Cuando la denuncia sustituye a la justicia

En la República Dominicana se está consolidando una práctica peligrosa: la judicialización mediática de la política. La oposición —acompañada por un ecosistema creciente de influencers y comunicadores digitales— ha asumido, en muchos casos, el rol de fiscal, juez y verdugo. Amparados en denuncias que, aunque puedan tener sustento o merezcan investigación, no siempre trascienden al plano institucional, se instala un mecanismo paralelo de condena pública que opera con la lógica de la inmediatez y no con la del debido proceso.

El caso de SENASA marcó un punto de inflexión en esta dinámica. A partir de ahí, el escrutinio —que es legítimo y necesario en democracia— comenzó a transformarse en una cacería sistemática. Cada día surge una nueva acusación: supuestos cobros irregulares, presuntas contribuciones políticas forzadas, decisiones administrativas interpretadas como actos dolosos. El problema no radica en investigar; radica en que muchas de estas denuncias no recorren el camino institucional correspondiente. Se quedan en el titular, en el video viral, en el “hilo” de X, en la transmisión en vivo que ya dictó sentencia antes de que exista expediente.

No se trata de justificar posibles actos de corrupción. Todo lo contrario: si existen irregularidades, deben ser investigadas con rigor técnico, transparencia y consecuencias jurídicas. Pero la democracia no puede sostenerse sobre la base del descrédito permanente sin prueba procesal. La denuncia sin responsabilidad es tan nociva como la impunidad.

Hoy el país parece un escenario donde el espectáculo sustituye al análisis. Las redes sociales se han convertido en campos de batalla donde el objetivo no es esclarecer, sino vencer. La verdad se fragmenta en versiones y cada ciudadano elige la que confirma sus prejuicios. La reputación de un funcionario puede quedar demolida en cuestión de horas, aun cuando jamás se formalice una acusación ante los tribunales.

Hannah Arendt advertía con claridad: “La libertad de opinión es una farsa si la información sobre los hechos no está garantizada y los hechos mismos son objeto de disputa”. Cuando los hechos se diluyen en la guerra narrativa, la opinión deja de ser un ejercicio democrático y se convierte en un arma.

Estamos entrando en una etapa donde la política se mide por percepción y no por evidencia. Donde la sospecha constante sustituye la institucionalidad. Y donde la indignación —muchas veces legítima— es instrumentalizada para erosionar adversarios sin asumir la carga de probar lo que se afirma.

La oposición tiene el deber de fiscalizar; el gobierno tiene el deber de transparentar. Pero ambos comparten una responsabilidad mayor: preservar la credibilidad de las instituciones. Cuando la arena pública se transforma en tribunal sin reglas, el daño no lo sufre solo el funcionario señalado, lo sufre el Estado de derecho.

Una democracia madura no teme la crítica, pero tampoco renuncia al debido proceso. Si permitimos que la condena mediática sustituya a la justicia formal, estaremos debilitando precisamente aquello que decimos defender: la verdad, la transparencia y la institucionalidad.

La pregunta de fondo es sencilla pero urgente: ¿queremos un país donde la justicia la dicten los algoritmos o uno donde la dicten las leyes?