El 2026 se complica (2)

En el artículo pasado expuse cómo la economía dominicana se encamina hacia un escenario de presiones inflacionarias y bajo dinamismo económico, impulsado por los efectos indirectos de la guerra entre Estados Unidos e Irán. Hoy, más que diagnosticar, es momento de plantear propuestas que, aunque impliquen sacrificios en el presente, permitan evitar costos mucho mayores en el futuro.

Desde el Gobierno, el presidente Luis Abinader ya ha anunciado algunas medidas, insistiendo en la importancia de preservar la estabilidad económica. En esa línea, identificó cerca de RD$10,000 millones dentro del presupuesto vigente para reforzar programas dirigidos a los sectores más vulnerables, sin incrementar el gasto público. Asimismo, planteó un subsidio a los fertilizantes por RD$1,000 millones con el objetivo de contener el aumento en los costos de producción agrícola, así como la continuidad del subsidio a los combustibles para mitigar el impacto inmediato sobre los precios.

Estas medidas buscan evitar que la situación se traduzca en aumentos significativos en los alimentos, lo cual es positivo. Sin embargo, por sí solas no son suficientes para enfrentar el conjunto de presiones que hoy afectan a la economía. Por ello, resulta necesario complementar estos esfuerzos con acciones más directas y focalizadas.

En primer lugar, el Gobierno debería activar mecanismos más ágiles para estabilizar precios en el corto plazo. Esto incluye facilitar importaciones temporales de productos básicos cuando se detecten aumentos anormales o riesgos de escasez, reduciendo aranceles y eliminando trabas logísticas. En una economía altamente dependiente de importaciones, la velocidad de respuesta es determinante para evitar que los aumentos externos se traduzcan rápidamente en inflación interna.

Pero el problema no se limita a la oferta externa. Una parte importante del encarecimiento ocurre dentro del país, en la distribución, donde el transporte, la intermediación y la falta de control efectivo amplifican los aumentos de precios.

Frente a esto, el Gobierno debe actuar de forma más directa, ampliando los operativos de venta a precios controlados a través del Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE) para productos de la canasta básica, estableciendo acuerdos temporales con grandes distribuidores para contener los márgenes en alimentos esenciales y reforzando la supervisión de prácticas comerciales a través de Pro Consumidor para detectar y sancionar aumentos injustificados. Este tipo de intervenciones, bien ejecutadas, puede incidir de forma inmediata en el precio final que enfrentan los hogares.

Ahora bien, como ha señalado el propio presidente, este contexto también exige una adaptación a nivel individual. En el escenario actual, las decisiones cotidianas dejan de ser neutrales y pasan a ser determinantes. Se vuelve imprescindible priorizar el gasto esencial, evitar compromisos financieros innecesarios y revisar con mayor rigor los patrones de consumo, especialmente en rubros como transporte y energía, donde el impacto de la inflación se siente con mayor rapidez.

Esto implica algo más que recortar gastos. Supone adoptar una lógica distinta de consumo, más consciente y selectiva, donde cada decisión tiene un costo de oportunidad real. Seguir gastando como si el contexto fuera estable, en medio de un entorno de mayor presión sobre los precios, termina reduciendo la capacidad financiera con el tiempo.

En este sentido, ajustar no es opcional. Es la única forma de amortiguar el impacto de un entorno más incierto y preservar cierto margen de maniobra. Porque ya no se trata simplemente de gastar menos, sino de gastar mejor.

La República Dominicana aún está a tiempo de mitigar estos efectos, pero esto requiere asumir que el ajuste es compartido entre el Estado, que debe actuar con seriedad y eficacia más allá del discurso, ya que la estabilidad no se construye con mensajes, sino con decisiones, y la ciudadanía, que debe adaptarse a una realidad más exigente.