Aumento del impuesto por residuos sólidos, carga injusta para las MIPYMES

El manejo adecuado de los residuos sólidos es una responsabilidad compartida y necesaria para la protección del medio ambiente y la salud pública. Nadie cuestiona la importancia de contar con un sistema eficiente, moderno y sostenible. Sin embargo, cuando esa responsabilidad se traduce en aumentos desproporcionados de impuestos, sin criterios de equidad ni capacidad de pago, deja de ser una política ambiental y se convierte en una carga injusta para quienes menos pueden soportarla.

El reciente aumento en el impuesto por el pago de los residuos sólidos afecta de manera directa y preocupante a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). Estas empresas, que representan el principal motor del empleo y la economía local, ya operan bajo una fuerte presión fiscal, altos costos operativos y un entorno económico cada vez más desafiante. Imponerles un nuevo incremento, sin considerar su realidad financiera, pone en riesgo su sostenibilidad.

Para muchas MIPYMES, este aumento no es un simple ajuste administrativo. Es un golpe directo a su flujo de caja, a su capacidad de cumplir con sus compromisos y, en muchos casos, a su propia supervivencia. Negocios pequeños como colmados, talleres, salones, restaurantes familiares y comercios de barrio no generan residuos al mismo nivel que las grandes empresas, pero terminan pagando tarifas que no guardan proporción con su impacto real.

El problema se agrava cuando estos incrementos se aplican de forma generalizada, sin diferenciación por tamaño, volumen de residuos o nivel de ingresos. Esta falta de criterio técnico y social castiga al pequeño emprendedor y favorece un sistema regresivo, donde quien menos tiene termina pagando proporcionalmente más. En lugar de incentivar la formalidad, este tipo de medidas empuja a muchos negocios hacia la informalidad o al cierre definitivo.

Además, el impacto no se limita a los empresarios. Cuando las MIPYMES enfrentan mayores costos, estos inevitablemente se trasladan al consumidor final. Es decir, el aumento del impuesto por residuos sólidos termina afectando directamente a la gente: precios más altos, menos empleos y menor dinamismo económico en las comunidades.

Una política pública responsable debe buscar el equilibrio entre sostenibilidad ambiental y justicia económica. Esto implica diseñar esquemas de pago escalonados, proporcionales y transparentes, que tomen en cuenta la realidad de las MIPYMES, promuevan la reducción y el reciclaje de residuos, y no conviertan un servicio esencial en un castigo fiscal.

El país necesita soluciones, no más cargas. Apoyar a las MIPYMES no es un favor, es una necesidad estratégica para el desarrollo económico y social. Revisar este aumento, abrir espacios de diálogo y construir un modelo más justo y racional no solo beneficiará a los pequeños empresarios, sino a toda la sociedad.