La innovación administrativa más significativa fue la introducción del Jure Medical (Juro Médico), un organismo regulador basado en los modelos franceses que ya funcionaba en Haití. Su función principal era examinar y otorgar licencias a todos los aspirantes a ejercer la medicina, la cirugía y la farmacia, centralizando así el control sobre el acceso a estas profesiones. Un ejemplo concreto de su actividad fue la autorización para la apertura de la farmacia de Wenceslao Guerrero en 1827.
Esta medida representó una ruptura fundamental con el sistema español, que era más descentralizado y gremial. Sin embargo, la efectividad de este organismo fue probablemente muy limitada. Incluso en Haití, su autoridad era socavada por oficiales militares y personajes influyentes que protegían a curanderos y practicantes sin licencia. Es casi seguro que este mismo problema se replicó en la parte oriental, donde la tradición del curanderismo estaba profundamente arraigada y la presencia del Estado era débil fuera de las principales ciudades.
La creación del Jure Medical debe entenderse no tanto como una iniciativa para mejorar la calidad de la atención sanitaria, sino como un instrumento de construcción estatal. Su objetivo era imponer una estructura administrativa uniforme sobre un territorio recién adquirido y someter a una profesión históricamente independiente al control del poder central en Puerto Príncipe. La lógica de esta política se vuelve evidente al considerar que el gobierno implementó un complejo sistema de regulación mientras, simultáneamente, eliminaba la principal institución local capaz de formar al personal cualificado que debía ser regulado.
En línea con su enfoque estandarizador, el gobierno introdujo un sistema que clasificaba tanto los hospitales como a los médicos que trabajaban en ellos en tres categorías o clases distintas. Aunque las fuentes no detallan los criterios específicos para esta clasificación, la medida indica un intento de crear un sistema hospitalario jerárquico y uniforme. Es probable que esta jerarquía estuviera encabezada por los hospitales militares, que recibían la mayor atención y recursos del Estado, seguidos por los escasos hospitales civiles. Esta política, al igual que el Jure Medical, buscaba imponer orden y control administrativo sobre el caótico panorama sanitario heredado. Un acontecimiento de consecuencias devastadoras para el desarrollo de la medicina local fue el cierre de la Universidad de Santo Domingo (formalmente la Universidad de Santo Tomás de Aquino). Tras un breve intento de reapertura en junio de 1822, el edificio fue ocupado por el ejército haitiano y clausurado definitivamente al año siguiente. Este acto desmanteló la única institución de educación superior del territorio y puso fin a la formación médica local formal.
Los aspirantes a médicos se vieron obligados a depender de tutorías privadas, un sistema informal y no estandarizado. De manera crucial, para obtener una licencia oficial del Jure Medical, estos estudiantes debían viajar a Haití para ser examinados. Esta exigencia creó una barrera económica y logística significativa, limitando el número de nuevos médicos. Más importante aún, subordinó por completo al incipiente estamento médico dominicano a las autoridades de Puerto Príncipe, convirtiendo la certificación profesional en una herramienta de consolidación política y control central.
En conclusión, la sanidad durante la ocupación haitiana fue un complejo entramado de abandono y modernización, de represión y liberación. Aunque la administración de Boyer no logró construir un sistema de salud público funcional, sus políticas —tanto las directas como las indirectas, las exitosas como las fallidas— alteraron irrevocablemente el paisaje sanitario de la parte oriental de la isla. De las cenizas de la decadencia institucional y la experiencia de la subordinación, surgieron los cimientos regulatorios y el impulso nacionalista que definirían el camino de la medicina y la salud pública en la República Dominicana durante el resto del siglo XIX.
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