Del discurso al compromiso, conservemos al SENASA

Las recientes declaraciones del Sr. presidente de la República, en las que expresa su interés por conservar el SENASA como una institución pública sólida y garante de acceso a servicios de salud, son, sin duda, un gesto político relevante. No se trata de una afirmación menor. El SENASA no es simplemente una ARS más dentro del sistema  es el pilar del aseguramiento público en salud y su estabilidad define en gran medida la credibilidad y la legitimidad del modelo dominicano de protección social.

Sin embargo, ese interés presidencial —loable y necesario— no puede quedarse en el plano discursivo. Debe traducirse en acciones técnicas, decisiones presupuestarias, reformas operativas y pactos interinstitucionales que aseguren la viabilidad de lo que se desea conservar. Conservar, en este caso, no significa preservar lo existente en su estado actual, sino transformarlo para que pueda cumplir efectivamente con su misión.

El SENASA enfrenta un conjunto de tensiones financieras, técnicas y operativas que ya han sido documentadas con claridad y que se expresan en una siniestralidad que supera el 102%, una disminución sostenida de las reservas técnicas, un déficit de liquidez cercano a los RD$3,785 millones y una dependencia creciente de transferencias fiscales extraordinarias para cubrir déficits estructurales. Estas cifras no son materia de debate político, son hechos auditados y, frente a los hechos, el compromiso real no se mide por declaraciones de funcionarios o de voces interesadas, sino por capacidad de decisión.

Es cierto que el SENASA ha sido un instrumento valioso de ampliación de cobertura, especialmente a través del Régimen Subsidiado. Pero ese mismo rol histórico no puede ser usado como excusa para eludir las reformas que hoy necesita. Si el Presidente desea —como ha dicho— garantizar su continuidad, entonces debe exigir que institucionalmente se creen las condiciones materiales, técnicas y normativas que le permitan operar con solvencia, previsibilidad y sostenibilidad.

No se trata de construir más estructuras administrativas, sino de revisar con honestidad los elementos claves del modelo actual. El primero de ellos es el per cápita del Régimen Subsidiado, cuya rigidez técnica y desactualización frente al costo real de las prestaciones está generando un desfase que erosiona la capacidad operativa del SENASA. Aumentar ese per cápita, bajo criterios actuariales y metas sanitarias definidas, es un paso ineludible si se desea preservar la función aseguradora pública sin comprometer la sostenibilidad fiscal.

En segundo lugar, se requiere una reorientación del gasto público en salud, que supere la lógica de gasto inercial, priorice resultados y recupere la racionalidad técnica en la asignación de recursos. No basta con más presupuesto, se necesita mejor presupuesto. Esto implica revisar las prioridades, los mecanismos de contratación, los modelos de pago, la capacidad de respuesta y la productividad institucional del sistema público.

En tercer lugar, la inversión estructurada en una red pública basada en Atención Primaria con capacidad resolutiva es una medida estratégica, que agrega valor, costo efectiva y de resultados tangibles. Si no se fortalece el Primer Nivel como puerta real de entrada al sistema, el SENASA seguirá financiando un modelo centrado en el uso intensivo y tardío de servicios de mayor costo, en lugar de prevenir, contener y resolver desde la base.

Por último, el país necesita asumir un pacto técnico-político que trascienda coyunturas. Conservar el SENASA exige establecer un acuerdo de responsabilidad intergeneracional, que defina reglas claras, mecanismos de seguimiento y transparencia, y que proteja al asegurador público de las interferencias funcionales y del deterioro silencioso que produce la inacción prolongada.

Transformar la crítica en propuesta es el deber de quienes entienden que señalar problemas no basta. Si el Presidente quiere conservar el SENASA, tiene en sus manos la legitimidad y la oportunidad para hacerlo. Pero debe sostener que conservar significa también corregir, y corregir exige decisión, financiamiento y reforma técnica real. El discurso político puede proteger la imagen institucional pero solo la acción estratégica puede proteger su función y su supervivencia.