Cosecha del cortoplacismo: anatomía del fracaso agropecuario

Existe una regla elemental en el diseño de políticas públicas para el desarrollo productivo: cuando un Estado renuncia a planificar la oferta, a proteger su sanidad agropecuaria y a elevar la competitividad estructural del campo, termina atrapado en la dictadura del cortoplacismo. En la República Dominicana, la gestión del sector agropecuario durante los últimos años ofrece un caso de estudio sobre cómo la improvisación administrativa y la fiebre de importaciones —justificadas con la excusa de frenar la inflación, pero diseñadas para beneficiar con permisos rentables a comerciantes allegados a costa de la producción local— terminan descapitalizando al campo y debilitando la posición negociadora del país.

El relato oficial suele apoyarse en cifras agregadas de crédito o en cosechas puntuales para proclamar una supuesta bonanza en el campo. Sin embargo, cuando se examinan rubros estratégicos —cerdo, mango, arroz, leche, queso y pollo— emerge una realidad muy distinta: un aparato productivo vulnerable, golpeado por plagas previsibles, asfixiado por permisos de importación a destiempo y huérfano de una verdadera estrategia de reconversión competitiva.

El caso del sector porcino ilustra con crudeza esta deriva. Tras la entrada de la Peste Porcina Africana (PPA) en 2021, la falta de controles rigurosos llevó a que la enfermedad fuera declarada endémica en 2024. Aunque las autoridades celebran una reducción estadística de los brotes, omiten que esa aparente calma descansa sobre el cementerio financiero de los pequeños y medianos porcicultores. Antes de la crisis, el país contaba con unas 110,000 madres reproductoras; apenas sobreviven unas 30,000. Solo en 2025 la producción nacional se desplomó otro 25 %, obligando a importar más de 2.17 millones de quintales para cubrir un consumo estimado en 3.24 millones. En lugar de ejecutar a tiempo la transformación hacia granjas de bioseguridad segregadas, la respuesta real fue entregar dos tercios del mercado nacional a la carne importada.

Una negligencia similar, pero en el plano de la sanidad vegetal, explica el bochorno sufrido con el mango. En julio de 2026, el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal de los Estados Unidos (APHIS) suspendió las importaciones de mango dominicano tras reiteradas detecciones de la mosca de la fruta, poniendo en riesgo exportaciones superiores a los 20 millones de dólares hacia ese destino. No fue un accidente de la naturaleza, sino el resultado directo de haber desmantelado a partir de 2020 los equipos técnicos del Programa de Preinspección y de haber ignorado las advertencias formales emitidas por APHIS desde 2023. El deterioro fitosanitario es transversal: entre 2021 y 2025 las exportaciones de banano cayeron un 39 % acosadas por el ácaro del bronceado, mientras el aguacate también registra retrocesos en los mercados externos. Sin técnicos calificados en el terreno, no hay agroexportación sostenible.

En el plano del comercio exterior, la falta de visión estratégica ha salido aún más cara. En julio de 2026, cuando la Oficina del Representante Comercial de EE. UU. (USTR) sustituyó el arancel global temporal del 10 % aplicando la Sección 301 bajo el argumento de debilidades en el control de cadenas de suministro vinculadas al trabajo forzoso, la República Dominicana fue castigada con un gravamen del 12.5 %, por encima del 10 % asignado a México y a la mayoría de Centroamérica. Si bien los productos agrícolas primarios y los textiles quedaron exentos del arancel, el golpe alcanza a eslabones agroindustriales y manufactureros dentro de una canasta exportadora que supera los US$7,100 millones anuales hacia ese mercado, evidenciando una alarmante pasividad en nuestra diplomacia comercial preventiva.

Pero donde la incoherencia gubernamental alcanzó su punto culminante fue en el manejo del arroz y el DR-CAFTA. Todo el país sabía desde 2005 que el 1 de enero de 2025 vencía el plazo de desgravación arancelaria. En lugar de aprovechar dos décadas —y los últimos seis años en particular— para reducir el costo por tarea mediante nivelación de suelos, genética y mecanización, se apostó por el subsidio corriente. A trece días del vencimiento del plazo, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 693-24 pretendiendo mantener unilateralmente los aranceles. Sin embargo, el propio Gobierno destruyó su argumento de defensa de la producción nacional: entre 2024 y 2025 autorizó importaciones masivas de arroz donde casi el 58 % provino de países ajenos al tratado, como Brasil, Guyana y Uruguay. ¿Con qué autoridad moral o jurídica podía el Estado dominicano alegar ante Washington que protegía al productor local frente al arroz estadounidense, mientras repartía permisos discrecionales para inundar el mercado con cereal suramericano? El desenlace era previsible: ante el reclamo del USTR, el Gobierno tuvo que derogar su propia medida mediante el Decreto 635-26 el 9 de septiembre, dejando al sector arrocero desprotegido, con inventarios represados y una caída del 11 % en la siembra durante el primer semestre del año.

Esa misma permisividad comercial e indolencia regulatoria está provocando el cierre silencioso de nuestros productores de queso y asfixiando a la ganadería lechera. Las importaciones de quesos rozan ya los US$198 millones anuales, pero con un agravante perverso: el mercado local ha sido inundado de quesos sucedáneos o análogos (imitaciones industriales elaboradas a base de aceite de palma, grasas vegetales y almidones que sustituyen la leche). Ante la mirada indiferente de las autoridades de Salud Pública, Aduanas y ProConsumidor, que no hacen cumplir rigurosamente la norma de etiquetado (NORDOM 53) para obligar a identificar estos productos como imitaciones y no como lácteos, se somete a las cerca de 560 queserías nacionales —que absorben el 70 % de la leche procesada en el país— a una competencia desleal insostenible. Ningún productor que emplea diez litros de leche fresca para fabricar un kilo de queso genuino puede competir en costos contra una barra de grasa vegetal importada; así, mientras quiebran las queserías artesanales y se estanca la modernización del sector, se engaña el bolsillo y la nutrición de las familias dominicanas.

Por último, la crisis del sector avícola confirma que las autoridades no cruzan siquiera las estadísticas de producción interna antes de firmar permisos de importación. Con una capacidad instalada que supera los 21.5 millones de pollos mensuales, entre enero y septiembre de 2026 las importaciones de carne de ave se dispararon un 45.03 %, alcanzando los US$132.1 millones, procedentes de Estados Unidos y de Brasil. Pretender que el avicultor dominicano compita en un mercado inundado por dos potencias que producen su propio maíz y soya —insumos que representan el 70 % del costo del alimento balanceado y que nosotros debemos importar pagando flete y financiamiento caro— es una receta para la quiebra. El absurdo administrativo cierra su círculo cuando el Gobierno, tras crear la sobreoferta con permisos excesivos, debe destinar recursos públicos para pignorar ocho millones de libras de pollo local intentando evitar el colapso de precios en granja.

La seguridad alimentaria de una nación no se construye a punta de decretos revocados, pignoraciones de emergencia ni licencias de importación que sustituyen el sudor del productor —y hasta la leche genuina— por la factura del comerciante importador. Mientras la política agropecuaria siga administrándose como una mesa de despacho aduanero y no como un eje de desarrollo productivo, tecnológico y sanitario, el campo dominicano seguirá pagando los platos rotos de la improvisación oficial.