EE. UU. necesita un verdadero Congreso

El momento más revelador de lo que muchos consideran el peor Congreso de EE. UU. de la historia ocurrió en abril, cuando el rey Carlos III se dirigió a la cámara. El discurso del monarca británico —que elogió la separación de poderes en EE. UU. y los mecanismos históricos de control frente al abuso del poder ejecutivo— fue interrumpido por constantes ovaciones. El hecho de que las palabras del rey parecieran dirigidas principalmente a su anfitrión, Donald Trump, no impidió que los republicanos se pusieran en pie. La ironía reside en que el Congreso ya había renunciado a su deber más fundamental durante los 15 meses que precedieron al discurso del monarca; ni siquiera ha pretendido pedirle cuentas a la Administración Trump.

Este martes, el electorado estadounidense acudirá a las urnas en las elecciones de mitad de mandato para elegir al nuevo Congreso que sustituirá al actual. No podría llegar en mejor momento. La ausencia del Congreso ha sido tanto literal como constitucional: la Cámara de Representantes permaneció en sesión solo 383 horas entre enero y agosto, la cifra más baja en un año de elecciones de mitad de mandato desde, al menos, 1990.

Aparte de la «gran y hermosa» ley de Trump —que incluyó recortes fiscales financiados solo parcialmente mediante reducciones en el gasto sanitario—, se aprobaron pocas reformas. Trump ha ignorado, en gran medida, las dos únicas leyes bipartidistas de relevancia. La primera ley exigía la publicación de todos los documentos relacionados con el caso Epstein; cerca de la mitad siguen sin hacerse públicos. La segunda, aprobada tras el fallecimiento del senador republicano Lindsey Graham (y lleva su nombre), le otorgaba a Trump la facultad de imponer sanciones más severas contra Rusia; el presidente respondió relajando dichas sanciones. Ignorar al Congreso ha sido su modus operandi.

Su mandato bajo un Gobierno dividido podría ser muy distinto. Las encuestas sugieren que los demócratas recuperarán la Cámara de Representantes y tienen buenas posibilidades de retomar el Senado. Cuanto mayor sea su margen de victoria, más difícil le resultará a Trump cuestionar el resultado. Tras haber visto cómo los tribunales le han impedido tomar el control de las papeletas de votación enviadas por correo y denegar el acceso a los censos electorales estatales, Trump ha sugerido la posibilidad de una intervención más directa.

Aunque los agentes federales armados tienen prohibido el acceso a los centros de votación, no se puede descartar que circule desinformación —alegando que hay personas no ciudadanas votando— que provoque redadas por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Sería terrible para la democracia estadounidense que Trump enviara a hombres armados y enmascarados a los lugares de votación. Aun así, le resultaría difícil revertir un resultado electoral claro.

Si el Partido Demócrata toma el control del Congreso, se generarían grandes expectativas; sin embargo, su poder sería limitado. Es casi seguro que Trump vetaría sus prioridades, como revertir los recortes en la atención sanitaria o eliminar el ICE. Asimismo, es poco probable que colabore con las investigaciones de la Cámara de Representantes o del Senado sobre la presunta corrupción suya y de su Administración.

El Congreso tiene la facultad de emitir citaciones para que personas declaren y exigir la entrega de documentos; no obstante, en la práctica, su capacidad para hacer cumplir estas medidas es limitada. Además, el Congreso solo puede remitir los casos al Departamento de Justicia de EE. UU., el cual está dirigido por Todd Blanche, un leal colaborador de Trump. Por lo tanto, la mejor opción para los demócratas es documentar cómo Trump ha obtenido beneficios económicos, así como los graves conflictos de intereses que lo involucran tanto a él como a su familia. También deberían investigar los daños causados por el autodenominado «Departamento de Eficiencia Gubernamental» (DOGE, por sus siglas en inglés) de Elon Musk, que cerró partes del Gobierno federal sin contar con la debida autorización.

Por otro lado, cualquier intento de someter a Trump a un proceso de destitución sería una medida imprudente. Un tercer intento no tendría más probabilidades que los dos anteriores de alcanzar la mayoría de dos tercios en el Senado necesaria para una condena. Además, este tipo de «guerra jurídica» podría incluso reforzar la imagen del presidente ante sectores del movimiento MAGA, a pesar de que su reputación se ha visto gravemente deteriorada. Independientemente de la ira con la que Trump reaccione ante las investigaciones, los demócratas cuentan con los medios necesarios para sacar a la luz su desmedido abuso de poder. Esto implica, fundamentalmente, informar a la opinión pública estadounidense. El éxito de las aspiraciones de los demócratas de cara a las elecciones presidenciales de 2028 podría depender, en gran medida, de lo bien o mal que logren llevar a cabo esta labor.

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