Carta abierta al presidente Abinader sobre lo que ocurre en Agricultura

“El poder revela al hombre”. — Sófocles

Señor presidente Luis Abinader:

Me dirijo a usted públicamente movido por una preocupación que trasciende las diferencias personales y políticas que pudieran existir entre funcionarios de su Gobierno. Lo que está ocurriendo en el Ministerio de Agricultura merece su atención, no solamente por las recientes desvinculaciones de servidores públicos con experiencia y resultados documentados, sino porque estos acontecimientos parecen revelar un problema mucho más profundo de conducción institucional, cuya persistencia amenaza con frustrar los esfuerzos de modernización de una dependencia esencial para la seguridad alimentaria y el desarrollo económico del país.

El Ministerio de Agricultura no es una institución cualquiera. De su capacidad de planificación, coordinación y ejecución dependen políticas que afectan directamente a miles de productores y millones de consumidores. Sin embargo, la información disponible permite advertir una preocupante distancia entre las exigencias elementales de la Administración moderna y determinadas prácticas que todavía parecen prevalecer en su funcionamiento.

No se trata de simples apreciaciones. Dos auditorías de la Contraloría General de la República, correspondientes al período 2020-2024, identificaron 56 inobservancias, entre ellas deficiencias en los controles internos, problemas de conciliación financiera, expedientes incompletos y pagos sin soportes documentales suficientes. Estos hallazgos, que deben examinarse junto con las respuestas institucionales y respetando el debido proceso, revelan debilidades que ningún ministro puede permitirse ignorar. Aunque corresponden a una administración anterior, su corrección constituye una responsabilidad ineludible de quienes hoy dirigen la institución.

En abril de este año tuve oportunidad de estudiar, con considerable detenimiento, la estructura y el funcionamiento del ministerio, en el contexto de un trabajo de diagnóstico y formulación de una propuesta integral de modernización. Pude comprobar entonces que existía una distancia preocupante entre su estructura formal, los instrumentos de gestión, la administración de los recursos humanos y los mecanismos de control. Se trataba de problemas que reclamaban una transformación institucional profunda, pero también prudente, capaz de aprovechar las capacidades existentes en lugar de desperdiciarlas.

Precisamente por ello, señor presidente, resultan especialmente inquietantes los acontecimientos recientes. Según informaciones que recibidas y que merecen ser esclarecidas, antes de emprender su viaje a Roma, el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, habría firmado las cancelaciones de aproximadamente once funcionarios, encargados departamentales y técnicos, algunos de ellos vinculados directamente con los esfuerzos de reorganización administrativa. Al conocer las decisiones, varios optaron por presentar sus renuncias, mientras otros se negaron a firmar los documentos de desvinculación.

La circunstancia no puede reducirse a un simple movimiento de personal. Estamos hablando de servidores cuya preparación y experiencia, así como los resultados alcanzados durante su gestión, deberían haber merecido una evaluación rigurosa antes de adoptar decisiones de semejante trascendencia. ¿Qué razones justificaban prescindir de ellos? ¿Se ponderaron sus aportes y las consecuencias institucionales de sus salidas? ¿O pudieron prevalecer consideraciones ajenas a las necesidades reales del ministerio?

Lo ocurrido adquiere mayor relevancia al examinar la memoria oficial de la Dirección de Recursos Humanos correspondiente al primer semestre de 2026. Allí se consignan resultados que cualquier administración interesada en la eficiencia debería examinar antes de prescindir de quienes contribuyeron a alcanzarlos. Entre ellos destaca la reducción del tiempo de procesamiento de vacaciones, permisos y licencias, que anteriormente podía prolongarse entre tres y seis meses y que pasó a situarse entre cinco y ocho días laborables. Asimismo, se documentan avances en el ordenamiento de expedientes, la supervisión de la asistencia, el seguimiento de indicadores institucionales y la regularización de personal en proceso de jubilación.

a memoria registra, además, la evaluación del desempeño de 5,456 servidores públicos correspondiente a 2025, el desarrollo de 24 actividades formativas durante el primer semestre de 2026 y la planificación de los recursos humanos para 2027. También consigna actuaciones encaminadas a depurar la nómina y reducir erogaciones mediante la regularización de jubilaciones y pensiones. Particularmente significativo resulta que, según el propio informe, las gestiones realizadas permitieron excluir de nómina a 205 servidores, con una reducción mensual reportada de aproximadamente RD$4.3 millones.

