El nuevo Código Penal establece el programa de cumplimiento como la principal defensa de las empresas. La prórroga de su aplicación abre un plazo valioso para que las empresas familiares integren en un solo sistema su programa de cumplimiento y su gobierno familiar.
Desde agosto de 2026 rige en la República Dominicana un nuevo Código Penal, que por primera vez admite con carácter general la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Según su artículo 8, una sociedad puede ser sancionada cuando sus órganos, representantes o subordinados cometen en su nombre una infracción vinculada al incumplimiento de los deberes de dirección, control y supervisión. Las sanciones van desde multas y el cierre de establecimientos hasta la inhabilitación para contratar con el Estado y la disolución. Para atenuar o eximir esa responsabilidad, el Código exige programas de cumplimiento, cuyos componentes mínimos la Ley 44-26 amplió a once, entre ellos un código de conducta, un canal de denuncias anónimo y trazabilidad documental. Adoptar ese sistema es el nuevo desafío de las empresas dominicanas.
La Ley 88-26 difirió la aplicación de este régimen hasta el 5 de mayo de 2028, un plazo valioso para identificar riesgos, formar al personal, ajustar controles y comprobar que el programa funciona antes de que sea exigible. La prórroga solo aplica a las personas jurídicas. La responsabilidad de las personas físicas rige desde agosto, de modo que el administrador, gerente o empleado que cometa una infracción en nombre de la sociedad ya responde personalmente, y la preparación de la empresa lo protege también a él.
Para las empresas familiares, que representan el 92.8 % de las consultadas empresas en la encuesta de 2023 de la Asociación de Industriales de la Región Norte, esta exigencia abre la oportunidad de adoptar, junto con el cumplimiento, un gobierno corporativo que les permita crecer.
Claudia Álvarez, presidenta del Instituto de Gobierno Corporativo y Ética Dominicano, ha señalado que el deber de supervisión corresponde a la junta directiva, que no puede delegarlo por completo. Es decir, un programa de cumplimiento necesita un órgano que lo apruebe, supervise y reciba sus informes, función propia del gobierno corporativo. Desde la banca y el mercado de valores ya se evalúa la madurez de estos sistemas y, según la encuesta global de PwC de 2025, las empresas familiares con un gobierno más ágil crecen más y generan mayor confianza.
El gobierno corporativo adquiere características propias en la empresa familiar, donde confluyen varios roles. En ella conviven la familia, que se rige por el afecto; la propiedad, por los derechos de socio; y la empresa, que exige mérito y resultados. Así, una persona puede ser a la vez pariente, socio, consejero y empleado, con derechos y deberes distintos en cada posición. Cuando esos roles no se delimitan, las decisiones quedan sujetas a la lógica del parentesco y se debilitan los deberes de supervisión que exige la ley.
Por ello, el gobierno familiar busca deslindar qué corresponde decidir a la familia, qué a los socios y qué a la administración, mediante una cultura de gobernanza que crece con la familia y el negocio. Suele comenzar con reuniones familiares formales, con agenda y actas, para informar sobre la empresa y acordar valores comunes. Con el tiempo se incorporan la asamblea familiar y un consejo de familia más reducido, que sirve de enlace con el consejo de administración y vela por el protocolo familiar, documento que recoge las políticas de empleo, conducta y sucesión.
El cumplimiento y el gobierno familiar van de la mano por una razón sencilla. El Código sanciona a la empresa cuando falla la supervisión, que corresponde a los órganos de gobierno, y en la empresa familiar esos órganos los integran casi siempre miembros de la familia. Además, la ley admite que en las mipymes el órgano de administración asuma el cumplimiento. Un protocolo que define quién decide, cómo se remunera a los parientes y qué uso puede darse a los bienes sociales contiene ya buena parte de un programa de cumplimiento.
Esa vinculación se observa en los instrumentos que ambos sistemas comparten. El código de conducta que exige la Ley 44-26 y el código de conducta familiar regulan, en gran parte, las mismas situaciones, como los conflictos de interés, las operaciones con parientes y el uso de los bienes de la empresa. Las actas de las reuniones familiares y del consejo de administración, por su parte, sirven como prueba de que la supervisión efectivamente se ejerció. Del mismo modo, las políticas de empleo familiar evitan que las funciones de control queden en manos de personas sin la preparación necesaria.
El canal de denuncias anónimo que exige la Ley 44-26, tiene en la empresa familiar una dificultad particular, porque quien detecta una irregularidad y quien la comete suelen estar unidos por lazos de parentesco, y la denuncia puede percibirse como una deslealtad hacia la familia. Para evitar que ese temor impida su uso, conviene que el protocolo familiar establezca que informar una irregularidad constituye un deber hacia el patrimonio común, y que los reportes sean recibidos por una persona ajena a la familia. Sin esos acuerdos previos, el canal existirá formalmente, pero difícilmente será utilizado. En los grupos con sociedad tenedora esto importa aún más, porque el artículo 11 extiende la responsabilidad a la controladora que descuidó la supervisión de su filial.
La ley exige que el sistema de cumplimiento debe ser proporcional y su diseño depende del número de propietarios y de generaciones, de la presencia de ejecutivos ajenos a la familia y del tamaño del negocio. Lo ideal es que tanto el programa de cumplimiento como el gobierno corporativo respondan a la naturaleza de cada negocio y a la realidad de cada empresa, pues un conjunto de formularios genéricos difícilmente puede acreditar la veracidad de los controles.
Es un mito, además, que las pequeñas empresas puedan prescindir de un sistema de cumplimiento, ya que el Código no las exime y son las que menos margen tienen para soportar una sanción. Se estima que apenas tres de cada diez empresas familiares llegan a la segunda generación. Desde 2028, a los riesgos de una sucesión no planificada se sumará la posibilidad de que una falla de supervisión derive en un riesgo penal, reputacional o económico.
En definitiva, el nuevo régimen penal ofrece a las empresas familiares la oportunidad de revisar, en un mismo proceso, cómo deciden, controlan y documentan sus actuaciones. Integrar cumplimiento, gobierno corporativo y gobierno familiar les permitirá prevenir la responsabilidad penal de la persona jurídica y fortalecer la continuidad del negocio entre generaciones. Los dieciocho meses que concede la Ley 88-26 son el momento oportuno para emprender esa tarea con el acompañamiento adecuado.
Fuentes:
- De Jesús, M. «Carga tributaria, acceso al financiamiento y calidad del personal, entre los retos de las empresas familiares de RD».
- Álvarez Troncoso, C. «Las reglas del juego del nuevo Código Penal: ahora la Junta Directiva también administra riesgos penales».
- PwC. 12.ª Encuesta de Empresas Familiares: Recuperando la ventaja.
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