De permitir la filantropía a incentivarla

Durante años, muchos de quienes trabajamos en el fortalecimiento de las asociaciones sin fines de lucro estuvimos convencidos de que el principal desafío para impulsar la filantropía en la República Dominicana consistía en actualizar la Ley 122-05.

Sin embargo, las discusiones recientes en la Red Filantrópica RD nos llevaron a una conclusión diferente: habíamos estado mirando solo una parte del problema. La capacidad de un país para incentivar las donaciones no depende únicamente de la ley que regula a las asociaciones sin fines de lucro, sino de cómo esa ley interactúa con el Código Tributario, los reglamentos y los procedimientos mediante los cuales el Estado convierte un derecho reconocido en una realidad práctica.

Fue un cambio de perspectiva: hoy entendemos que la pregunta más importante no es qué modificar en la Ley 122-05, sino si todo nuestro sistema jurídico está diseñado para fomentar la filantropía. La diferencia puede parecer sutil, pero es enorme.

Con frecuencia creemos que una política pública se resume a una ley. Sin embargo, entre lo que el Congreso aprueba y lo que finalmente ocurre en la práctica existe un entramado de reglamentos, normas tributarias y procedimientos administrativos. Cuando esas piezas no están alineadas, el resultado puede ser paradójico: el derecho existe, pero ejercerlo resulta difícil.

Los Estados modernos no solo utilizan las leyes para prohibir aquello que consideran perjudicial; también construyen incentivos para promover lo que entienden estratégico para el desarrollo nacional. Los incentivos fiscales a las zonas francas no surgieron por casualidad, fueron una decisión deliberada para atraer inversión y generar empleos, igual que ocurrió con la industria cinematográfica. En ambos casos el mensaje fue inequívoco: como país queremos que esto ocurra.

Los incentivos son, en realidad, el lenguaje con el que hablan los Estados. Revelan sus prioridades. La pregunta es si estamos enviando ese mismo mensaje respecto a la filantropía.

La Ley 122-05 reconoce la importancia de las ASFL y contempla beneficios tributarios para quienes donan a organizaciones que cumplen los requisitos establecidos. Sin embargo, la experiencia acumulada sugiere que la interacción entre ese régimen, el Código Tributario y los procedimientos administrativos todavía genera fricciones que reducen su efectividad.

No se trata únicamente del porcentaje deducible. Se trata del ecosistema completo. La economía conductual tiene una palabra para este fenómeno: fricción. Una política puede parecer excelente sobre el papel, pero si ejercer un derecho implica procedimientos complejos o costos de cumplimiento excesivos, el incentivo pierde buena parte de su fuerza.

La filantropía necesita confianza, como he planteado en artículos anteriores, pero también previsibilidad: donantes y organizaciones deben conocer con claridad las reglas del juego y tener la certeza de que el sistema facilitará, no dificultará, el ejercicio de un derecho reconocido por la ley.

Esa fricción se siente todavía más cuando pensamos en las personas, no solo en las empresas. Hoy el régimen de incentivos está diseñado casi exclusivamente para personas jurídicas, mientras que la persona asalariada, a quien se le retiene el ISR cada mes desde la nómina, no cuenta con un camino claro para convertir su generosidad en un beneficio fiscal reconocido. Ahí veo una de las reformas más urgentes y, a la vez, más sencillas de diseñar: un esquema donde el contribuyente asalariado pueda reconocer hasta el 50% de lo donado como deducción, aplicable hasta un 50% de su retención de ISR, siempre que la donación se dirija a una entidad sin fines de lucro habilitada. Para que ese esquema sea confiable, las ASFL elegibles deberían agotar un registro especial ante la DGII, comprometerse a cumplir con la normativa vigente y mantener al día sus rendiciones de cuentas. Con ese registro superado, la propia plataforma de la DGII podría habilitar a esas organizaciones para emitir el certificado de donación que el asalariado necesita para hacer valer su deducción. Un sistema así se apoya en infraestructura digital ya existente y le daría a miles de dominicanos un motivo tangible para donar, no solo desde la conciencia, sino desde el bolsillo.

La experiencia internacional resulta ilustrativa. Países como Francia o el Reino Unido ofrecen incentivos fiscales significativamente superiores a los nuestros, dirigidos también a personas físicas, respaldados por sistemas administrativos que facilitan las donaciones y generan confianza. Incluso economías de renta media, como Sudáfrica, han comprendido que promover la filantropía requiere una arquitectura institucional coherente, no solo una disposición legal aislada.

La República Dominicana ha demostrado que sabe diseñar políticas de incentivo cuando identifica sectores estratégicos para el desarrollo nacional. Lo hizo con las zonas francas, con el turismo, con la industria cinematográfica. En todos esos casos entendimos que no bastaba con permitir una actividad; había que estimularla. Quizás ha llegado el momento de preguntarnos si la filantropía también merece ese nivel de prioridad.

Cuando la filantropía se fortalece, también se fortalece el Estado. Organizaciones sociales más sólidas reducen presiones sobre los servicios públicos, amplían la participación ciudadana y construyen soluciones desde las propias comunidades. La filantropía no sustituye al Estado; multiplica su capacidad de respuesta, y esa capacidad se multiplica todavía más cuando no depende solo de un grupo de empresas, sino de millones de personas que, con un incentivo claro, deciden dirigir parte de lo que ya pagan en impuestos hacia una causa que les importa.

Ese objetivo exige abrir una conversación distinta. No solo sobre cuánto puede deducirse una donación, sino sobre cómo construir un régimen de incentivos que realmente funcione, donde la Ley 122-05, el Código Tributario y los procedimientos administrativos respondan a un mismo propósito: facilitar el cumplimiento, reducir las fricciones y estimular una mayor participación de ciudadanos y empresas en el financiamiento del bien común.

Los países no solo se construyen con leyes. También se construyen con incentivos. Existe una diferencia profunda entre permitir que las personas hagan el bien y construir un país que las anime a hacerlo. Esa diferencia, aparentemente técnica, puede terminar definiendo el tamaño y la fortaleza del ecosistema filantrópico que la República Dominicana será capaz de construir en las próximas décadas.