El debate contemporáneo sobre las relaciones entre Estados Unidos y China ha dejado de ser una discusión académica para convertirse en el eje estructural del nuevo orden internacional. El reciente Simposio EE. UU.–China plantea con crudeza una pregunta que durante décadas fue evitada por el lenguaje diplomático: ¿pueden las grandes potencias repartirse el mundo en esferas de influencia sin provocar un colapso del sistema internacional?

La Estrategia de Seguridad Nacional y la Estrategia de Defensa Nacional de la administración Trump evidencian un giro sustantivo. Aunque evitan expresamente el término “esferas de influencia”, su contenido refleja una reivindicación renovada de la Doctrina Monroe y de la primacía estadounidense en el hemisferio occidental. Se trata, en los hechos, de una aceptación selectiva de la lógica de poder territorial, aplicada con una clara asimetría.

Washington parece dispuesto a tolerar la emergencia de potencias regionales, siempre que estas acepten un orden global diseñado y supervisado desde Estados Unidos. El problema surge cuando ese principio no se aplica de manera recíproca. Mientras EE. UU. exige deferencia absoluta en su “extranjero cercano”, se niega a reconocer límites equivalentes en el entorno estratégico inmediato de China.

El Indo‑Pacífico se ha convertido así en el principal escenario de fricción estructural. La llamada “primera cadena de islas” —Japón, Corea del Sur, Filipinas y Taiwán— funciona como una línea roja estratégica que Estados Unidos no está dispuesto a negociar. Esta posición, lejos de estabilizar la región, consolida una dinámica de disuasión permanente que mantiene abierto el riesgo de un conflicto mayor.

Taiwán constituye el punto de mayor tensión del sistema. Para algunos analistas, su integración en la esfera china responde a factores históricos, geográficos y de equilibrio de poder. Para otros, cualquier concesión en este punto implicaría el colapso del sistema de alianzas estadounidenses en Asia. Desde la perspectiva del Derecho Internacional, esta ambigüedad prolongada erosiona el principio de solución pacífica de controversias y normaliza la excepcionalidad.

La propia administración estadounidense admite ya que la hegemonía militar absoluta en Asia es insostenible. Sin embargo, el tránsito hacia un supuesto “equilibrio de poder” no se basa en reglas compartidas, sino en coerción económica, presencia militar avanzada y alianzas instrumentales. Se trata menos de un abandono de la hegemonía que de su reformulación táctica.

En América Latina, el contraste es aún más evidente. Mientras China se ha consolidado como principal socio comercial de múltiples economías sudamericanas, Estados Unidos pretende reafirmar una esfera exclusiva de influencia, incluso a costa de la autonomía estratégica de los Estados de la región. Este enfoque anticipa tensiones no solo con Pekín, sino con los propios gobiernos latinoamericanos.

Desde el punto de vista del Derecho Internacional Público, el retorno a las esferas de influencia representa un retroceso histórico. Sustituye el sistema normativo multilateral por una lógica de poder desnudo, debilita a las potencias medias y convierte vastas regiones en zonas de competencia permanente. El orden basado en reglas cede ante un orden basado en la fuerza.

En definitiva, el problema no es que Estados Unidos reconozca la realidad del poder, sino que pretenda monopolizar su legitimidad. Un sistema internacional donde “las esferas son para mí, pero no para ti” no es sostenible. Lejos de garantizar estabilidad, acelera la fragmentación global y acerca al mundo a una era de confrontaciones cada vez más directas y peligrosas.

José Manuel Jerez

Jurista – Politólogo

El autor es abogado, con dos Maestrías Summa Cum Laude, respectivamente, en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional; Derecho Administrativo y Procesal Administrativo. Docente a nivel de posgrado en ambas especialidades. Licenciado en Lenguas Modernas. Postgrado en Diplomacia y Relaciones Internacionales. Maestrando en Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Diplomado en Ciencia Política y Derecho Internacional, por la Universidad Complutense de Madrid, UCM.

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