Cierre del vertedero de Puerto Plata e incógnitas del expediente

El vertedero de Puerto Plata tiene una historia conocida: unos 40 años de residuos acumulados, efluentes contaminantes, incendios, malos olores y riesgos ambientales y sanitarios.

Su cierre técnico era necesario. Lo dispuso el Ministerio de Medio Ambiente cuando el 23 de marzo de 2022 emitió la Resolución 0014-2022. Lo que ahora merece escrutinio público es todo lo que hizo el Ayuntamiento Municipal de Puerto Plata para una de sus intervenciones ambientales de mayor dimensión económica emprendidas en las últimas décadas.

En 2019, el entonces ministro de turismo Francisco Javier García anunció el aporte de RD$ 250 millones para resolver el cierre de ese vertedero en un acto en el que estuvieron Domingo Contreras, coordinador del plan Dominicana Limpia, y Walter Musa, entonces alcalde de Puerto Plata.

Poco después, en marzo de 2019, Musa informó que con ese dinero había adquirido por RD$ 52 millones, a favor del Ayuntamiento y a un propietario particular, un terreno de 200 tareas (124,000 metros cuadrados) colindante con el vertedero. Ese predio se compró pese a que el Ministerio de Medio Ambiente determinó que el lugar no era apto para relleno sanitario. El terreno está ahí, sin uso, y el resto del dinero se depositó en una cuenta bancaria del cabildo.

El tiempo transcurrió. Y el 15 octubre de 2025 el Ayuntamiento convocó a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas y su portal institucional, para que los oferentes interesados presentaran sus “propuestas técnicas y económicas en el procedimiento de excepción por urgencia para la contratación de proyecto de construcción y ejecución de obra del cierre técnico del vertedero de San Felipe de Puerto Plata. Referencia: AMPP-MAE-PEUR-2025-002”.

En el pliego de condiciones, las autoridades edilicias establecieron como presupuesto base la suma de RD$195,785,964, incluidos impuestos y demás conceptos que incidieran en el costo de la obra.

Menos de un mes después, el 5 de noviembre de 2025, el Ayuntamiento emitió un acta de adjudicación de los trabajos al Consorcio Antlac de Gestión de Residuos, exactamente por la misma cantidad publicada. La compañía adjudicataria fue registrada en la ONAPI en septiembre de 2025 con el RNC 1-33-52032-1 y está integrada por el consorcio Atlantis Waste, SRL y Anmisa Group, SRL, vinculados a actividades de gestión de residuos, rehabilitación de sitios contaminados y restauración ambiental. Colocamos este dato porque el consorcio fue registrado poco antes del proceso municipal. Todo ha sido muy rápido: Desde el registro de la compañía ganadora, la publicación del proyecto y la adjudicación transcurrió menos de un mes calendario… y solo 6 días después estaba prevista la firma del contrato.

Lo anterior no describe irregularidades, pero plantea preguntas elementales:

1) ¿Cuáles fueron las justificaciones de Walter Musa para adquirir esos terrenos y pagar ese valor? Se sabía que el dinero se asignó con un fin específico y no podía utilizarse en otra cosa que no fuera el cierre del depósito de basuras.

2) ¿Qué informe técnico y jurídico justificó que el procedimiento para la liquidación del vertedero se declarara de urgencia?

El Ayuntamiento no descubrió el problema en octubre de 2025. Medio Ambiente dispuso la clausura y cierre técnico del vertedero en 2022 y fue tres años después cuando se incorporó el cierre técnico como parte del Plan de Desarrollo Municipal 2025. No podemos afirmar que la “premura” sea improcedente. Pero, ¿cuál fue el hecho concreto, nuevo o sobrevenido, que convirtió en urgente en octubre de 2025 una obra cuyo cierre había sido ordenado desde marzo de 2022 y que ya figuraba programada en el Plan de Desarrollo Municipal 2025? Esto no se ha explicado.

3) ¿La oferta ganadora fue exactamente igual al presupuesto base de RD$ 195,785,964 porque solo hubo una, porque varias coincidieron con ese monto, o porque la oferta adjudicada fue seleccionada entre varias propuestas y resultó coincidente con el presupuesto oficial?

En la documentación pública que hemos podido conocer no aparece de manera verificable el cuadro completo de oferentes y sus propuestas. Tampoco hemos localizado expedientes que permitan reconstruir, participante por participante, cómo se llegó a la adjudicación. La respuesta debe estar en el Informe de Evaluación y el Informe Final de Selección.

El propósito de la obra es incuestionable: Había que clausurar un vertedero que durante décadas funcionó como principal sitio de disposición de residuos de Puerto Plata y recuperar un espacio sometido durante años a contaminación y deterioro.

Precisamente porque se trata de una obra necesaria y de una inversión pública cercana a RD$196 millones, la sociedad tiene derecho a conocer el expediente completo.

No basta con saber que se compraron unos terrenos para luego no darles uso, ni la adjudicación del cierre del vertedero, ni por cuánto se contrató. Hay que conocer razones; cómo fueron los procesos, quiénes participaron, cuánto ofreció cada oferente, quién quedó fuera y por qué, cómo se construyó el presupuesto oficial, cuál fue la justificación específica de la urgencia y qué se ha pagado efectivamente.

La transparencia consiste en que cualquier ciudadano pueda seguir la ruta del dinero público: desde el presupuesto inicial, pasando por las ofertas y la adjudicación, hasta la ejecución física y financiera de la obra. En este artículo exponemos parte del camino, pero todavía faltan documentos para explicar cómo se llegó al final.