Deber cumplido: transparencia, confianza y vocación de servicio

Y llegó la hora del traspaso de mando: entregar memorias, oficina, vehículo asignado, presentar al personal a quien me sustituyó y, finalmente, emprender nuevos caminos. Cada una de esas acciones forma parte del cierre de una etapa y del inicio de otra.

Pero, antes de concluir definitivamente este capítulo, corresponde cumplir con los requisitos de salida; entre ellos, la presentación de la declaración jurada de patrimonio.

La Universidad Autónoma de Santo Domingo es más rigurosa que la propia Ley núm. 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio. El Estatuto Orgánico y el Reglamento sobre Control, Transparencia y Rendición de Cuentas establecen la obligación de presentar declaración a quienes tienen contacto o responsabilidad sobre fondos públicos y enumera los sujetos obligados a cumplir con este deber.

Y ahí comienza toda una aventura documental.

La recopilación de la documentación constituye un proceso que requiere tiempo, organización y, por qué no decirlo, una buena dosis de paciencia. Cuando se solicita una certificación para presentarla ante la Cámara de Cuentas, algunos bancos la entregan de inmediato, mientras otros tardan hasta cinco días. Cada entidad bancaria tiene sus propios procedimientos y, con frecuencia, se argumenta que las diferencias obedecen a sus sistemas informáticos. Y frente al sistema, como sabemos, pocas discusiones prosperan.

Esta experiencia me lleva a formular una recomendación: sería conveniente que el Pleno de la Cámara de Cuentas sostuviera un encuentro de coordinación con la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) y la Superintendencia de Bancos, a fin de unificar criterios respecto del formato de las certificaciones bancarias requeridas para la declaración jurada de patrimonio.

Esto permitiría establecer con claridad la información que deben contener sobre cuentas bancarias, certificados financieros, tarjetas de crédito y demás productos financieros, facilitando el proceso y evitando trámites y esperas innecesarias. Al final, unificar criterios no solamente simplifica procedimientos: también significa respetar el tiempo de los declarantes y de las propias instituciones.

Superada la ruta bancaria, continúa el levantamiento de la información y la preparación de los documentos: fotocopia de la cédula y del pasaporte, acta de matrimonio, documentación del esposo y otros requerimientos.

Yo revisaba una y otra vez para asegurarme de que nada faltara. A esas alturas, más que prepararme para una declaración jurada, parecía que estaba organizando el expediente completo de mi vida. Con todo preparado, llegó el momento de acudir a la Oficina de Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos de la Cámara de Cuentas.

La noche anterior, muy diligente, decidí acceder a la plataforma para adelantar el proceso. Todo marchaba perfectamente hasta que apareció aquella palabra inevitable: contraseña. Habían transcurrido cuatro años desde mi última declaración y, evidentemente, mi memoria no había asumido ningún compromiso de conservación. ¡Había olvidado la contraseña! ¡Imagínense ustedes!

Al día siguiente llegué con la determinación de cumplir dentro del plazo establecido. De inmediato nos recibió su directora, quien, con un lenguaje sencillo, cercano y humano, nos explicó detalladamente el procedimiento.

Debo confesar que yo había llegado preparada para cualquier eventualidad. Y cuando digo preparada, no exagero: llevaba conmigo un verdadero “maletín de batalla”, repleto de copias, certificaciones y documentos. Si me pedían un papel, probablemente estaba allí; y si no me lo pedían, también.

Para mi sorpresa, pronto descubrí que buena parte de aquella artillería documental no era necesaria. Las exigencias eran las estrictamente correspondientes: ni más ni menos que lo establecido por la ley.

Confieso que mi maletín y yo sentimos un pequeño alivio.

Posteriormente, se me asignó un joven maravilloso que, con paciencia, amabilidad y profesionalidad, me acompañó durante todo el proceso que duró aproximadamente 4 horas, orientándome paso a paso. Avanzábamos, revisábamos, corregíamos y seguíamos. El tiempo transcurrió casi sin darnos cuenta. Y llegó la hora del almuerzo. Allí continuábamos.

Yo miraba discretamente el reloj, pero permanecía callada porque tenía un solo propósito: terminar. Él tampoco decía nada. Pensé para mis adentros: “O este joven no tiene hambre”. Ninguno habló de comida. Seguimos trabajando.

Entre concentración, paciencia y algún que otro silencio, se produjo una especie de pacto tácito entre el servidor público y la declarante: de aquí no nos levantamos hasta terminar. Y terminamos.

Más allá de estas anécdotas, quiero reconocer especialmente el ambiente de cercanía, orientación y vocación de servicio que encontré. Y ahí está, para mí, una de las grandes enseñanzas de esta experiencia: cumplir una obligación legal no tiene por qué convertirse en un proceso frío, distante o intimidante. La rigurosidad institucional puede y debe caminar de la mano con la amabilidad, la orientación y el respeto al ciudadano.

Eso es lo verdaderamente importante: tratar a las personas sin hacerlas sentir como infractoras, sino como ciudadanos que acuden responsablemente a cumplir con sus deberes.

Ese trato humano fortalece la confianza en las instituciones y dignifica la función pública. Nos recuerda algo que nunca debemos olvidar quienes hemos tenido la oportunidad de servir desde el Estado: la razón de ser del servidor público es, precisamente, servir a la ciudadanía.

Cumplir con la declaración jurada de patrimonio no es únicamente un requisito de salida del puesto, como corresponde en mi caso. Es también un ejercicio de transparencia, responsabilidad y compromiso con la correcta administración de los recursos públicos.

Quien ha tenido el privilegio de ejercer una función pública debe estar dispuesto a rendir cuentas. La transparencia no debe sentirse como una carga ni asumirse únicamente como una obligación impuesta por la ley; debe formar parte de una cultura de responsabilidad pública, porque la confianza ciudadana también se construye mostrando, explicando y rindiendo cuentas sobre aquello que nos ha sido confiado.

Mis felicitaciones al Pleno de la Cámara de Cuentas, en la persona de su presidenta, Emma Polanco Melo, y, de manera muy especial, a todo el equipo de la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos, en la persona de su directora Maritza Cruz González.

La experiencia vivida me permitió comprobar que ustedes constituyen un verdadero equipo: coordinado, cercano y comprometido, no solo entre ustedes mismos, sino, sobre todo, al servicio de los ciudadanos. Esa disposición para orientar, acompañar y facilitar el cumplimiento de la ley demuestra que la eficiencia institucional y el trato humano pueden caminar juntos.

Hoy cierro esta etapa con la misma convicción con la que la inicié: el servicio público es un compromiso que se honra con responsabilidad, transparencia, respeto a las instituciones y vocación de servicio.

Llegamos con las manos limpias y así concluimos esta etapa: con tranquilidad, dignidad y la satisfacción del deber cumplido. ¡Firmes!