Cuando tener menos cuesta más

La pobreza monetaria permite establecer si los recursos de un hogar alcanzan determinado umbral de bienestar, pero deja fuera una cuestión diferente. El costo de satisfacer una necesidad no depende únicamente del precio de mercado. También intervienen el dinero que puede movilizarse en el momento oportuno, la posibilidad de comprar en mayor escala, las condiciones de financiamiento, el tiempo disponible para buscar alternativas y la capacidad para aplazar una decisión inconveniente.

Esta diferencia ayuda a entender una vieja paradoja. David Caplovitz documentó en The Poor Pay More que hogares de bajos ingresos podían enfrentar condiciones comerciales menos favorables. Terry Pratchett convirtió después esa intuición en la conocida paradoja de las botas. Un producto de mayor calidad exige un desembolso inicial elevado, pero puede durar más. Otro más barato resuelve la necesidad inmediata, aunque su sustitución repetida termine costando más. La fuerza de la metáfora reside menos en las botas que en la restricción que condiciona la elección.

La investigación reciente ha ampliado considerablemente esa observación. El Personal Finance Research Centre de la Universidad de Bristol estudia la poverty premium, los costos adicionales que algunos hogares de bajos ingresos enfrentan al acceder a bienes y servicios esenciales. Su investigación de 2026 examinó energía, seguros, crédito y alimentos en Gran Bretaña y estimó que el 95% de los hogares de bajos ingresos estudiados soportaba al menos una de esas penalizaciones, con un costo promedio de 380 libras anuales entre quienes las experimentaban (Evans & Davies, 2026). Esas cifras pertenecen a la economía británica y no deben trasladarse a otros países. Los mecanismos que describen, sin embargo, permiten comprender mejor el problema.

El fenómeno es más complejo que afirmar simplemente que los pobres pagan más. Un mismo mercado puede generar costos efectivos diferentes sin que el vendedor cobre deliberadamente un precio distinto según el ingreso del comprador. Basta con que acceder a las condiciones más ventajosas requiera recursos que no todos poseen.

Las economías de escala ofrecen un ejemplo sencillo. Comprar una presentación grande puede reducir el precio por unidad, pero exige desembolsar más dinero de una vez. Baker, Johnson y Kueng (2024) muestran que la gestión estratégica de inventarios domésticos puede generar retornos económicos importantes y que aprovecharlos requiere mantener recursos líquidos, una suerte de capital circulante del hogar que permite financiar compras presentes para obtener ahorros posteriores.

La restricción de liquidez establece así una diferencia entre poder pagar un consumo y poder realizarlo de la forma económicamente más eficiente. Un hogar puede disponer, a lo largo del mes, de ingresos suficientes para adquirir cierta cantidad de un producto y carecer del efectivo necesario para comprarla de una sola vez. Elegir cantidades pequeñas no constituye necesariamente una anomalía ni una decisión deficiente. Puede ser la respuesta racional a una restricción de caja que reduce el desembolso inmediato, aun cuando aumente el precio unitario.

Algo semejante ocurre cuando las condiciones dependen de la forma o del momento de pago. El estudio británico de 2026 encontró penalizaciones relacionadas con seguros pagados mensualmente, determinadas modalidades de energía, dificultades para acceder a tarifas más convenientes y uso de establecimientos de conveniencia. También señaló barreras digitales que pueden limitar la comparación o el cambio hacia ofertas más económicas. En esos casos intervienen simultáneamente liquidez, ubicación, información, tiempo y reglas comerciales.

El crédito exige todavía mayor cautela. Un interés más alto no constituye por sí mismo una penalización injustificada. El riesgo, las garantías y los costos de originación influyen legítimamente en el precio del financiamiento. La situación cambia cuando una necesidad urgente coincide con pocas fuentes de crédito, ausencia de reservas y escasa capacidad para ofrecer garantías. No tiene que existir discriminación para que el conjunto de alternativas disponibles sea más estrecho y resulte más difícil esperar una condición mejor.

