De lo improductivo a la soberanía energética: propuesta agro-energética

En momentos de alta incertidumbre internacional, cuando los conflictos geopolíticos y la volatilidad de los mercados energéticos reafirman una realidad conocida pero muchas veces ignorada, la dependencia excesiva de combustibles importados se convierte en una vulnerabilidad estructural. Para una economía como la dominicana, esta dependencia no es solo un problema económico: es un riesgo estratégico.

Frente a este escenario, el país tiene ante sí una oportunidad singular. No se trata únicamente de acelerar la adopción de las energías renovables, sino de hacerlo mediante un modelo integrado que combine generación eléctrica, producción agrícola y desarrollo territorial. En otras palabras, una transición energética que no solo sustituya combustibles, sino que transforme el uso del territorio y la estructura productiva.

Una parte del territorio nacional, particularmente en la región suroeste, presenta condiciones que han limitado su uso agrícola tradicional, como altos niveles de salinidad en los suelos. Sin embargo, estas limitaciones pueden convertirse en oportunidades si se adopta un enfoque distinto. Existen especies como la caña energética y otras variedades de rápido crecimiento que pueden cultivarse en estas condiciones y ofrecer un alto poder calorífico, convirtiéndose en una fuente viable de biomasa para la generación eléctrica.

Sobre esta base surge la propuesta de desarrollar centrales híbridas agro-energéticas, que integren generación con biomasa y energía solar fotovoltaica. En este modelo la biomasa actúa como fuente despachable, capaz de generar electricidad de manera continua, mientras que la energía solar aportaría una producción de bajo costo durante las horas de sol. Ambas tecnologías pueden compartir infraestructura crítica, como subestaciones y redes de interconexión, reduciendo costos de inversión y mejorando la eficiencia del sistema.

Este enfoque permite resolver uno de los principales desafíos de la energía solar: la intermitencia. La biomasa elimina la necesidad de sobredimensionar sistemas de almacenamiento, mientras que la energía solar reduce el consumo de combustible en las horas diurnas. El resultado es un sistema más estable, más económico y resiliente.

Pero la propuesta va más allá de la generación eléctrica. Introduce un componente innovador: la agrovoltaica, es decir, la instalación de paneles fotovoltaicos a una altura que permita el uso del suelo para producción agrícola. Mediante el uso de sistemas de cultivo en maceteros con sustratos preparados es posible producir hortalizas de alta calidad bajo los paneles, aprovechando las condiciones microclimáticas que estos generan. Este componente puede orientarse especialmente al abastecimiento del sector turístico en expansión en la región suroeste, creando un encadenamiento productivo local de alto valor.

Desde el punto de vista financiero, este modelo se fortalece al estructurarse como un sistema modular. El componente energético y el componente agrícola pueden evaluarse, cada uno con su propia lógica de inversión y retorno. Esto permite que el sobrecosto asociado a las estructuras elevadas para la agrovoltaica sea asumido como parte del negocio agrícola, evitando distorsionar la competitividad del proyecto eléctrico. Al mismo tiempo, la combinación de múltiples fuentes de ingresos —energía, productos agrícolas y eventualmente biomasa procesada— mejora efectivamente el perfil de riesgo del proyecto.

Un elemento crítico para la viabilidad de esta propuesta es el recurso hídrico. Contrario a percepciones generalizadas, en muchas zonas del suroeste existe disponibilidad de agua subterránea que puede ser aprovechada de manera sostenible. La integración de sistemas de bombeo alimentados por energía solar permite extraer y gestionar este recurso con costos operativos reducidos, alineando la disponibilidad de energía con la demanda de agua para riego. No obstante, este componente debe desarrollarse con rigor técnico, incluyendo estudios de acuíferos y esquemas de extracción sostenible que eviten riesgos de sobreexplotación o la intrusión salina.

Para que esta visión se materialice, resulta fundamental adoptar un modelo de implementación adecuado. En este sentido, una alianza público-privada (APP) surge como la estructura más idónea. El Estado puede aportar activos estratégicos, como el acceso a tierras y el apoyo a la investigación agrícola, mientras que el sector privado asume la inversión, la ejecución y la operación del proyecto. Este esquema permite movilizar capital y conocimiento técnico sin aumentar significativamente la carga fiscal, al tiempo que asegura una gestión eficiente.

Bajo este modelo, el Estado no solo facilita el desarrollo del proyecto, sino que también puede beneficiarse de múltiples maneras: activando tierras subutilizadas, generando empleo rural, fortaleciendo la seguridad energética y apoyando el desarrollo económico de regiones con alto potencial turístico. Por su parte, el sector privado encuentra una oportunidad de inversión con flujos diversificados y perspectivas de largo plazo.

Adicionalmente, la integración de programas de reforestación con especies de rápido crecimiento en zonas montañosas puede complementar el modelo, creando una base sostenible para la producción de biomasa y contribuyendo a la mejora de las condiciones hidrológicas del territorio. A largo plazo, esto puede tener efectos positivos en la disponibilidad de agua y en la resiliencia ambiental del país.

La transición energética no debe entenderse únicamente como un cambio tecnológico. Es en esencia una transformación del modelo de desarrollo. La propuesta aquí planteada no busca simplemente sustituir una fuente de energía por otra, sino construir un sistema que integre energía, agricultura, agua y territorio en una visión coherente.

El momento para actuar es ahora. Las condiciones internacionales, lejos de ser una amenaza aislada, son una señal recurrente de la fragilidad de los modelos dependientes. La República Dominicana tiene la oportunidad de anticiparse, de innovar, de liderar en la construcción de soluciones adaptadas a su realidad.

Convertir terrenos improductivos en fuentes de energía, alimentos y desarrollo no es solo una posibilidad técnica. Es una decisión estratégica. Y, posiblemente, una de las más importantes para el futuro del país.