Banco Agrícola: la contabilidad también es institucionalidad (2)

“La confianza es como el alma: una vez que se va, rara vez vuelve.”
— Publilio Siro (Publilius Syrus).

Una de las trampas más frecuentes en el debate público consiste en tratar la contabilidad como si fuera un asunto menor, aburrido, rutinario y reservado a técnicos que ordenan papeles, clasifican cuentas y cierran balances. Pero la realidad es que, en una institución pública, la contabilidad es una forma de institucionalidad, porque en ella se revela si el poder administra con claridad o con zonas grises; si las decisiones tienen soporte o solo apariencia, y si la memoria administrativa sirve para corregir o para encubrir.

La auditoría independiente al Banco Agrícola, correspondiente a los estados financieros de 2023 y 2024, llegada a nuestras manos con considerable retraso, muestra que el problema no se agota en la cartera de créditos ni en el faltante de provisiones. El documento revela hallazgos que apuntan a debilidades importantes como son registros patrimoniales cuestionados, revaluaciones no actualizadas, limitaciones de sistemas, partidas viejas sin depurar, programas informáticos pendientes de autorización completa, dificultades para producir informaciones exigidas por la regulación y ausencia de estudios actuariales para compromisos laborales.

Uno de los puntos más delicados es el traslado histórico de aproximadamente RD$913 millones desde provisiones de cartera hacia superávit por revaluación de activos. El origen de esa operación se remonta a 2014, pero su permanencia en los estados financieros de 2024 mantiene viva una pregunta institucional inevitable: ¿puede una pérdida prudencial o un faltante de provisión transformarse en fortaleza patrimonial mediante una reclasificación contable? Conforme a la memoria que conservo de mis andanzas como economista, un hecho de esa naturaleza no deja de representar una grave falta de gerencia financiera.

Con mayor razón, la auditoría señala que ese tratamiento no se corresponde con el Manual de Contabilidad ni con normas internacionales. Aunque se haya autorizado un desmonte gradual, que el saldo permanezca pendiente indica que la institución convive desde hace años con una distorsión patrimonial relevante. En términos simples, el banco ha cargado durante demasiado tiempo con una cuenta que debió ser corregida con mayor decisión, transparencia y sentido de responsabilidad institucional.

También resulta preocupante la debilidad tecnológica. No se trata solo de computadoras, programas o servidores. Sobra decir que, en la banca, los sistemas constituyen la columna vertebral de la información financiera y cuando no generan adecuadamente los datos requeridos, se afectan las notas a los estados financieros, la medición de riesgos, las operaciones con partes relacionadas, las relaciones técnicas, los flujos de efectivo y la capacidad de respuesta ante la supervisión. Hoy es sencillamente impensable una banca funcional y confiable, estatal o privada, sin el soporte decisivo de las nuevas tecnologías.

La situación adquiere mayor gravedad porque el propio banco reconoce dificultades para adecuarse plenamente a exigencias normativas introducidas desde años anteriores. Pero, ¿puede una institución financiera operar indefinidamente con sistemas en transición, reportes incompletos o procesos incapaces de producir de manera confiable la información exigida por el regulador? Más que un indicador de modernización o lujo, la tecnología aplicada a la gestión bancaria es una obligación prudencial.

A todo lo señalado se suma otro hallazgo relevante, esto es, la falta de estudios actuariales para medir compromisos laborales asociados a planes de pensiones o beneficios definidos. ¿Puede ese tipo de pasivo administrarse por intuición o mediante simples aproximaciones presupuestarias? Los especialistas saben que no. Se requieren cálculos técnicos, supuestos demográficos, tasas, escenarios y reconocimiento contable adecuado. Cuando una entidad pública no mide bien sus compromisos laborales, no elimina el problema; simplemente traslada incertidumbre al futuro.

Otro hallazgo incómodo son las partidas por imputar con saldos antiguos. Ese tipo de cuenta suele ser una zona de tránsito, es decir, montos pendientes de identificación, aplicación, conciliación o reclasificación. El problema surge cuando esas partidas envejecen y permanecen más allá de los plazos razonables. Entonces dejan de ser tránsito y se convierten en síntoma que puede revelar desorden operativo, debilidades de conciliación, falta de seguimiento, insuficiencia de control interno o una cultura administrativa que posterga la verdad hasta que la auditoría la encuentra.

Tampoco son menores las revaluaciones de inmuebles no actualizadas. En una entidad con activos importantes, los inmuebles no pueden permanecer registrados bajo valoraciones que no reflejen razonablemente su situación. Las tasaciones periódicas no son un capricho normativo; son una forma de evitar que el patrimonio aparezca más sólido o débil de lo que realmente es. Se podría actuar sin esas revaluaciones en un pequeño ventorro que vende revistas, periódicos y cuenta apenas con dos sillas; pero resulta absolutamente inaceptable en un banco del Estado que tiene en sus manos parte del crédito y apoyo al sector agropecuario dominicano.

La solución exige un programa de regularización institucional, no una respuesta fragmentada. El Banco Agrícola necesita una matriz pública de hallazgos, acciones correctivas, responsables, plazos y avances. Esa matriz debería incluir la depuración de partidas viejas, la tasación independiente de inmuebles, la valuación actuarial de compromisos laborales, la regularización de intangibles tecnológicos, el cierre de brechas de sistemas y la corrección acelerada de registros patrimoniales heredados. Obviamente, vale aclarar, no sabemos si a la fecha una que otra de estas iniciativas fueron emprendidas y la fotografía funcional del banco sea otra.

En todo caso, la auditoría interna debe ser fortalecida, lo que implica avanzar más allá de una oficina decorativa. La contraloría debe convertirse en eje de disciplina contable; el área de riesgos debe contar con independencia real; tecnología debe responder a una arquitectura de datos regulatorios y el Directorio debe asumir que la gobernanza no consiste en aprobar estados financieros, sino en garantizar que esos estados reflejen la realidad con suficiente y creíble razonabilidad.

Un banco público no se moderniza con discursos, ruedas de prensa o nuevas líneas de crédito. La gente del campo necesita una modernización que permita a su banco resistir auditorías e investigaciones especiales sin temor a malas noticias. Aspira a una institución con datos confiables, pasivos correctamente medidos, activos debidamente valorados y errores corregidos sin esperar el escándalo. Debemos repetirlo: la contabilidad pública es una forma de verdad institucional.