Crecimiento sin desarrollo: la materia pendiente de la economía dominicana

El crecimiento económico es el aumento sostenido de la producción de bienes y servicios de un país durante un período determinado, medido comúnmente a través del Producto Interno Bruto (PIB). Cuando este indicador sube, significa que la economía está generando más riqueza y expandiendo sus actividades comerciales e industriales. Sin embargo, este concepto es estrictamente cuantitativo y se enfoca en el tamaño global de la actividad económica, sin garantizar de ninguna manera cómo se divide.

Por su parte, el desarrollo económico es un concepto cualitativo que implica la transformación estructural de la sociedad y la mejora real en las condiciones de vida de la población. Existe una brecha abismal entre ambos porque la riqueza generada puede concentrarse en unos pocos sectores de alta productividad capitalista, pero intensivos en tecnología y bajos en empleo. Si los frutos de esa mayor producción se quedan atrapados en las altas esferas corporativas, la clase trabajadora jamás verá el impacto.

Para que los dominicanos sientan verdaderamente el crecimiento en sus bolsillos, el Estado debe aplicar políticas de redistribución de la riqueza a través de una reforma fiscal que grave la renta y disminuya los impuestos indirectos. Asimismo, resulta indispensable indexar los salarios de forma automática con la inflación y fomentar la formalización laboral mediante incentivos tributarios a las micro, pequeñas y medianas empresas. La riqueza colectiva solo se percibe socialmente cuando se transforma de manera directa en salarios dignos y estables.

Cuando la economía dominicana registra cifras macroeconómicas envidiables pero los índices de pobreza monetaria y vulnerabilidad social persisten, el Estado está fallando gravemente en su rol de regulador y redistribuidor. El principal error radica en mantener una estructura tributaria regresiva que castiga con el ITBIS al consumidor final, sin importar su nivel de ingresos particulares. Además, el gasto público se ha caracterizado históricamente por su ineficiencia, priorizando el cemento sobre la inversión en el capital humano.

Otra gran falla estatal se encuentra en el descuido crónico de los servicios públicos esenciales, tales como la educación de calidad, la salud universal y la seguridad social de los ciudadanos. Si un trabajador recibe un aumento salarial, pero debe gastarlo de inmediato en salud privada, colegios para sus hijos y transporte ineficiente, el crecimiento se diluye. El Estado dominicano ha permitido que el bienestar básico se privatice de facto, obligando a las familias a financiar sus derechos esenciales.

Para corregir el rumbo, la gestión gubernamental debe reorientar el presupuesto nacional hacia sectores estratégicos que generen empleos de alto valor agregado y encadenamientos productivos reales. Es imperativo fortalecer la fiscalización del cumplimiento de las leyes laborales y aplicar una verdadera reforma educativa orientada a las demandas técnicas modernas del mercado actual. Solo transitando de la simple acumulación estadística hacia la equidad distributiva, el crecimiento dominicano dejará de ser una fría cifra de vitrina.