder dominicana con un sistema de calidad validado internacionalmente. La certificación no busca un sello: busca garantizar permanencia. La transparencia debe ser método, no excepción.

Sin embargo, ninguna reforma institucional es completa sin educación cívica. La ciudadanía dominicana ha convivido con una brecha histórica en la formación constitucional. Por eso desarrollamos Constitución Animada, Constitución Viva y el Aula del Defensor, que integrarán el Sistema Nacional de Formación en Derechos Fundamentales. Esta plataforma pretende corregir una deuda del Estado: educar para empoderar, para que la defensa de derechos no dependa del azar ni del privilegio, sino del conocimiento.

Esta rendición de cuentas no celebra una gestión: celebra un método. El método del territorio, de la evidencia, de la transparencia y de la educación. Si algo demuestra este proceso es que la ética funciona. Y cuando funciona, transforma instituciones, fortalece ciudadanía y reequilibra la relación entre poder y dignidad.

La República Dominicana está entrando a una etapa distinta donde el Estado se reconoce no como administrador distante, sino como garante presente. La pregunta, desde ahora, es cómo sostener esta arquitectura para que la ciudadanía no vuelva al silencio. Esa es la tarea. Ese es el compromiso.