Desde luego, no todos esos resultados pueden atribuirse exclusivamente a una persona ni a los meses recientes. Pero constituyen evidencias de un esfuerzo de organización que merece ser evaluado y preservado. En una institución donde todavía subsisten deficiencias elementales de gestión, resulta difícil comprender que las autoridades prescindan de personal vinculado con su corrección sin explicar suficientemente las razones. A ello se agregan versiones sobre diferencias entre el actual ministro de Agricultura y otro alto funcionario de su gobierno, a quien se vincula con la conformación inicial de buena fe de parte del equipo administrativo.

No corresponde convertir esas versiones en verdades establecidas ni atribuir intenciones sin pruebas. Pero tampoco sería responsable ignorarlas cuando las decisiones adoptadas afectan a servidores relacionados con ese proceso de integración institucional. Si existen discrepancias entre ambos funcionarios, corresponde resolverlas dentro del Gobierno, sin trasladar sus consecuencias al funcionamiento del Estado. La administración pública no puede convertirse en escenario de disputas por el control de posiciones, presupuestos o áreas operativas. Mucho menos cuando esas disputas pudieran terminar desplazando a técnicos y profesionales cuya competencia debe juzgarse por sus resultados.

Resulta particularmente desafortunado que estas decisiones fueran firmadas antes del viaje del ministro a Roma, donde la República Dominicana participa en actividades internacionales relacionadas con la alimentación y el reconocimiento de sus avances contra el hambre. El contraste merece una reflexión. Mientras nuestro país procura exhibir logros en materia de seguridad alimentaria, el organismo responsable de conducir buena parte de esa política enfrenta cuestionamientos internos que deberían resolverse con transparencia y sentido de Estado.

Señor presidente, considero necesario disponer una revisión independiente de las recientes desvinculaciones, con participación del Ministerio de Administración Pública, para establecer las circunstancias de cada caso, su fundamento legal, la condición laboral de los afectados y sus consecuencias sobre la continuidad de los procesos institucionales. Esa revisión debe escuchar tanto a los servidores involucrados como a las autoridades responsables de las decisiones.

Pero la solución no puede agotarse en revisar unas cancelaciones. Se impone recuperar y actualizar el programa de modernización institucional, conciliar la estructura aprobada con los manuales de funciones y cargos, fortalecer los controles financieros, ordenar la nómina, profesionalizar las áreas técnicas y establecer indicadores verificables de desempeño, bajo un calendario de ejecución sujeto a seguimiento presidencial. Lo contrario sería continuar administrando las deficiencias en lugar de corregir sus causas.

La conducción superior tampoco puede quedar al margen de esa evaluación. Cuando una institución acumula debilidades estructurales y, al mismo tiempo, pierde personal que participaba en su corrección, corresponde preguntarse si el problema reside únicamente en los procedimientos o también en la capacidad de dirección. Si se comprobara que determinadas decisiones obedecieron a represalias, intereses particulares, componendas e influencias de grupos internos, o una manifiesta incapacidad para conducir la transformación necesaria, la sustitución de su máxima autoridad debería formar parte de las alternativas a considerar. No como sanción anticipada, sino como una decisión legítima de gobierno orientada a proteger la institución.

Durante mi experiencia en la administración pública aprendí que dirigir una institución no consiste en disponer de sus cargos ni en imponer una autoridad personal, sino en organizar capacidades, respetar las normas, corregir deficiencias y construir resultados que puedan sostenerse más allá de quien circunstancialmente la dirige. Gobernar también exige reconocer cuándo una designación necesita ser reconsiderada. Usted ha colocado la eficiencia, la transparencia y la profesionalización del Estado entre los compromisos de su administración y, ciertamente, el Ministerio de Agricultura ofrece hoy una oportunidad para demostrar que esos principios prevalecen sobre las conveniencias personales y las disputas internas.

Señor presidente: una institución pública no se fortalece cuando sus autoridades consiguen imponer su voluntad, sino cuando el interés general logra imponerse sobre la voluntad de sus autoridades.