“Una nación no se mide por los apagones que enfrenta, sino por la luz con la que decide corregirse”. Benjamin Amathis

El último apagón nacional puso a prueba la capacidad de respuesta del sistema eléctrico y de los servicios esenciales del país. Uno de los sectores más afectados fue el transporte masivo, especialmente el Metro y el Teleférico de Santo Domingo. La interrupción total del servicio, sumada a la información de que las plantas de emergencia de la OPRET estaban en mantenimiento, abrió un debate crucial sobre la capacidad institucional para enfrentar situaciones inesperadas. Este caso no es solo un asunto político; obliga a mirar de frente cómo estamos planificando, anticipando y protegiendo las infraestructuras que sostienen la vida diaria del país. Cuando un sistema eléctrico nacional colapsa —en Estados Unidos, Ecuador, Francia, México o donde sea—, la reacción debe ser inmediata y precisa. Esta vez, no lo fue.

La OPRET explicó que las plantas de respaldo estaban siendo intervenidas para sustituir combustible vencido y baterías agotadas. Esa transparencia se valora. Pero el episodio deja claro algo más profundo: el mantenimiento en instituciones estratégicas no puede depender de esfuerzos aislados ni de ciclos improvisados. Debe ser riguroso, escalonado y respaldado por planes alternos que impidan que un sistema crítico quede expuesto justo cuando más se necesita. En consecuencia, la infraestructura del Metro requiere un sistema de seguridad que no dependa de la suerte ni del “vamos a ver”. Una decisión operativa —o incluso una medida preventiva mal programada— no puede convertirse en un riesgo estructural. El transporte público no solo mueve gente: mueve la ciudad completa. La sostiene.

Este episodio deja heridas, sí, pero también abre una ventana. El gobierno de Luis Abinader tiene una oportunidad real de demostrar liderazgo con acciones claras, transparentes y orientadas al futuro. La óptima gobernanza no se mide por la ausencia de errores, sino por la manera en que se les hace frente: con firmeza, con honestidad y con decisiones que corrijan lo que falló. Son capacidades que la gestión actual ha demostrado en más de una ocasión. De manera que la salida no es ocultar lo ocurrido. La salida es revisar los procesos de mantenimiento, ajustar los protocolos de emergencia, fortalecer la supervisión técnica y asegurar que las instituciones estratégicas operen con planificación, no por inercia ni costumbre.

La historia reciente deja una enseñanza sencilla: cuando una falla eléctrica severa sacudió a Norteamérica hace dos décadas, los responsables no se quedaron lamentándose; actuaron. Rediseñaron el sistema de confiabilidad, crearon normas obligatorias y reforzaron desde la raíz el rol del NERC. No fue improvisación; fue una respuesta estructural a una crisis que no permitía parches ni excusas.

Algo similar ocurrió en Ciudad de México en 2017. Una avería seria en el metro provocó retrasos masivos y obligó a revisar todo el sistema: los métodos de evacuación, el mantenimiento de las vías y la gestión de emergencias. No se escondió nada. Una comisión técnica analizó el caso punto por punto, y de ahí surgieron nuevos protocolos, responsabilidades y un sistema más preparado.

Ese ejemplo muestra hacia dónde debe orientarse la discusión en nuestro país. Reducir todo a si un director debe quedarse o irse es perder de vista lo esencial. Lo realmente importante es garantizar que los sistemas de respaldo funcionen siempre, sin importar la hora ni el tipo de emergencia. Ese es el estándar que un país moderno debe exigir a sus instituciones. La ciudadanía necesita entidades públicas que aprendan de los tropiezos y ajusten sus prácticas sin excusas.

Este apagón dejó claro, de manera contundente, que la vigilancia constante, el mantenimiento disciplinado y la coordinación interinstitucional no son favores ni gestos voluntarios: son responsabilidades básicas del Estado. El gobierno actual ha construido una imagen basada en la transparencia. Precisamente por eso, este es el momento oportuno para reafirmarla. Una reacción sobria, sin exageraciones, puede transformar un fallo técnico en una oportunidad concreta para fortalecer el transporte público y, más allá de eso, para mejorar la gobernanza en sentido amplio.

Matías Benjamín Reynoso Vizcaíno

Educador

Matías Reynoso Vizcaíno, abogado, educador y pastor evangélico. Iglesia El Multiplicador / Tácticas Legales E-17, oficina de abogados.

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