Cuando la crisis confirma el diagnóstico

La República Dominicana enfrenta una paradoja que define su futuro tecnológico: mientras el país acelera su consumo de tecnología y multiplica sus declaraciones de transformación digital, la formación del talento que debería sostener esa transformación permanece rehén de dinámicas que poco tienen que ver con la excelencia académica o las necesidades del mercado laboral. Las carreras STEM representan el eslabón crítico entre las aspiraciones de una economía digital competitiva y la capacidad real de construirla. Ese eslabón, hoy, no solo está roto; está sometido a tensiones que lo debilitan estructuralmente con cada ciclo político.

Durante más de dos décadas hemos documentado un patrón recurrente en la política tecnológica dominicana: instituciones creadas con visión transformadora que terminan capturadas por lógicas de colocación partidaria, infraestructuras inauguradas con fanfarria que se degradan por falta de inversión sostenida en capital humano, y reformas anunciadas que nunca sobreviven al gobierno que las proclamó. Este patrón no es accidental ni exclusivo de un partido o administración; es el síntoma de un modelo de gobernanza tecnológica fundamentalmente mal diseñado, donde la innovación funciona como narrativa electoral en lugar de política de Estado.

El Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial 2024 ubica a República Dominicana en la séptima posición entre diecinueve países evaluados, con un puntaje de 45.52 que nos clasifica como "adoptantes," no pioneros ni líderes, sino seguidores cautelosos de una revolución que otros construyen. La brecha de más de treinta puntos con Chile y Brasil en factores habilitantes no representa solo distancia numérica; cristaliza décadas de decisiones divergentes sobre qué priorizar. Mientras esos países invertían sostenidamente en formación de talento e investigación aplicada, nosotros reiniciábamos el contador cada cuatro u ocho años, confundiendo inauguraciones con progreso y decretos con capacidades instaladas.

La politización de la educación tecnológica ha producido exactamente los resultados que cabía esperar: discontinuidad de proyectos formativos vitales, priorización de lo tangible sobre lo intangible, y una erosión sistemática de la confianza institucional que empuja al talento más competente hacia alternativas fuera del sistema. Lo que observamos hoy en las instituciones formadoras del país no es crisis coyuntural sino la manifestación predecible de contradicciones estructurales que nunca se resolvieron.

Creamos instituciones de vanguardia tecnológica y las gobernamos con prácticas del siglo pasado. Declaramos prioridades nacionales y asignamos recursos testimoniales. Demandamos talento especializado y subvaloramos a los profesionales que el sistema logra formar a pesar de sus limitaciones.

La reciente acefalia del Instituto Tecnológico de las Américas no constituye una anomalía administrativa sino la manifestación más visible de un patrón estructural que hemos documentado durante más de dos décadas. Las alegaciones de irregularidades salariales, la destitución del director general sin designación de reemplazo interino y la incertidumbre institucional resultante no son accidentes de gestión; son consecuencias predecibles de un modelo que nunca resolvió su contradicción fundamental: crear instituciones de vanguardia tecnológica dentro de marcos de gobernanza diseñados para otra época.

ITLA nació con una misión transformadora: formar capital humano avanzado en áreas estratégicas donde el sistema universitario tradicional mostraba limitaciones evidentes. Durante años, representó la apuesta más ambiciosa del país por construir capacidades tecnológicas endógenas fuera de los circuitos académicos convencionales. Sin embargo, esa misma excepcionalidad institucional lo convirtió en territorio disputado por lógicas que poco tienen que ver con la formación de talento. La institución que debía operar con agilidad tecnológica terminó atrapada en dinámicas que priorizan la colocación de cuadros políticos sobre la continuidad de proyectos formativos, y la visibilidad mediática de inauguraciones sobre la consolidación silenciosa de capacidades docentes.

El ciclo que observamos en ITLA replica exactamente lo documentado con los Centros Tecnológicos Comunitarios después de 2009. En aquella ocasión, esfuerzos multisectoriales diseñaron modelos de sostenibilidad que nunca se implementaron porque la política sustituyó a la planificación. Se invirtieron recursos para sostener infraestructura "de momento," generalmente durante un ciclo electoral, sin invertir consistentemente en la capacitación y retención de coordinadores y docentes. Cuando el personal finalmente adquiría conocimientos y destrezas, abandonaba los centros para unirse a la fuerza laboral privada o emigrar digitalmente, dejando las infraestructuras vacías de contenido educativo real. La máxima que acuñamos entonces sigue vigente: la política como sustituto de la sostenibilidad produce resultados necesariamente efímeros.

Lo que distingue al caso ITLA es la magnitud del costo de oportunidad. No hablamos de telecentros comunitarios con alcance local sino de la institución llamada a liderar la formación en inteligencia artificial, ciberseguridad y tecnologías emergentes precisamente cuando el país acaba de declarar los semiconductores como prioridad nacional. La disonancia entre la ambición de la Estrategia Nacional de Fomento a la Industria de Semiconductores y la realidad de una institución formadora sumida en escándalos administrativos no es solo irónica; es reveladora de una desconexión sistémica entre el discurso de transformación digital y las prácticas institucionales que deberían sostenerlo.

El patrón histórico sugiere que la respuesta gubernamental seguirá un guion conocido: designación de nuevo director con declaraciones de compromiso renovado, anuncios de auditorías y reestructuraciones, quizás alguna inversión visible en equipamiento que permita fotografías inaugurales. Lo que el patrón histórico también sugiere es que, sin reformas estructurales en la gobernanza institucional, el próximo ciclo de crisis es matemáticamente inevitable. Las personas cambian, las dinámicas que producen estos resultados permanecen intactas.

La obsesión por lo tangible que caracteriza la política tecnológica dominicana encuentra en ITLA su expresión más costosa. Preferimos construir edificios que formar formadores, adquirir equipos que desarrollar currículos, inaugurar laboratorios que sostener programas de investigación. Esta asignación errónea de recursos explica parcialmente por qué el país retrocedió siete posiciones en el Índice Global de Innovación entre 2020 y 2024 mientras multiplicaba sus declaraciones de compromiso con la transformación digital. La innovación no se decreta; se construye mediante inversión sostenida en el componente más difícil de exhibir políticamente: el capital humano.

El caso ITLA debería funcionar como punto de inflexión, pero la experiencia histórica invita al escepticismo. Las instituciones tecnológicas dominicanas han demostrado una capacidad notable para absorber crisis, emitir comunicados reconfortantes y continuar operando bajo las mismas lógicas que produjeron los problemas originales. Romper ese patrón requiere algo más que cambios de dirección; requiere blindajes institucionales que aíslen las decisiones técnicas y académicas de los ciclos electorales, mecanismos de gobernanza con participación vinculante del sector privado y la academia, y sistemas de rendición de cuentas basados en resultados formativos medibles, no en métricas de matrícula o equipos entregados.

Mientras tanto, el talento joven dominicano que observa la inestabilidad de ITLA extrae conclusiones racionales sobre dónde invertir su trayectoria formativa. Cada escándalo institucional, cada período de acefalia, cada señal de que las decisiones se toman por criterios ajenos a la excelencia académica, empuja a los más competentes hacia alternativas formativas fuera del sistema: bootcamps internacionales, certificaciones corporativas, plataformas de aprendizaje global. El costo de la politización no se mide solo en titulares negativos o interacciones en redes sociales; se mide en cohortes de estudiantes que deciden que el sistema no merece su confianza.