CORAAPPLATA endurece su ofensiva contra AAA Dominicana

La Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) podría rescindir el contrato de gestión comercial suscrito con la empresa AAA Dominicana, por alegadas acciones que han vuelto a colocar bajo escrutinio uno de los acuerdos más cuestionados de la administración del agua potable en la provincia. En varias administraciones, las autoridades han sostenido que la empresa ha incurrido en múltiples incumplimientos contractuales, acciones lesivas contra el interés público y una marcada ineficacia para responder a los problemas que, en ese aspecto, afectan a los puertoplateños.

El contrato, firmado por Carlos Troche el 22 de julio de 2014 y con vigencia de 20 años, otorgó a AAA Dominicana la responsabilidad de la facturación, el cobro de los servicios de agua potable y alcantarillado, la gestión de clientes y los procesos de corte y reconexión. Esa concesión fue producto de una licitación en la que solo participó un oferente y, a la fecha (12 años después), el suministro de agua potable a la población sigue siendo crítico; los hogares reciben el líquido dosificado una o dos veces por semana y la situación se complica por el desmesurado crecimiento horizontal que se registra en la ciudad.

Se recuerda que, siete años después de la firma del acuerdo, CORAAPPLATA anunció la terminación unilateral, alegando que la empresa no cumplía con obligaciones esenciales para garantizar un servicio eficiente a la población. La información, dada por el director de entonces, Oliver Nazario Brugal, quedó en el vacío y, sin más explicaciones, la situación continúa igual hasta hoy.

Entre los principales cuestionamientos figura la supuesta incapacidad de AAA Dominicana para atender con prontitud las reclamaciones de los usuarios. Según las autoridades de CORAAPPLATA, la empresa carecía del personal suficiente para ofrecer respuestas oportunas, lo que provocó una creciente insatisfacción ciudadana y una acumulación de quejas relacionadas con la facturación y la atención al cliente.

Para entonces, Nazario Brugal afirmó que la empresa mostraba una «marcada ineficacia» para solucionar los problemas que afectaban diariamente a los abonados, situación que, a juicio de la institución, resultaba incompatible con los compromisos asumidos en el contrato.

Las críticas también alcanzaron el aspecto financiero del convenio. Se dijo que CORAAPPLATA recibiría un honorario fijo mensual de RD$9.5 millones, de los cobros que ascienden a casi RD$30 millones. Una vez descontado ese monto, la corporación alegó que AAA Dominicana retenía alrededor del 50 % de los ingresos efectivamente cobrados, esquema que calificó como perjudicial para el patrimonio público.

A ello se sumaba una distribución aún más controvertida en las operaciones de corte y reconexión del servicio. Se alega que AAA Dominicana también percibe hasta el 90 % de los ingresos generados por ese concepto, mientras que CORAAPPLATA recibe únicamente el 10 %, una relación financieramente desproporcionada e incompatible con el interés institucional.

La administración de CORAAPPLATA sostuvo que mantener ese contrato significaba continuar afectando tanto las finanzas del organismo como la calidad del servicio ofrecido a la población de Puerto Plata.

El debate también trasciende la rescisión contractual. Fuentes de entero crédito señalan la existencia de un supuesto entramado interno y externo que habría manipulado deliberadamente la distribución del agua potable durante años, elevando la gravedad del caso.

Si tales afirmaciones corresponden a hechos comprobados, no se trataría únicamente de deficiencias administrativas o de incumplimientos contractuales, sino de una posible actuación organizada que habría perjudicado deliberadamente a miles de familias mediante la alteración de un servicio público esencial.

Precisamente por la magnitud de esa denuncia, distintos sectores consideran indispensable que CORAAPPLATA identifique con claridad a los presuntos responsables y proceda ante los tribunales. La transparencia exige que cualquier señalamiento esté respaldado por investigaciones, evidencias y acciones concretas, evitando que acusaciones de esa naturaleza permanezcan en el terreno de las generalidades.

Mientras tanto, el caso de AAA Dominicana continúa siendo uno de los episodios más controvertidos en la historia reciente de CORAAPPLATA. Las alegaciones de incumplimientos, ineficiencia operativa, perjuicio económico y deficiente atención al usuario dibujan un panorama que, según abogados consultados, justifica plenamente la terminación del contrato.

El desafío ahora consiste en que las denuncias formuladas no queden únicamente en el plano del discurso público. Si existieron actuaciones que lesionaron el patrimonio estatal o afectaron deliberadamente el suministro de agua potable, la sociedad espera que las investigaciones determinen responsabilidades y que los hechos sean esclarecidos con absoluta transparencia, en beneficio de los ciudadanos de Puerto Plata.