Conviene distinguir, por ello, entre el precio monetario y el costo económico de acceso. Al precio pueden añadirse intereses, desplazamientos, tiempo de búsqueda, costos de transacción, menor durabilidad o la pérdida de descuentos asociados al pago anticipado o a cantidades mayores. Ninguno de esos componentes demuestra aisladamente una penalización de pobreza. La literatura sobre poverty premium estudia precisamente cómo distintas fricciones pueden acumularse y afectar con mayor intensidad a hogares de bajos ingresos.

Esta perspectiva también permite juzgar con más cuidado decisiones que, observadas desde fuera, parecen ineficientes. El envase pequeño puede resultar más caro por unidad y ser, al mismo tiempo, el único compatible con el dinero disponible después de cubrir transporte, alimentación o electricidad. Postergar una reparación puede elevar el gasto futuro, aunque anticiparla implique incumplir una obligación inmediata. Financiar un bien indispensable puede ser costoso, pero prescindir de él puede significar perder una herramienta necesaria para trabajar.

La fragilidad financiera completa esta mirada. Lusardi, Schneider y Tufano (2011) encontraron en Estados Unidos que aproximadamente una cuarta parte de los entrevistados estaba segura de no poder reunir US$2,000 en treinta días ante una emergencia. Al incorporar a quienes consideraban probable no poder hacerlo, la proporción se aproximaba a la mitad. El dato no describe a la República Dominicana ni debe utilizarse como si lo hiciera. Su interés está en mostrar que ingreso corriente y disponibilidad inmediata de recursos ante una contingencia no son equivalentes.

Nuestro país llega a esta discusión después de una evolución favorable de la pobreza monetaria. La tasa general pasó de 19.0% en 2024 a 17.3% en 2025. Para enero-marzo de 2026, el Ministerio de Hacienda y Economía reportó de manera preliminar 15.4%, frente a 18.1% en igual período del año anterior. Se trata de avances relevantes que deben reconocerse sin reservas.

Las fuentes revisadas para este artículo no ofrecen una estimación nacional comparable con la realizada por Bristol. Desconocemos cuánto representan entre los hogares dominicanos los eventuales sobrecostos asociados a compras de menor escala, financiamiento de gastos urgentes, desplazamiento hacia determinados proveedores o dificultades para acceder a condiciones comerciales más favorables. Asignarles una magnitud sin evidencia local sería especulativo.

La cuestión merece atención precisamente por eso. Una reducción sostenida de la pobreza aumenta los recursos de los hogares, pero algunas fricciones de mercado pueden depender también de la competencia, la regulación, la infraestructura, el acceso financiero, la información, el transporte o las modalidades de pago. Una política favorable al bienestar no se limita entonces a elevar ingresos. Puede contribuir igualmente a reducir costos de transacción y facilitar el acceso efectivo a condiciones más convenientes.

La expresión “impuesto invisible de la pobreza” conserva utilidad como metáfora si se emplea con precisión. No existe un tributo único, una tasa uniforme ni un responsable común. Existen mecanismos distintos capaces de producir un resultado semejante cuando resolver una necesidad cuesta más porque acceder a la alternativa de menor costo total exige recursos previos.

La paradoja de las botas sigue vigente, aunque su enseñanza rebasa la conocida advertencia de que lo barato puede salir caro. Revela algo menos evidente. Las mejores condiciones pueden estar formalmente disponibles para todos y, sin embargo, no ser igualmente accesibles.

Tener menos no siempre cuesta más porque el precio sea más alto. A veces cuesta más porque llegar al precio más bajo exige recursos que precisamente escasean.

Referencias

1. Baker, S. R., Johnson, S., & Kueng, L. (2024). Financial returns to household inventory management. Journal of Financial Economics, 151, 103758. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2023.103758
2. Caplovitz, D. (1963). The poor pay more: Consumer practices of low-income families. Free Press of Glencoe.
3. Evans, J., & Davies, S. (2026). Paying more for less: The poverty premium in 2026. Personal Finance Research Centre, University of Bristol.
4. Lusardi, A., Schneider, D. J., & Tufano, P. (2011). Financially fragile households: Evidence and implications. Brookings Papers on Economic Activity, 2011(1), 83–134.
5. Ministerio de Hacienda y Economía. (2026). Pobreza monetaria baja 2.6 puntos porcentuales durante el primer trimestre de este año.
6. Pratchett, T. (1993). Men at arms. Victor Gollancz.