El capital humano como rehén

Existe una confusión persistente en el debate público sobre salud. Se asume que aumentar el gasto sanitario equivale, casi automáticamente, a proteger a la población y a fortalecer el desarrollo. Sin embargo, esa equivalencia es falsa. Un país puede gastar cada vez más en salud y, al mismo tiempo, empobrecer su futuro productivo. El factor clave no es cuánto se gasta, sino cuándo, cómo y sobre qué se gasta. En ese desajuste silencioso, el capital humano termina convertido en rehén.

El capital humano es un stock económico acumulativo cuya productividad depende de la capacidad de transformar tiempo vital en valor social, trabajo, ingreso, aprendizaje y cohesión. La salud no es un resultado accesorio del bienestar, sino la condición estructural que permite que ese stock se forme, se preserve y rinda a lo largo del ciclo de vida. Cuando la salud se deteriora de manera prevenible o se gestiona tardíamente, el capital humano se deprecia, como hecho medible que afecta la participación laboral, la productividad agregada y la sostenibilidad fiscal.

En economías de ingreso medio con transición epidemiológica avanzada, como en la República Dominicana, esta depreciación responde a un arreglo institucional que tiende a capturar valor financiero en fases tardías del daño sanitario, mientras subremunera de forma sistemática la preservación temprana de la salud. No se trata de conspiraciones ni de juicios morales sobre el mercado sanitario, se trata de incentivos económicos, financieros y regulatorios que favorecen la complejidad, el volumen y la intervención tardía, incluso cuando su capacidad para recuperar vida funcional es limitada. Bajo ese esquema, el crecimiento del gasto puede coexistir con una erosión persistente del capital humano.

Los datos de carga de enfermedad permiten observar con claridad esta tensión y, según la Organización Mundial de la Salud, en 2021 las enfermedades no transmisibles concentraron la mayor parte de los años de vida ajustados por discapacidad en la República Dominicana, con valores cercanos a 19,500 DALYs por 100,000 habitantes en mujeres y 19,000 en hombres. Las enfermedades transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales mantuvieron un peso relevante, especialmente en mujeres, mientras que las lesiones mostraron una carga sustancialmente mayor en hombres, cercana a 7,000 DALYs por 100,000.

El dato relevante no es solo la magnitud, sino la estructura. Así, las lesiones y una parte importante de las enfermedades no transmisibles se concentran en edades productivas, cuando las personas están generando ingresos, sosteniendo hogares y contribuyendo a la base contributiva. Una pérdida de salud en ese tramo del ciclo vital no tiene el mismo impacto económico que una pérdida tardía. El daño funcional temprano corta trayectorias laborales, reduce acumulación de experiencia y genera dependencias prolongadas. Desde el punto de vista del desarrollo, no toda enfermedad cuesta lo mismo.

Cuando esta estructura epidemiológica se traduce en términos económicos, el resultado es contundente. Utilizando estimaciones conservadoras de productividad por persona empleada, la pérdida potencial asociada a la carga de enfermedad alcanza magnitudes claramente macroeconómicas por cada 100,000 habitantes. Lo importante no es el número puntual, sino el patrón que revela, en el que pequeñas reducciones en la carga de enfermedad evitable, especialmente en grupos de alta productividad, generan retornos sociales desproporcionadamente altos. A la inversa, concentrar recursos en fases donde la recuperación funcional es baja produce gasto, pero no preserva capital humano.

Pero, la depreciación del capital humano no se explica solo por la epidemiología, toda vez que existen mecanismos económicos que amplifican la pérdida inicial de salud y la convierten en un proceso acumulativo. El gasto de bolsillo en salud es uno de los más relevantes. En 2021, representó cerca del 24 por ciento del gasto total en salud en la República Dominicana, según datos regionales de la OPS. Ese nivel no es neutro considerando que traslada el riesgo financiero desde el sistema hacia los hogares en el momento de mayor vulnerabilidad clínica. Como resultado, se interrumpen tratamientos, se retrasan diagnósticos y se posterga la prevención, aumentando la probabilidad de discapacidad futura.

La pobreza inducida por enfermedad refuerza este mecanismo y, la secuencia, sí bien es cierto, es conocida, rara vez se analiza como un problema de eficiencia. De ahí, enfermedad, gasto directo, descapitalización del hogar, menor capacidad preventiva y nueva enfermedad. El resultado no es solo mayor desigualdad, sino una asignación ineficiente de recursos. Algunos grupos acumulan más carga de enfermedad evitable por cada unidad monetaria gastada. En ese sentido, la inequidad sanitaria no es únicamente un problema distributivo, es una señal de bajo rendimiento del sistema.

A ello se suma, como falla informacional persistente, el desconocimiento de derechos, las coberturas efectivas y las rutas de acceso que retrasan el uso oportuno de los servicios y desplazan la atención hacia fases más severas y costosas. Esta asimetría eleva el costo por año de vida saludable recuperado y refuerza un patrón de intervención tardía que favorece la captura de valor financiero, pero no la preservación temprana del capital humano.

La llamada industria de la enfermedad y la muerte debe entenderse, en este marco de análisis, como una configuración de incentivos, no como una intencionalidad explícita. La inflación médica global, que para América Latina se proyecta cercana al 12 por ciento anual en 2026, ejerce una presión estructural hacia la expansión del gasto en tecnologías, procedimientos y tratamientos de alto costo. Así, cuando los esquemas de pago remuneran volumen y complejidad, y la regulación de precios y resultados es débil, los recursos fluyen hacia donde hay retorno financiero inmediato, aunque el impacto sobre la reducción de discapacidad sea limitado. El sistema captura valor precisamente cuando la capacidad de recuperación es menor.

Las implicaciones macroeconómicas son claras. La pérdida sostenida de capital humano reduce la productividad agregada, comprime la base contributiva, incrementa la informalidad y eleva la presión fiscal futura. Un país puede exhibir expansión del gasto sanitario y, al mismo tiempo, deteriorar su frontera de posibilidades de desarrollo si ese gasto no se traduce en años de vida saludable recuperados en edades productivas. La sostenibilidad real del sistema no depende del nivel absoluto de gasto, sino de cuánta capacidad productiva preserva por unidad monetaria invertida.

Desde esta perspectiva, una política sanitaria eficiente no es la que promete cubrirlo todo, sino la que reduce la mayor cantidad de discapacidad evitable con el menor costo social posible. El control efectivo de enfermedades crónicas desde el primer nivel de atención, la prevención de lesiones en población joven, la detección temprana de enfermedad cardiometabólica y renal, y la provisión continua de servicios básicos de salud mental no son solo buenas prácticas clínicas, sino a decisiones económicas de alto retorno. Su subfinanciamiento no responde a una falla técnica aislada, más bien a un sistema que no internaliza adecuadamente el valor económico de la salud preservada.

Quizás el indicador que falta no sea cuánto se invierte en salud, sino cuánta capacidad productiva se pierde cada año por enfermedad evitable. Mientras esa pregunta no ordene las decisiones, el capital humano seguirá siendo una variable secundaria en el diseño del sistema.

Lecturas

World Health Organization. (2024). Health at a glance: Dominican Republic. World Health Organization.

World Bank. (2026). GDP per person employed (constant 2021 PPP dollars), Dominican Republic. World Development Indicators.

Willis Towers Watson. (2025). Global Medical Trends Survey 2026. Willis Towers Watson.

Hay, S. I., et al. (2025). Global burden of 375 diseases and injuries and risk-attributable health loss, 1990–2023. The Lancet, 405, 955–1031.