Crisis global, decisiones locales: el momento energético de República Dominicana

La República Dominicana lleva décadas construyendo una economía dinámica, turísticamente potente y, en alguna medida, fiscalmente estable. Sin embargo, hay una vulnerabilidad estructural que ningún crecimiento ha podido eliminar: el país no produce ni una gota del petróleo que consume. Importamos la totalidad de los combustibles que consumimos. En consecuencia, no fijamos precios de los combustibles, sino que los recibimos del mercado internacional. Esa dependencia convierte cada conflicto geopolítico en una variable presupuestaria doméstica.

Por estos días, la posibilidad de una escalada de conflicto en Medio Oriente, con Irán como protagonista, vuelve a poner sobre la mesa una realidad incómoda: en un mundo interconectado los eventos lejanos tienen consecuencias inmediatas en economías como la nuestra. No se trata de geopolítica abstracta. Cada tensión en el Estrecho de Ormuz -por donde transita una parte sustancial del petróleo mundial- puede traducirse en algo muy concreto para los dominicanos: aumento en los precios de los combustibles, presión sobre la inflación y mayores costos para producir, transportar y vivir. Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, ha dicho que la Guerra de Irán ha ocasionado el más grave choque energético de todos los tiempos. Sus efectos están acá para quedarse, al menos por un buen rato, con independencia de que la guerra termine hoy mismo.

La República Dominicana, como importador neto de hidrocarburos, está particularmente expuesta. Cuando sube el petróleo, sube casi todo. Y cuando sube todo, el Estado se ve forzado a intervenir: subsidios, ajustes fiscales, medidas de contención. Es una reacción necesaria, pero no sostenible como estrategia permanente. Aquí es donde la coyuntura internacional deja de ser una amenaza y se convierte en una oportunidad, porque esta crisis -como otras anteriores- tiene el potencial de acelerar decisiones que el país ya sabe que debe tomar.

La primera de ellas es asumir, sin ambigüedades, que la seguridad energética es seguridad nacional. No es un tema técnico reservado a especialistas: es una condición básica para la estabilidad económica, la competitividad y la calidad de vida. La segunda es reconocer que el subsidio, aunque útil en momentos de choque, no resuelve el problema de fondo. Es un amortiguador, no una solución. Persistir en ese enfoque sin transformaciones estructurales solo pospone los ajustes y aumenta su costo futuro. La tercera -y quizás más importante- es entender que la transición energética dejó de ser un objetivo ambiental para convertirse en una necesidad estratégica. Diversificar la matriz energética, continuar promoviendo el uso de gas natural, acelerar la incorporación de energías renovables y mejorar la eficiencia del sistema eléctrico no son aspiraciones de largo plazo: son decisiones urgentes. Si hay algo que esta situación ha confirmado es que el camino hacia las energías renovables no es un lujo ambiental ni una aspiración progresista: es una necesidad estratégica de seguridad nacional.

En este punto resulta propicio apuntar que en agosto de 2025 la República Dominicana logró que el 25% de la energía que produce provenga de fuentes renovables, un hito que fortalece su compromiso con la sostenibilidad, la diversificación de la matriz y la transición energética. Pensar en transición energética supone, además de incorporar renovables, pensar en la capacidad real del país para gestionarlas -mediante sistemas de almacenamiento- con inteligencia y soberanía. En ese contexto, decisiones como la resolución CNE-AD-0003-2023 de la Comisión Nacional de Energía reflejan un esfuerzo del Estado respecto de anticiparse y construir las bases de una nueva seguridad energética. Sin almacenamiento, la penetración masiva de renovables puede convertirse en una fuente de inestabilidad; con almacenamiento, en cambio, se abre la puerta a un sistema más resiliente, competitivo y menos dependiente de choques externos. Las referidas en este párrafo son buenas señales, pero hay que seguir empujando con fuerza. Esos esfuerzos deben escalar. No debemos abordar este debate solo desde la perspectiva técnica, sino como una definición estratégica de país: o seguimos reaccionando a las crisis del petróleo que se deciden fuera de nuestras fronteras, o damos el paso firme hacia una independencia energética construida sobre planificación, tecnología y visión de futuro. El gobierno -en su condición de mayor comprador de vehículos nuevos- debe liderar, por ejemplo, la transición hacia los automóviles eléctricos (incluyendo autobuses) e infraestructura de carga. Es al gobierno a quien corresponde motorizar la transición.

Además de su costo inmediato, cada crisis tiene valor pedagógico. El Estrecho de Ormuz le recuerda a la República Dominicana -con una claridad incómoda- que depender del petróleo ajeno es depender de la paz ajena. Y la paz nunca está garantizada. En este nuevo mapa energético global, los países que logren adaptarse con rapidez mitigarán riesgos y, además, capturarán oportunidades. Para la República Dominicana esto implica no solo reducir su vulnerabilidad externa, sino también posicionarse como un sistema energético más resiliente y competitivo en el Caribe. Las crisis globales tienden a redefinir prioridades nacionales. La pregunta, entonces, no es si el entorno internacional seguirá siendo incierto. Lo será. La pregunta es si estaremos preparados para anticiparnos o si, como hemos hecho históricamente, reaccionaremos cuando el impacto ya esté sobre nosotros.