El presidente chileno José Antonio Kast, electo el 16 de noviembre de 2025, es hijo de Michael Kast Schindele, nacido en Alemania y militante del Partido Nazi. Los motivos detrás de su afiliación han sido objeto de controversia: algunos han alegado que se trataba de un requisito ligado al servicio militar obligatorio de la época y que la inscripción en el partido le fue requerida a cambio de mejores condiciones en el frente de batalla. Aun si quisiéramos conceder el beneficio de la duda a estos argumentos y considerar que José Antonio Kast no debe cargar con la historia de su padre, basta revisar la trayectoria política de la familia Kast en Chile para entender mejor el marco ideológico en el que se ha movido.

Michael Kast llegó a Chile tras la Segunda Guerra Mundial. Las afinidades políticas de la familia han estado siempre ancladas en la derecha, y más específicamente, si se me permite la precisión, en la ultraderecha. Michael Kast mantuvo cercanía con la dictadura de Augusto Pinochet; uno de los hermanos del actual presidente fue ministro durante el régimen, y otro fue vinculado a crímenes cometidos en ese período. José Antonio Kast, por su parte, ha tenido una vida política muy activa durante décadas. Militó más de veinte años en la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido fundado por Jaime Guzmán, un académico y político que sirvió a la dictadura, incluyendo como uno de los arquitectos de la Constitución chilena de 1980.

Kast renunció a la UDI y posteriormente fundó el Partido Republicano, cuya declaración de principios, como han señalado diversos analistas y reportajes de múltiples medios de comunicación, se inspira abiertamente en el Partido Republicano estadounidense bajo Trump. Durante su juventud votó “Sí” en el plebiscito de 1988 que buscaba prolongar la dictadura, y ya en su vida adulta ha hecho reiteradas apologías del régimen, llegando a afirmar en su primera campaña presidencial que Pinochet “votaría por él”. En aquel entonces su proyecto político apenas alcanzaba un 8% de apoyo y era visto como inviable precisamente por su carácter ultraconservador. Con el tiempo, Kast ha suavizado su discurso, pero múltiples observadores han advertido que ese matiz responde más a una estrategia electoral que a un cambio ideológico real.

No sorprende, entonces, que uno de los temas en los que Kast ha insistido durante toda su carrera sea el migratorio. Resulta llamativo, o tal vez no, que el hijo de un inmigrante alemán que huyó de un país donde hubiera podido enfrentar consecuencias legales por su pasado vinculado al holocausto, adopte hoy una postura antiinmigración propia del populismo de ultraderecha.

En ese contexto, no es extraño que Kast haya decidido visitar la República Dominicana, país que en la última década se ha convertido en epicentro de políticas migratorias que vulneran la propia Constitución, la ley migratoria y los tratados internacionales de derechos humanos que el Estado dominicano ha ratificado. Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado desde hace años prácticas sistemáticas de detención arbitraria, deportaciones sumarias y persecución contra personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana. Estas denuncias anteceden incluso al ascenso de Donald Trump en Estados Unidos y al despliegue de ICE que generó tantas historias de terror que vemos en los medios y en las redes sociales.

En República Dominicana, esas historias también existen: mujeres haitianas embarazadas o recién paridas detenidas en hospitales; niños y niñas separados de sus familias; operativos de madrugada en comunidades vulnerables; y declaraciones oficiales como la del entonces director de Migración en 2021, quien afirmó públicamente que “si usted está ilegal yo lo puedo sacar de debajo de la cama”.

El pasado sábado 24 de enero, el presidente Kast llegó a República Dominicana y fue recibido por el presidente Luis Abinader. Entre los temas discutidos estuvo, por supuesto, el de política migratoria. Kast, el mismo descrito anteriormente, elogió las “políticas migratorias exitosas” del gobierno dominicano. Es decir, celebró un modelo basado en deportaciones masivas, redadas en centros de salud, expulsiones sin debido proceso, separación de familias, violencia y discriminación. Un modelo que ha invertido cientos de millones de dólares en “verjas”, drones y despliegue militar, mientras el sistema de salud colapsaba con argumentos del gasto en las personas migrantes, mientras quienes se robaban el dinero de la salud de los dominicanos eran los mismos funcionarios públicos.

No sorprende, entonces, que Kast felicite a Abinader por estas medidas. Son las mismas que han sido denunciadas por víctimas, por organizaciones nacionales e internacionales, y por especialistas en derecho constitucional y derechos humanos como violatorias de derechos fundamentales.

Ivanna Molina

Abogada

Abogada magister en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Notre Dame como becaria Fulbright. Intérprete Judicial - Traductora Oficial Máster en Derecho International de los Derechos Humanos, Centro para los Derechos Civiles y Derechos Humanos Universidad de Notre Dame, Estados Unidos

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