Hay sociedades que no necesitan grandes discursos para revelar sus problemas; basta observar lo que ocurre en una intersección. En nuestras calles y avenidas, cruzar un semáforo en rojo parece haberse convertido, para muchos conductores, en una práctica cotidiana. Lo preocupante no es solamente la infracción, sino la naturalidad con la que hemos aprendido a convivir con ella.
Un semáforo en rojo no es una sugerencia ni un obstáculo colocado para retrasar nuestro camino. Es un acuerdo colectivo de supervivencia. Detrás de esa luz existe una persona que cruza, una familia que espera, un motorista que avanza y un conductor que confía en que los demás respetarán las mismas reglas. Ignorarla es jugar irresponsablemente con la vida ajena.
Quizás nuestro mayor problema no sea la ausencia de leyes, sino la percepción de que incumplirlas tiene consecuencias insignificantes. Hemos construido una cultura donde muchos calculan la posibilidad de ser sorprendidos por una autoridad antes que el peligro de provocar una tragedia. Cuando la probabilidad de recibir una sanción parece menor que la tentación de cometer una infracción, la autoridad pierde su capacidad disuasoria.
Necesitamos avanzar hacia un modelo de responsabilidad vial mucho más riguroso. Las multas deben guardar proporción con la gravedad de las infracciones, la reincidencia debe tener consecuencias crecientes y las faltas peligrosas deben poder conducir a la suspensión temporal de la licencia. No se trata de castigar por castigar, sino de establecer un sistema donde conducir sea también asumir responsabilidades frente a la sociedad.
Algunos países han entendido que la seguridad vial no se consigue únicamente con campañas educativas. Singapur, por ejemplo, aplica un sistema de puntos que puede terminar en la suspensión de la licencia y contempla sanciones económicas importantes para quienes desobedecen las señales luminosas. ¿Por qué no podemos discutir seriamente un modelo dominicano que incorpore mecanismos similares, con tecnología, fiscalización efectiva y garantías para los ciudadanos?
Incluso deberíamos atrevernos a debatir hasta dónde pueden llegar las consecuencias administrativas para quienes acumulan infracciones graves y persistentes. Naturalmente, cualquier restricción debe respetar la Constitución, el debido proceso y la proporcionalidad de las sanciones. La autoridad no puede convertirse en arbitrariedad, pero tampoco podemos confundir el respeto a los derechos individuales con una licencia para poner en peligro los derechos de los demás.
Al final, el verdadero desarrollo de una nación no se mide solamente por sus edificios, sus carreteras o sus inversiones, sino también por la capacidad de sus ciudadanos para respetar las reglas que hacen posible la convivencia. Una sociedad comienza a perder el rumbo cuando sus semáforos dejan de ser respetados y sus infractores comienzan a sentirse más importantes que las normas. Quizás ha llegado la hora de entender que ninguna prisa justifica poner una vida en peligro y que, en materia de tránsito, la impunidad también puede ser una forma de violencia.
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